Con el inicio de curso, empiezan los conflictos.

La incertidumbre que genera la precipitada implantación  de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) convierte el inicio del nuevo curso escolar en un foco de tensiones. El sistema educativo español vive instalado en el conflicto desde que hace cuatro años el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid incendió el sector con las instrucciones de inicio de curso en esa comunidad y los duros ataques contra el colectivo de los profesionales de la educación. Valencia, Cataluña y Murcia no se quedaron atrás en ese momento. El conflicto se extendió rápidamente  al resto de España debido al empeño del gobierno del PP de hacer una reforma que nadie, ni los suyos, había demandado pero que contentaba a los sectores más conservadores de la sociedad española, intereses económicos incluidos, y al clero nacionacatólico representado en la persona y en la doctrina del cardenal Rouco Varela.

No me cansaré de decir ni de escribir que esta nueva ley de educación, Lomce, promovida por el gobierno del PP es innecesaria e injusta. Una ley que hubiera firmado en cualquier otro tiempo pasado la derecha española clerical y reaccionaria. Es la ley de la derecha española de siempre. la Lomce es un ataque abierto y directo a la educación pública y al derecho a la educación de las personas.

La Lomce esta en vigor desde final del año 2013. pero es en el curso que se inicia la semana que viene cuando empieza a ejecutarse en la totalidad del sistema. En Educación Primaria se implanta en primero, tercero y quinto curso, y en los institutos se comenzará a ofertar la Formación Profesional Básica (FPB).  Las Comunidades Autónomas están siendo obligadas a meterse en un jardín del que saldrán a duras penas. Desde final de 2013 al inicio de curso 2014-2015 los gobiernos autonómicos han dispuesto de un periodo de  adaptación de nueve meses, hay que recordar que con la Ley Orgánica de Educación (LOE) fueron 16 meses. De ahí las protestas y en algunos casos los recursos ante los tribunales de justicia de comunidades autónomas como El País Vasco, Canarias, Asturias, Andalucía o Cataluña. Estas dos últimas comunidades pedían la suspensión cautelar de los decretos de Primaria y FPB, denegada por el Tribunal Supremo.

Todo sucede atropelladamente. La implantación en Primaria de un curriculo con un contenido y un diseño que nos traslada a la etapa anterior a la Ley General de Educación de 1970 (LGE).  La creación de una FPB sobre la que expertos nacionales e internacionales ya han advertido que es una vía muerta; un itinerario permeado por el perfil social y académico del estudiante y cuya incorporación a la actual organización de los institutos ya es compleja y costosa, no olvidemos que esta FPB esta anclada en la enseñanza obligatoria.

No menos delicada es la financiación de la  Lomce. Por una parte, con esta nueva ley el gobierno del PP convierte en estructurales los numerosos recortes que ha llevado acabo contra la educación pública. Por otra parte, existe el compromiso  del obediente gobierno de España con la Unión Europea (UE) de rebajar la inversión del PIB en educación hasta el 3,5% para el 2016. Esto significa la exclusión masiva de estudiantes, recortes abusivos de platillas, recortes en la inversiones para nuevas infraestructuras y mantenimiento de centros, y caída en picado de la cuantía y del número de las becas y ayudas.

El 30 de junio pasado el ministro de Educación presentaba al Consejo Sectorial el plan de financiación de la Lomce. Anunciado sólo dos meses antes del inicio del nuevo curso depende en gran medida del dinero del Fondo Social Europeo (FSE). Además como ha escrito Vicente Alvarez Areces, portavoz de educación del Grupo Socialista del Senado, “se suscitan grandes dudas sobre si los préstamos iniciales que el Gobierno de España otorgará a las Comunidades Autónomas van a computar o no en el endeudamiento de cada una de ellas y en el déficit autorizado”.  El gobierno ha cifrado en 964 millones de euros el periodo de implantación entre 2014 y 2017;  350 millones van a cargo del propio gobierno y 614 millones del FSE.  Según me he podio informar no se puede cargar dinero del FSE  a gastos estructurales del sistema educativo. La UE podría rechazar muchas facturas como no justificables, con unas consecuencias muy negativas para el gasto de las Comunidades Autónomas.

La Lomce es un desatino que va a empeorar aún más los puntos negros del sistema educativo español y que le va a crea a los gobiernos autonómicos serios problemas organizativos y económicos en su implantación.  Fraguada en el más absoluto rechazo parlamentario y social, la nueva ley demuestra la incapacidad del gobierno para negociar y acordar con la comunidad educativo  un marco legislativo que modernice e impulse aquellos elementos del sistema educativo que necesitan ser reformado y que conserve aquellos otros que han funcionado y ha dotado de estabilidad y cierto prestigio al sistema educativo español. Iniciado el curso, se inicia el conflicto

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