La subida del IVA como síntoma

La subida del 21% de IVA en el servicio de comedor es un elemento más en la construcción de un sistema educativo segregador de las familias socialmente menos favorecidas; situando la exclusión como el eje vertebrador del modelo educativo que propone el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La subida del IVA, junto al encarecimiento del servicio de comedor, la eliminación de las políticas socioeducativas, entre ellas las becas de comedor, y los recortes salariales empiezan a excluir a muchas familias del disfrute de servicios básicos muy importante para la educación integral de los niños y los jóvenes.
Aquí se paga por todo. La libertad es la de poder pagarte o no un servicio. La crisis económica es la coartada perfecta para aniquilar los derechos sociales básicos. Cuando hace ya un año en Cataluña los recortes y el encarecimiento del servicio de comedor abrieron la polémica de las fiambreras, parece que nadie pensó que en el fondo del asunto estaban las políticas privatizadores del Gobierno de CIU contra las clases menos favorecidas y a favor del negocio de las empresas de catering más poderosas del sector. Aún así, la Generalitat de Cataluña también impuso un canon para comer en la escuela a las familias que optaban por la fiambrera.
En última caso pagas sí o sí. CIU y PP comparten ideales y agenda, por eso ante la corrupción institucionalizada en CIU, y los manejos de personajes como los Pujol o Durán i Lleida, con sus entornos, el Gobierno de España y la Fiscalía miran para otro lado. El Gobierno de Cataluña levantó la veda y ha sido la vanguardia en los recortes y en la presión social sobre la clase trabajadora que ha servido al PP para tomar nota y afinar la agenda política y económica. Le debe mucho porque le ha indicado el camino a seguir en el desmantelamiento del Estado de Derecho y en la construcción de un Estado de beneficencia. El anteproyecto de Ley de Educación Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) introduce el término “beneficiario” de la educación. La educación deja de ser un derecho para convertirse en un beneficio. La diferencia es sustancialmente importante. Si el Gobierno mantiene el ritmo de recortes económicos, de aplicar medidas antisociales como la subida del IVA al servicio de comedor, y el encarecimiento general del servicio público educativo; de elaborar normativa a favor de la ideología más conservadora de España, la Lomce estará más que aplicada cuándo la mayoría absoluta del PP la apruebe en el Congreso de los Diputados. El voto no es neutro, aunque puede ser independiente. Cuando se votan mayorías absolutas siempre pasa algo, y la experiencia nos dice que nada bueno, porque se rompen los equilibrios y se impone la agenda del más fuerte. Nadie le ha contado a la ciudadanía lo que le va a pasar.

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La escuela pública como garante de la igualdad de oportunidades

El Gobierno andaluz planea modificar la planificación escolar para el próximo curso optimizando los recursos para la escuela pública y moderando la inversión en la escuela privada concertada, retirando conciertos y no aceptando nuevas solicitudes. El plan estará fundamentado en un estudio detallado del mapa escolar que aclare la posibilidad de impulsar la opción de escuela pública frente a la escuela concertada.
La decisión de la Junta de Andalucía de fortalecer al sector público educativo, respetando la opción que para muchas familias supone la escuela privada, es una apuesta valiente por la igualdad de oportunidades para la clase trabajadora y socialmente menos favorecida. No solo avalada por razones económicas y sociales, sino también, políticas.
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) rompe el consenso institucional y político que daba sentido a los conciertos educativos, cambiando las reglas del juego, extendiendo el modelo de la Comunidad de Madrid al resto de España. En situación de crisis generalizada, que está pagando la clase trabajadora, es inadmisible que se cierren centros públicos y se abran centros privados subvencionados con dinero público. Como es inadmisible que no se haya tocado un solo euro a las subvenciones de la Iglesia Católica, y se mantengan miles de catequistas elegidos por la Conferencia Episcopal y pagados por la Hacienda pública para impartir doctrina a lo largo de todo el sistema educativo. El anteproyecto de la Lomce rompe el consenso constitucional establecido en torno a la doble red y a la asignatura de Religión católica: blinda la escuela concertada; prorroga los conciertos hasta seis años, con renovación automática; invade las competencias autonómicas, obligando a los gobiernos a planificar en función de la “demanda social”, independiente de las necesidades familiares; impone por ley los conciertos a los centros que segregan por sexo, en contra de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, e introduce la asignatura de Religión Católica y su alternativa.
El anteproyecto de la Lomce es una propuesta radical, marcada por la agenda política y religiosa más extrema. Roto el equilibrio por una parte, roto por todas las partes. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está apostando por el sentido social que debe fundamentar la educación, enseñar al que no sabe y enseñar al que menos sabe, que en muchos casos son los que menos tienen y más castigados están por los recortes del Gobierno de España. Son muchas las familias que no pueden optar libremente por un centro de calidad, si la Administración educativa no les oferta una plaza pública. Con la revisión del mapa escolar, el Gobierno andaluz está haciendo efectiva la igualdad de oportunidades que no tiene que ver con la cuenta corriente de cada uno, sino con los derechos universales de las personas.
Es en definitiva una apuesta arriesgada y valiente, cuando se ha planteado una guerra total contra los servicios públicos, independientemente de que estos cubran las necesidades básicas y los derechos fundamentales de la población, principalmente de la más desfavorecida. Como explicaba recientemente Federico Mayor Zaragoza, en una entrevista concedida al diario El País, deberíamos atender menos a la OCDE y volver nuestra mirada hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los retos: negociación y acuerdo

El Ministerio de Educación tiene para 2013 el gran reto de gobernar un sector tan complejo como el de la enseñanza desde la negociación y los acuerdos puntuales. El año ha empezado con el anteproyecto Lomce más cerca de su aprobación pero sin que el Gobierno haya dado señales de acercamiento a la comunidad educativa, desde un principio excluida de la elaboración de contenidos y de la toma de decisiones sobre aquellos temas que le afecta directamente. Una vez más, y en una reforma más, no se consulta a los docentes ni a las familias. Para el Gobierno la educación es un asunto interno del partido que tiene mucho que ver con la agenda ideológica y poco o nada con afrontar los problemas reales que tiene nuestro sistema.
A lo largo del presente año parece que el Ministerio está dispuesto a volver abrir el melón del Estatuto Docente, un tema de gran complejidad que vio luz por última vez en 2007 y que cuadra muy mal con la actitud del Ejecutivo de tratar los temas del sector con el mayor secretismo posible y ausencia de diálogo. Un año nuevo difícil en el que también viviremos el desarrollo de la nueva Ley de Universidades. En el que la conflictividad en el sector público, con la enseñanza a la cabeza, aumentará sustancialmente si nos atenemos a las agendas de los sindicatos y asociaciones de padres, madres y alumnos.
La situación de partida no es propicia para la negociación. La única decisión que hasta ahora ha tomado el Gobierno de España respecto al sector de la enseñanza ha sido recortar. Esta medida ha provocado un deterioro visible de la enseñanza pública: peor servicio y más caro para las familias, con la aniquilación de las políticas socioeducativas, y peores condiciones laborales, sociales y profesionales para los docentes. La austeridad que siempre es recomendable, no tiene nada que ver con los recortes sociales ni con los servicios de mala calidad. En último caso la libertad de enseñanza no puede depender de la cuenta corriente, porque convierte la igualdad de oportunidades en un producto de consumo, solo permitido para una clase social.
Podríamos estar de acuerdo con los argumentos del Gobierno para realizar los cambios necesarios que mejoren el sistema educativo español, pero no podemos estar de acuerdo con las medidas adoptadas, recogidas en la Lomce, que van en la dirección opuesta a las recomendadas por la mayoría de los estudios, investigaciones y evaluaciones de las Ciencias Sociales. Como no podemos estar de acuerdo con las formas de gobernar un sector tan complejo como el de la educación que demuestra este Ejecutivo.
El Gobierno no es el del Partido Popular sino el de todos y todas los españoles que le han votado y los que no le han votado. El buen gobierno de la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más justa y feliz, no a una sociedad cada vez más crispada y polarizada. El diálogo es la pieza esencial y la negociación el gran reto ante el reto político e intelectual de precisar los temas más importantes para la vida en común. Pero el Gobierno no se da por aludido. Habrá que animar a la comunidad educativa a que siga su camino, aunque sea paralelo.

La zona única. Contra la igualdad de oportunidades

Madrid será zona única de escolarización para más de un millón de alumnos. El Gobierno del PP en la Comunidad ha eliminado del baremo la cercanía para permitir la “libre elección de centro” de las familias. Esta medida no se entiende si no es como una más del paquete pensado para fomentar una competitividad insana entre los centros de las dos redes, según marcan las insolidarias leyes del actual mercado que tanto daño está haciendo a la justicia social y a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
La evaluación como herramienta de selección e instrumento para premiar y castigar a los centros por sus resultados; la publicación de rankings; el ideal de dar más al que más tiene; las políticas privatizadoras de los recursos del sector público; la creación de un instituto de Bachillerato para élites y otras medidas que junto a la zona única van conformando un sistema educativo insolidario, extremadamente competitivo, con un gran desequilibrio entre las dos redes. Solo hay libertad de elección cuando hay igualdad de oportunidades. En la Comunidad de Madrid la libertad de elección es para quien se la puede pagar. Se está configurando un sistema donde sobrevivirán, no los mejores talentos, sino los que tengan una mejor situación de partida económica, social y cultural. El Gobierno madrileño está desarrollando una política educativa para el que más tiene, olvidando que su fin último es promover una educación de calidad para todas y todos los madrileños.
Creemos que la zona única es una medida contra la igualdad de oportunidades. Contra una parte importante de la ciudadanía madrileña. Es parcial, sectaria e insolidaria, producto del desprecio hacia las capas de la población más desfavorecidas; del interés preferente del Gobierno madrileño por los intereses de sus correligionarios económicos y el menosprecio de lo público. La educación madrileña se ha convertido en una historia de tanteos, ocurrencias y propaganda política fraguada en la agenda ideológica más dura de la derecha española. Desde hace ya algunos años, las propuestas educativas del PP madrileño contradicen el código del buen gobierno y la ética del servicio público. Esto es lo que nos queda a falta de estudios rigurosos que avalen las propuestas del Gobierno regional, y de diálogo y negociación con la comunidad educativa.
La zonificación escolar no es un problema que la comunidad educativa exija resolver de inmediato. La sociedad no la ha pedido mayoritariamente. La Comunidad de Madrid tiene otros problemas más graves. El descenso en la inversión, Madrid consolida su puesto de cola entre las comunidades que menos invierten por alumno, que peores condiciones laborales y profesionales tiene para sus docentes, que menos plazas públicas oferta, que más ha hecho por erradicar las políticas socioeducativas que tan importantes son para mantener la equidad y la igualdad de oportunidades.
Madrid tiene el sistema educativo más descohesionado y desequilibrado de España. Los índices de fracaso y abandono escolar desangran algunas zonas de la Comunidad ante la pasividad del Gobierno.
La calidad de la educación pública madrileña se sostiene por el activismo de muchos docentes, familias y alumnos que desarrollan una valiosa actuación compensadora, con pocos recursos, teniendo en cuenta que la escuela pública tiene que recoger una mayor proporción de alumnado con dificultades.
El debate sobre la zona única responde una vez más al deseo de desviar la atención sobre los verdaderos y graves problemas de la educación madrileña y a satisfacer los intereses de determinadas élites económicas y sociales.

Educación para la Ciudadanía

La educación de ciudadanos y ciudadanas es el gran objetivo de la escuela pública. Los actuales intentos de organizar la educación según las reglas del mercado y del beneficio económico para que las personas adquieran conocimientos y destrezas que les permitan sobrevivir y competir en la economía global, abren las puertas hacia un futuro imprevisible y de riesgos que terminaremos pagando todos y todas.
A la educación le corresponden otras funciones. La función social, que posibilita la movilidad y favorece la inclusión de grupos que presentan gran diversidad. La función política, porque es en la escuela pública donde se promueven los valores cívicos y se enseñan los derechos y obligaciones para formar ciudadanos y ciudadanas responsables. La función cultural, que desarrolla la creatividad y el sentido estético. Y la función puramente educativa, por la que la enseñanza y el aprendizaje tienen un papel determinante en la transmisión de saberes de una generación a otra y en la creación de nuevos saberes.
Según el profesor Ying Cheong Cheng, del Instituto de Educación de Hong Kong, “en este mundo globalizado e interdependiente, estas funciones se internacionalizan cada vez más. La educación ha de actuar para eliminar el racismo y el sexismo. Fomentar intereses comunes, promover movimientos a favor de la paz y mejorar el entendimiento internacional”. La educación es el arte de hacer ético al ser humano. Este pensamiento de Hegel nos alerta sobre la necesidad de una educación para la ciudadanía no tanto como asignatura, sino como objetivo de la escuela pública y como compromiso social de futuro.

¿Son compatibles el mercado y la educación?

Quienes critican el sector público sostienen que la escuela necesita el incentivo del mercado y la presión de la competencia para mejorar y renovarse. La expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo formuló de forma sencilla: “¿Si la competencia es buena para las empresa de telefonía, por qué no va a ser buena para la educación?”. La educación es mercado, ¿por qué no convertir las escuelas en empresas?

El último borrador del anteproyecto de la Lomce fundamenta legalmente la idea expresada por Esperanza Aguirre y abre el camino a la competencia entre centros educativos. El mecanismo es sencillo: los centros tendrán más o menos financiación y mejor o peor trato en función de sus resultados académicos, que se harán públicos en un ranking para que las familias puedan elegir.
La mayoría de los expertos ya han afirmado que el mercado genera grandes desigualdades. El sector educativo gobernado por las leyes de mercado significaría desigualdad social, romper la igualdad de oportunidades, descoser la sociedad y excluir a grandes capas de la población del sistema educativo con la consecuente pérdida de talentos. En este tipo de sistema educativo no sobreviven los mejores, sino los mejores dotados social, cultural y económicamente. Según José Gimeno Sacristán, catedrático de la Universidad de Valencia, “en el mercado, el mal producto desaparece, pero en educación se va a depauperar”.

Inglaterra, EEUU y Chile son tres ejemplos de países donde los centros educativos compiten entre ellos y se publican rankings. Después de más de dos décadas de implantación de esta estrategia, los resultados han mejorado muy poco; son sistemas educativos excesivamente polarizados entre los que titulan y continúan los estudios, y los que abandonan sin titular; y no son países de referencia por sus resultados en las evaluaciones internacionales. No hay evidencia de que la competencia entre los centros redunde en una mayor calidad. Nada permite afirmar que esta fórmula funcione.

¿COMPETIR PARA QUÉ?
El último borrador de anteproyecto de la Lomce considera la educación como un elemento clave para la producción y la competitividad. Para el pensamiento neoconservador que gestiona la economía mundial, y del que participa el Gobierno español, la educación es la herramienta perfecta para identificar futuros empleados modélicos. La educación y la institución escolar se convierten en dos pilares muy importantes para el desarrollo económico. Por otra parte, la gestión privada de la educación pública es vista como un apetitoso negocio para muchas empresas; y la Administración pública en manos de un gobierno neoconservador legisla a favor del negocio privado que concibe la educación como un sector aún sin explotar al cien por cien. Se termina confundiendo la política educativa con la política de empleo, y los objetivos del mercado con los objetivos de la educación. Esta coalición entre políticos y empresarios neoconservadores, apoyado doctrinariamente en la Iglesia Católica más fundamentalista, se organiza a expensas de los docentes, las familias y el alumnado, cuyos intereses no cuentan para nada. La educación queda reducida a satisfacer los objetivos económicos.

Ni los mercados ni la ética comercial colocan la igualdad y el bien común por encima del lucro ni el individualismo. El modelo educativo cuya justificación fundamental es la economía, ataca a los derechos universales de la ciudadanía, fomenta el individualismo y acentúa la indiferencia cívica, síntomas lamentables de la degradación que padece gran parte de la sociedad.

Es preciso un análisis diferente al que hace la Lomce y una propuesta alternativa que sitúe el interés común por encima de la competitividad y del estricto plano individual. Una alternativa que insista en la equidad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, que permitiría revalorizar la política y dar vida a las instituciones democráticas.

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