El currículo como problema

La dispersión de contenidos, cuya foto fija es la frase “tenemos 17 sistemas educativos diferentes”, es un mito manejado y difundido, abusivamente, por los sectores más conservadores de la sociedad, de los medios de comunicación y de la política española. Los buenos resultados que presentan una mayoría amplia de las comunidades autónomas desmienten la teoría de que el sistema educativo español es malo y atrasado. Los resultados presentados recientemente por la OCDE correspondientes a los últimos tres años nos muestran que el sistema educativo español ha progresado adecuadamente.

En un mundo globalizado apostar por una mayor concentración y centralización de los contenidos es apostar por la uniformidad, la rigidez y la burocracia frente a la flexibilidad, la autonomía y la libertad de enseñanza. Es una respuesta equivocada provocada por la agenda ideológica.

El Gobierno reduce la reflexión sobre el currículo (los contenidos) a un asunto burocrático con marcado carácter político, que para nada responde a las necesidades de formación de los niños y los jóvenes. Su actitud intervencionista imponiendo entre el 65% y el 75% del currículo a las comunidades autónomas no responde a las preguntas que verdaderamente interesan a una mayoría de la sociedad: ¿qué currículo necesitamos? ¿Quiénes deciden el currículo? ¿Cuál es el procedimiento para su mejor implantación y desarrollo?

El currículo sigue siendo un problema sin resolver. No es cuánto más currículo impongo, sino cómo lo dinamizó y lo adapto a las exigencias y necesidades futuras de las nuevas generaciones. Hay que reformar la estructura del currículo. Introducir metodologías activas de trabajo con el alumnado y entre los docentes. Otorgar un papel diferente a la evaluación del que recoge el Gobierno en el anteproyecto de ley orgánica. Y organizar el currículo por áreas de conocimiento. Que la interdisciplinariedad y el aprendizaje cooperativo sean las bases para la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y valores.

La jerarquía en los contenidos curriculares que plantea el Gobierno en el anteproyecto de ley corresponde a una idea de la era industrial sobre aquellas asignaturas, unas pocas, que se consideran necesarias para triunfar en la vida laboral y en la economía. Las llamadas materias instrumentales (lengua y matemática) están relacionadas con el conocimiento “útil” y “objetivo”. Con la formación de obreros y consumidores. Minimizar la presencia de otras importantes áreas del conocimiento no hace sino empobrecer la educación y la cultura de los jóvenes, que seguirán recibiendo las mismas enseñanzas que sus padres y sus abuelos.

Lo más bonito de la educación está en la experiencia. En la búsqueda de respuesta. La propuesta curricular del Gobierno, rígida y de poco alcance, sacrifica la magia de los procesos de aprendizaje en aras de los resultados academicistas. Muchos talentos se quedarán por el camino.

No es la reforma que necesitamos

Desconocemos si el borrador de anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aprobado por el Consejo de Ministros el viernes pasado es un esquema o es un texto articulado. El Ministerio de Educación aún no ha presentado el documento públicamente. Entendemos, por el texto que circula extraoficialmente, que las reformas propuestas no resuelven los problemas que tiene el sistema educativo español. Se aleja del futuro y recupera iniciativas de la peor escuela del pasado. Intervencionismo estatal, dirigismo político y más burocracia marcan un anteproyecto de ley que nos propone un sistema más rígido, con menos autonomía y menos libertad de enseñanza. Del mismo destacamos la centralización de la enseñanza, con la potestad del Gobierno para decidir sobre el 75% del currículo; la implantación de una Formación Profesional temprana en la enseñanza obligatoria, que nos recuerda aquella fracasada FP1; la posibilidad de concertar centros que segregan por sexo al amparo de la ley; la movilidad forzosa del profesorado o la elección del director por parte de la Administración educativa. Es un texto que puede tener elementos de inconstitucionalidad y que además platea importantes problemas prácticos en su aplicación y desarrollo, incluido el coste económico. ¿Cuánto cuesta externalizar, al menos, tres pruebas censales de final de etapa para todos los alumnos y alumnas?

Se confirma la segregación temprana de alumnos, “lo que esta ley garantiza no es una mejora de los resultados académicos del conjunto de los alumnos sino la segregación temprana de los que tienen dificultades” (El País, editorial 22/09/2012). Es un duro golpe a la equidad social y a la igualdad de oportunidades. Las familias también salen perjudicadas, ya que la nueva ley las aleja del centro, aún más de lo que están ahora.

El PP cae una y otra vez en la misma trampa, aun teniendo personas cualificadas en el campo de la educación, haciendo una ley sin análisis previo de situación, sin manejar las conclusiones de investigaciones de las Ciencias Sociales que arrojen luz sobre las necesidades reales, sin una lectura rigurosa de los datos que se desprenden de los informes de evaluación y valoración internacionales; sin memoria económica, sin debate con la comunidad educativa y, en consecuencia, sin negociación ni consenso. Todas las leyes de educación, desde la Ley General (1970) tuvieron su libro blanco. Y algunas incluso memoria económica. ¿Se puede hacer una reforma de este calado a “coste cero”?

En España más que reformas se suceden contrarreformas que erradican del sistema educativo cualquier herencia recibida, aunque esta haya demostrado su validez. No hay argumentos que sostengan la necesidad de tener permanentemente en obras el sistema educativo español. “Si en España fuésemos capaces de consensuar una ley no necesitaríamos estos golpes de timón con cada gobierno” (Francisco Imbernón).

Libertad contra el intervencionismo

De la reforma que nos van contando por entregas los medios de comunicación está casi todo dicho. Salvo sorpresas de última hora las grandes líneas maestras de la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) están sobre la mesa. Desde el periódico ESCUELA haremos una valoración de aquellos cambios que consideramos más importantes, y si estos aportan algo o no a los problemas que tiene por resolver el sistema educativo español. Y si son los cambios que necesitamos para afrontar los retos de futuro en sociedades tan complejas como las del siglo XXI.

Nos ha llamado la atención el nuevo papel que el Gobierno pretende adjudicar a los consejos escolares y a los equipos directivos. Una de las propuestas que podría recoger el futuro proyecto de la LOMCE sería dar la última palabra a la Administración educativa para elegir a los directores. En este caso el peso en la elección recaería sobre las consejerías de Educación, un 60% del criterio de selección; mientras que el criterio de la comunidad educativa no pesaría más del 30%. Se invierte la situación actual. Por otra parte, los consejos escolares quedarían como órganos consultivos.

La propuesta es intervencionista y va en contra de la autonomía de los centros y de la libertad para enseñar y organizarse que desde hace años viene reclamando buena parte de la comunidad educativa. Introduciría la ideología en los nombramientos y el control político de los equipos directivos. Y demuestra muy poca confianza en la mayoría de edad de la comunidad educativa: docentes, familias y alumnos. Además, abre la puerta a la creación de un cuerpo de directores.

El consejo escolar como órgano de decisión y control, no tiene por que ser incompatible con una dirección muy profesional como órgano ejecutivo de gestión y dinamización pedagógica de los centros. Creemos que es la sociedad la que debe ejercer la toma de decisiones, el control, la gestión y la innovación de los centros a través de un marco legal adecuado y de los distintos miembros de la comunidad educativa implicados directamente en la escuela.

Esta propuesta podría suponer maniatar la libertad de enseñanza. El Estado ejercería el control ideológico y político convirtiendo los centros públicos en centros del Estado. La diferencia por ser significativa, es muy importante.

Cuando la norma es saltarse la norma

Muchos madrileños y madrileñas no se han hecho el cuerpo a las formas de gobernar de la expresidenta de la Comunidad, ni a las decisiones que ha tomado. En ocasiones ha bordeado la legalidad, en otras se situaba fuera de ella. Y eso cuando no ha exigido al Gobierno de España cambios legislativo en provecho propio, o llamado a la desobediencia civil contra las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso, incluso las apoyadas por su propio partido. Cualquier estudiante de Ciencias o Sociología que entendiera lo que ocurre en la Comunidad de Madrid obtendría matrícula de honor en la Teoría del Caos.

La penúltima es la exigencia de contratar 28 profesores procedentes de Gran Bretaña e Irlanda para dar clases de Tecnología, Gimnasia y Plástica en la red de institutos bilingües en condiciones más precarias que los docentes funcionarios e interinos, saltándose los requisitos de igualdad, mérito y capacidad a los que están sujetos las personas que pretendan trabajar en un centro público. Esperanza Aguirre ya ha llamado a la “insumisión” contra la legislación actual que no permite este tipo de contrataciones.

Estos docentes contratados podrían desplazar a un docente funcionario o interino. Los sindicatos CCOO y UGT ya han denunciado que llevarán dicha medida a los tribunales. La decisión es tan desproporcionada como ilegal la medida. Lo extraño es que los equipos directivos de la Comunidad de Madrid no se planten ya ante esta falta de rigor y criterio y que la Alta Inspección del Estado no haya denunciado el tema e intervenido de oficio.

Si se ha de cambiar la legislación para que cambie la estructura de los centros, el currículo, la formación de los docentes y la política de personal hágase con criterios razonables y de acuerdo con la comunidad educativa. Lo que no es válido es forzar permanentemente las costuras del actual sistema porque lo único que se consigue es sembrar el caos, el descontento y la frustración entre los docentes.

La contratación de profesorado extranjero en el marco que se pretende es tan irregular como lo fue la creación del instituto para alumnos “excelentes” o la permanencia dentro del sistema educativo de los profesores de Religión Católica cuya figura y contratación se resbala entre los dedos de forma escandalosa.

Por otra parte hay que hacer mención a los graves problemas que la implantación del bilingüismo está acarreando a los centros madrileños. Los centros bilingües requieren, al menos, medidas relacionadas con la organización de los centros, la estructura del currículo y la formación de los docentes. Un giro de 180º que no se ha producido en los centros de la Comunidad.

La Comunidad de Madrid tiene el sistema educativo más judicializado de España. Rota la cultura del consenso que caracterizó la etapa Gallardón, las legislaturas encabezadas por los gobiernos de Esperanza Aguirre han sido un desencuentro tras otro con la gran mayoría de la comunidad educativa. Las 12 huelgas de docentes, familias y alumnos del curso pasado son el síntoma de una enfermedad que empieza a ser endémica en la Comunidad de Madrid, cuando la norma es saltarse la norma y los tribunales sustituyen al diálogo político para resolver los conflictos.

El sexismo no se financiará con dinero público

El Tribunal Supremo en una reciente sentencia ha aclarado que los centros escolares que segregan por sexo no pueden recibir conciertos educativos, dinero público, porque vulnera la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE); aunque no cuestiona la existencia de estos centros ni entra a valorar su proyecto educativo. Circunstancias muy importantes porque reduce el debate a si estos centros, que son una opción minoritaria de familias pudientes, deben ser financiados con el dinero de todos los españoles y las españolas.

Ante la sentencia del Supremo, el ministro de Educación ha defendido con firmeza los conciertos educativos (subvención pública) para los colegios que segregan por sexo, unos 150 colegios e institutos en toda España de los cuales solo 70 están concertados, y ha manifestado públicamente su intención de cambiar la LOE para facilitarles las subvenciones.

En Europa los “liberales” españoles son los que más creen en el Estado como padre benefactor y madre redentora. En España la hacienda pública termina pagando siempre. La escuela que segrega por sexo es una opción legítima reconocida por el ordenamiento jurídico español. ¿Pero toda o cualquier opción legítima debe estar subvencionada por el Estado? ¿Se puede defender la subvención pública, de una opción muy minoritaria, cuando las inversiones en la escuela sostenida con fondos públicos, pública y concertada, han sido sometidas a un durísimo recorte? ¿Cuándo van a comenzar a ejercer muchos de nuestros empresarios del sector de la enseñanza como auténticos empresarios?

La segregación por sexo no es una opción pedagógica, sino ideológica y moral influida por una forma determinada de entender la religiosidad, que sitúa las expectativas vitales de hombres y mujeres en trayectorias distintas, opuestas e irreconciliables. Es una opción muy personal, que aquellas familias que optan por ella deben pagar de su bolsillo, sin pretender hacer cómplices forzosos, y pagadores, de sus creencias a la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.

Más presión para los ciudadanos. Más presión para las aulas

Casi 8 millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional han empezado esta semana el curso 2012-2013 marcado por los duros recortes impuestos desde el Gobierno. Se encarecen todos los servicios y bienes de consumo escolar; y, al mismo tiempo, se recortan severamente las inversiones destinadas a las políticas socioeducativas: comedor, transporte, becas, libros de texto, refuerzos y apoyos para el alumnado más desfavorecido. Una enorme presión económica para el ciudadano.

El aula también sentirá la presión de los recortes. Menos docentes, con más horas de trabajo, con menos salario, en peores condiciones laborales. Más alumnos por aula. La gran mayoría de los directores de los colegios e institutos ya han advertido, públicamente, sobre las grandes dificultades con la que se encuentran para poner a funcionar los centros. No cuadran los horarios, no cuadran los recursos, no cuadra la distribución de alumnos por aula. No cuadran los medios ni la nueva reforma con los objetivos ni con el discurso facilón del Ministerio sobre la importancia de la educación, y sobre todo no cuadra con la preocupación por el abandono o el fracaso escolar.

El incremento de los precios, unido a la desinversión, empieza a convertir la educación en un artículo de lujo para muchas familias que ya tienen grandes dificultades para acceder a la misma.

La política de ajuste, es decir los recortes presupuestarios, suponen un ahorro a corto plazo para el Estado pero unos gastos, casi imposibles de asumir, para la mayoría de los ciudadanos, y un servicio educativo de peor calidad para los niños y los jóvenes.

La propuesta de anteproyecto de ley que el Ministerio presentó en julio –LOMCE– podría estar preparada para iniciar su andadura parlamentaria en octubre. Una decisión inexplicable, si tenemos en cuenta la pobreza del texto, y el calado de los cambios que propone; el hecho de que la comunidad educativa no haya participado, ni mayoritariamente haya pedido esta reforma; y de que nadie conozca qué coste económico y social puede tener su implantación. Algunas de las líneas maestras de esta reforma son la implantación de las reválidas en Primaria, ESO y Bachillerato; la selección temprana del alumnado; la reforma de la EpC, la supresión de las pasarelas; eliminar la posibilidad de que el alumnado pueda obtener el título de la ESO por la vía del PCPI, una solución que expulsará del sistema a miles a jóvenes antes de los 16 años sin titulación ni posibilidad de inserción laboral; convertir los consejos escolares en órganos consultivos e introducir los conciertos para los centros que segregan por sexo, sin olvidar una reforma de la FP con importantes contradicciones. Muchas de estas medidas están consideradas como contraproducentes y antisociales por distintas investigaciones y experiencias prácticas que, desde hace años, se han realizado en las Ciencias Sociales. Además el sistema educativo español ya las experimentó en otros tiempos con notable fracaso.

Es una prioridad nacional disponer de un sistema educativo sólido, con docentes competentes que desarrollen su trabajo con profesionalidad y que esté al servicio de los ciudadanos, de los intereses generales. Lo que no parece una exigencia en los tiempos que corren es convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos, donde se despilfarrará buena y mucha inteligencia, al servicio de la política y la moral de determinados grupos de presión social y religiosa.

Un inicio de curso diferente

El inicio de curso escolar 2012-2013 es distinto a otros cursos escolares pasados. El argumento de la crisis económica marca la política educativa. El Gobierno no ha querido, o no ha sabido, aislar el sistema educativo de los duros recortes ni de las iniciativas fuertemente ideologizadas que pueden transformar de manera radical el trabajo en los centros educativos, después de 30 años de grandes esfuerzos para intentar equipararnos con los países más avanzados de nuestro entorno. El mercado se ha colocado por encima del sistema democrático. Para algunos gobernantes españoles la educación ha dejado de ser un bien básico. La educación está dejando de ser un derecho y, por tanto, un bien público.

Se niega el derecho al conocimiento. Se traza una barrera sobre la escolaridad gratuita, pública y universal. Buena parte de los desarrollos pedagógicos van a quedar en manos del voluntariado, movido por la caridad. A diferencia de la solidaridad, la caridad no cambia nada.

No hay mochilas que estrenar, ni libros nuevos ni material didáctico. No se podrán elegir actividades extraescolares ni complementarias. No hay refuerzos ni desdobles. No hay planes ni medidas de apoyo para el alumnado socialmente más desfavorecido. Se han esfumado las políticas socioeducativas. No hay más docentes que los que quedan. Solo en las secciones dedicadas a uniformes escolares por los grandes centros comerciales se hace notar el inicio de un nuevo curso, como en las grandes firmas de moda, aquí no hay crisis. Se puede decidir y elegir. La libertad de elección de centros y de enseñanza es para quien se la puede pagar. Lo demás será entretener a los niños y los jóvenes en espacios cerrados. ¿Tendremos que solicitar en algún momento los kits escolares que Unicef envía a los países en vías de desarrollo? Algunos expertos en política educativa e inversiones públicas ya han señalado que España ha entrado en una situación de emergencia educativa.

Esta es la coordenada inédita de un inicio de curso original, que en realidad son dos inicios de curso: la educación de calidad es para quien se la puede pagar. Nuestros gobernantes deberían leer menos a Hayek y más a Kant, Humboldt o Rawls.

Estos buscaban personas libres, el primero otra cosa. Quizás consumidores en una democracia vigilada por el mercado.

Los docentes deben cerrar filas y hacer del compromiso político y social los fundamentos de su trabajo. Hoy se requieren grandes dosis de cooperación y de solidaridad; de debate, de análisis, de reflexión y de organización. Enseñar es sobre todo enseñar al que no sabe y enseñar al que menos sabe. No cabe la resignación, sino la resistencia y la reivindicación. Ni los problemas ni los retos son nuevos, pero el conocimiento de la historia, la gran cantidad de estudios que proporcionan las Ciencias Sociales y las nuevas herramientas de comunicación e información, nos permiten acciones nuevas, bien fundamentadas; y soluciones más originales y, sobre todo, más justas.

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