Quienes critican el sector público sostienen que la escuela necesita el incentivo del mercado y la presión de la competencia para mejorar y renovarse. La expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo formuló de forma sencilla: “¿Si la competencia es buena para las empresa de telefonía, por qué no va a ser buena para la educación?”. La educación es mercado, ¿por qué no convertir las escuelas en empresas?

El último borrador del anteproyecto de la Lomce fundamenta legalmente la idea expresada por Esperanza Aguirre y abre el camino a la competencia entre centros educativos. El mecanismo es sencillo: los centros tendrán más o menos financiación y mejor o peor trato en función de sus resultados académicos, que se harán públicos en un ranking para que las familias puedan elegir.
La mayoría de los expertos ya han afirmado que el mercado genera grandes desigualdades. El sector educativo gobernado por las leyes de mercado significaría desigualdad social, romper la igualdad de oportunidades, descoser la sociedad y excluir a grandes capas de la población del sistema educativo con la consecuente pérdida de talentos. En este tipo de sistema educativo no sobreviven los mejores, sino los mejores dotados social, cultural y económicamente. Según José Gimeno Sacristán, catedrático de la Universidad de Valencia, “en el mercado, el mal producto desaparece, pero en educación se va a depauperar”.

Inglaterra, EEUU y Chile son tres ejemplos de países donde los centros educativos compiten entre ellos y se publican rankings. Después de más de dos décadas de implantación de esta estrategia, los resultados han mejorado muy poco; son sistemas educativos excesivamente polarizados entre los que titulan y continúan los estudios, y los que abandonan sin titular; y no son países de referencia por sus resultados en las evaluaciones internacionales. No hay evidencia de que la competencia entre los centros redunde en una mayor calidad. Nada permite afirmar que esta fórmula funcione.

¿COMPETIR PARA QUÉ?
El último borrador de anteproyecto de la Lomce considera la educación como un elemento clave para la producción y la competitividad. Para el pensamiento neoconservador que gestiona la economía mundial, y del que participa el Gobierno español, la educación es la herramienta perfecta para identificar futuros empleados modélicos. La educación y la institución escolar se convierten en dos pilares muy importantes para el desarrollo económico. Por otra parte, la gestión privada de la educación pública es vista como un apetitoso negocio para muchas empresas; y la Administración pública en manos de un gobierno neoconservador legisla a favor del negocio privado que concibe la educación como un sector aún sin explotar al cien por cien. Se termina confundiendo la política educativa con la política de empleo, y los objetivos del mercado con los objetivos de la educación. Esta coalición entre políticos y empresarios neoconservadores, apoyado doctrinariamente en la Iglesia Católica más fundamentalista, se organiza a expensas de los docentes, las familias y el alumnado, cuyos intereses no cuentan para nada. La educación queda reducida a satisfacer los objetivos económicos.

Ni los mercados ni la ética comercial colocan la igualdad y el bien común por encima del lucro ni el individualismo. El modelo educativo cuya justificación fundamental es la economía, ataca a los derechos universales de la ciudadanía, fomenta el individualismo y acentúa la indiferencia cívica, síntomas lamentables de la degradación que padece gran parte de la sociedad.

Es preciso un análisis diferente al que hace la Lomce y una propuesta alternativa que sitúe el interés común por encima de la competitividad y del estricto plano individual. Una alternativa que insista en la equidad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, que permitiría revalorizar la política y dar vida a las instituciones democráticas.