Una reforma sin apoyos

El Ministerio de Educación presentó a las consejerías el miércoles 18 las líneas maestras del nuevo proyecto de reforma del sistema educativo. Un proyecto que nace con el rechazo de los sindicatos del sector y de las organizaciones mayoritarias y más representativas de estudiantes y padres y madres, así como de las Escuelas Católicas. Todas estas organizaciones han manifestado el elevado coste social, académico y económico que va a suponer acometer una reforma como la planteada por el Gobierno. La gran mayoría de la comunidad educativa cree que no es necesaria porque las urgencias y los retos del sistema educativo son otros bien distintos.

La recuperación de las reválidas en Primaria, Secundaria y Bachillerato; la reducción de la optatividad y el aumento de las horas lectivas en las materias instrumentales (Matemáticas, Lengua e idiomas); la implantación de itinerarios en edad temprana; o volver a convertir la FP en el “cajón de sastre” del sistema son medidas pocos significativas cuya efectividad no está avalada por estudios ni investigaciones. No aportan nada en la mejora del sistema educativo y, además, en España es un camino ya andado y cuyos resultados negativos están sobre la mesa. Los asesores y cargos ministeriales deberían tener más conocimiento de la historia y del estado de las investigaciones sociales.

Más reválidas no significa alumnos mejor preparados ni más cualificados. Más tiempo no significa mejor aprendizaje. Más horas lectivas no llevan necesariamente a una enseñanza mejor y no implica mejor rendimiento. Los itinerarios en edad temprana rompen con el significado de la escuela pública, laica e inclusiva: enseñar al que no sabe y enseñar al que menos sabe. ¿Para qué convertir la enseñanza obligatoria en una carrera de obstáculos? ¿Para qué más tiempo en la escuela? ¿Por qué perder a una mayoría de alumnos, algunos brillantes y con talento, que se quedarán en el camino por no tener una segunda opción porque ya estarán condenados de antemano en la primera?

Más allá de las buenas notas, que indican esfuerzo, disciplina y cierto talento para aprender y reproducir aquello que se exige para un examen, la creatividad, la tenacidad, la resistencia al fracaso, la capacidad de innovación y deducción, el diálogo, el contacto con la realidad, la cooperación y la solidaridad a la hora de trabajar y acceder al conocimiento son algunos de los elementos que definen a la persona brillante. Y son aquellas características personales y laborales más demandados por el mercado laboral y por la sociedad. Nada de esto se percibe en la nueva reforma del Gobierno.

Esta reforma entiende la cultura como algo limitado en la era de la globalización. El modelo educativo que propone fomenta una noción limitada de las aptitudes y de cuáles debemos favorecer. Consolida la jerarquía de materias en el currículo. Existen algunas asignaturas que se consideran necesarias para triunfar en la vida laboral y económica, son aquellas que se relacionan con el conocimiento útil y objetivo. Es un proyecto de ley que categoriza a los alumnos. El proyecto de ley del Gobierno es un freno al progreso. No motiva a casi nadie, por eso no contenta a casi nadie.

Es una reforma sin apoyos sociales, sin sentido de la realidad y sin perspectiva de futuro. Hoy un sistema de enseñanza que no capacita a los jóvenes para los retos del futuro es un proyecto que condena a toda la sociedad a no tener futuro.

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Fiambreras y colegios

Las crisis cambian muchas cosas. Te obligan a otro ritmo, otra manera de pensar, otra manera de organizarte. Durante este curso cada vez más familias han preparado en casa el almuerzo de los niños y niñas. Los envases de plásticos o fiambreras se están haciendo presentes en los centros educativos. Tanto es así que el Gobierno de la Generalitat de Cataluyna, las consejerías de Educación y Salud, van a regular las medidas nutricionales, higiénicas y las infraestructuras necesarias para que en los centros  pueda permitirse el uso de comida procedente del hogar familiar. Junto al comedor de toda la vida aparecerá la zona habilitada para los alumnos de fiambreras. Se hace visible la gota de la diferencia entre los que tienen y los que no tienen, que termina agujereando la cohesión social. Es un escenario cargado de significado.

La necesidad se hace urgencia. La consejera Irene Rigau hablaba de este nuevo fenómeno como un hecho incontestable porque muchas familias no ven “interesante los precios de comedor”. La realidad es que con los recortes masivos en las políticas socioeducativas, incluimos a los comedores, a muchas familias españolas se les hace imposible pagar la comida de sus hijos e hijas, entre 150 y 180 euros al mes en el sector público.

Los centros catalanes, como los del resto del país, se enfrentan a una nueva realidad como es el empobrecimiento progresivo de los españoles, debido a las políticas de recortes que los Gobiernos de España y de la Generalitat están aplicando abusivamente contra la ciudadanía, y que empieza a tener sus efectos sobre el sistema educativo. Es imposible que cientos de miles de familias vean “interesante” la oferta de comedor, más económica la fiambrera.

El papel de los sindicatos

Por primera vez en la historia de la reciente democracia un gobierno de España no cuenta con los sindicatos UGT y CCOO, contra los cuales ha desencadenado una persecución política y social con el apoyo de los grupos mediáticos afines a un sector del PP cuyo objetivo es el desprestigio del trabajo sindical y de sus líderes. En el sector de la enseñanza esta persecución ha ido a más en comunidades como la de Madrid, Castilla-La Mancha o Valencia por las movilizaciones que durante todo el curso 2011-2012 han llevado a cabo los sindicatos del sector. En este caso a CCOO y UGT debemos sumar Stes-i, ANPE, CGT y CSI-F, formaciones con las que los docentes han hecho frente a las políticas regresivas y a los recortes en estas regiones. La salida natural de este conflicto ha sido la extensión a toda España, de la mano de las políticas educativas y los recortes a bulto ejecutados por el Ministerio de Educación, de las huelgas, manifestaciones y cientos de acciones puntuales contra estas políticas.

En este momento el sistema educativo español es el más conflictivo y judicializado de la Unión Europea. El ministro Wert, que prometió diálogo, se ha empleado a fondo con el palo, pero sin la zanahoria.

Con este escenario los sindicatos del sector de la enseñanza sólo pueden pedir la retirada del proyecto de ley de educación presentado por el Gobierno, y exigir un diálogo sin condiciones previas entre el Ejecutivo y la comunidad educativa que fije los problemas del sistema educativo y sus soluciones y una ley de financiación que racionalice el gasto priorizando las inversiones.

Las becas, objetivo a batir

 Nos acabamos de enterar de los detalles de la política de becas del Gobierno de España, pero ya conocíamos la que la Comunidad de Madrid puso en práctica hace algunos años y cuyo último peldaño, de momento, ha sido su supresión.

Madrid empezó a desarrollar políticas que ahora pone en práctica el Ministerio de Educación. Todo empezó en época de bonanza y con el voto mayoritario de los madrileños y madrileñas, que, todo hay que decirlo, han visto cómo se han empobrecido, algo que le ha sucedido también a las políticas socioeducativas propias de un Estado de derecho que no es precisamente aquel que promueve el derecho a ser extremadamente pobre o extremadamente rico, como cree el Gobierno de Madrid.

Las políticas socioeducativas se han convertido en un objetivo a batir. Lo hemos visto en Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Baleares, Cataluña. En la Comunidad de Madrid se penaliza la política de becas y se fomentan las políticas fiscales con importantes reducciones y devoluciones a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada sin concierto. Un ejemplo de cuál es el sentido de la política educativa que se desarrolla en Madrid.

No se construye un sistema de enseñanza de calidad con menos, a no ser que este pensado para muchos menos.

Enseñanza para menos y de peor calidad

La futura “Ley de mejora de la Calidad Educativa” (LMCE) no aportará nada a la mejora de la educación en España. No se puede mejorar la educación reduciendo gastos, por mucho que lo defiendan el Ministerio de Educación y determinados sectores de la prensa. La calidad con menos recursos es un invento con un claro sesgo ideológico que se sitúa en el mismo plano político que preconiza el repago sanitario, la eliminación de todas las políticas socioeducativas y las políticas de recortes y austeridad que están arruinando aún más, si cabe, la economía y la cultura española.

La LMCE, ley impronunciable quizás como su contenido, no aporta otra cosa al sistema de enseñanza que un achique de espacio que dejará fuera a una gran mayoría de niños, niñas y jóvenes. Tendrán que darles muchas vueltas de qué manera, que no sea de un tajo, implantarán una ley con principios y fundamentos de la postguerra española en una sociedad cuya dos características más importantes son su capacidad para generar cambios y asimilarlos y la diversidad de sus ciudadanos y ciudadanas. La prueba de ingreso en Primaria, las reválidas en la ESO y en Bachillerato, los exámenes de facultad para el acceso a la universidad apuntan a que el sistema de enseñanza se convierte en una formidable carrera de obstáculos que aparca la formación y se centra en la preparación de exámenes de final de etapa para seguir estudiando. Esto ya lo hemos vivido en España y el resultado fue la urgencia de plasmar en una ley (LGE de 1970) una reforma que nos sacara de un sistema que tenía como banderas la discriminación y el fracaso escolar. También la nueva política de becas apunta en esta dirección. En cuanto a la FP dual que preconiza el ministerio, tiene el inconveniente de que tendría que inventarse otro empresariado, ¿o es que el gobierno está dispuesto a financiar la media de 20.000 euros anuales que cuesta un contrato en práctica? Porque a este empresariado que tenemos promotor de una de las reformas laborales más opresivas de Europa no le vemos por la labor.

La LMCE supone una quiebra al principio de equidad y un ataque frontal al sentido de la obligatoriedad que no es otro que la escuela pública universal para todos y todas hasta los 16 años. Con la nueva ley la enseñanza será para menos y de peor calidad.

Un camino ya andado

La reforma del sistema de enseñanza anunciada por el ministro de Educación es un retorno al pasado anterior a la Ley General de Educación de 1970 impulsada por Villar Palasín. Todo lo propuesto hasta ahora desde el Gobierno en materia educativa apunta en una dirección: la selección del alumnado.

Muchos españoles y españolas recuerdan, como experiencia propia, la prueba de ingreso, la reválida de cuarto y la reválida de sexto. La conveniencia de las pruebas nacionales está siempre presente en el debate público sobre educación. Algunos estudios e investigaciones nos indican, más que su inconveniencia, el enorme trabajo que hay que realizar en relación con su finalidad, objetivos, contenidos, metodología y sobre todo uso y disfrute: para qué queremos evaluar y por qué queremos evaluar. La evaluación no puede servir sino para mejorar la calidad del sistema educativo. No es un instrumento selectivo ni de castigo, sino corrector y orientador. Sobre el por qué y el para qué de la evaluación y de las pruebas de fin de etapa discrepamos totalmente con el Gobierno. Pero también, de los principios que sostienen los fundamentos de la reforma que propone.

Para muchos españoles la enseñanza fue en otro tiempo una formidable carrera de obstáculos. Del conjunto de propuestas presentadas por el Ministerio de Educación destacan las pruebas en 6º de primaria, 4º de la ESO y Bachillerato que nos recuerdan el ingreso y las reválidas. Este tipo de prueba ha desaparecido de la totalidad de los países de la UE y de la OCDE que lideran los sistemas de enseñanza con mejor calidad.

La clave de todo está en un sistema de selección ya desde la finalización de la Primaria. Hay que decir que es incompresible volver a la prueba de ingreso a la ESO si no es como un mecanismo de selección a edad temprana. Escribe Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, que “el sistema dual (refiriéndose a la FP dual) no saldrá adelante, porque para eso hace falta otro empresariado, pero la segregación temprana sí, porque para eso se basta Wert. ¿Y quién será segregado? Adivínelo: la mayoría de los gitanos, una buena porción de inmigrantes y una proporción sustancial de cualesquiera otros”. El artículo lo encontráis en la red Retorno al pasado: vuelve el examen de ingreso.

La propuesta del ministerio está encaminada a separa a los niños y niñas a esa edad. Dice Fernández Enguita que “podemos apostar que no tardarán en llegar los grupos de nivel, las diversificaciones a menos, los itinerarios de iniciación profesional (…) porque esa es la inercia del sistema y lo será más en tiempo de recortes”.

La reforma presentada por el Gobierno de España no aporta nada a la mejora de calidad del sistema de enseñanza ni afronta los retos más importantes que tiene por delante la comunidad educativa en particular y la sociedad en general. Nos devuelve al sistema educativo existente entre la postguerra y la Ley General de Educación de 1970. No aporta ni ayuda en nada al sistema de enseñanza y no son reformas reclamadas por la mayoría de la comunidad educativa. Y achica el espacio para una importante mayoría de los niños y jóvenes. Es una reforma excesivamente marcada por la agenda ideológica más extrema.

El PP nos explica que quiere resolver los problemas del desarrollo de la LOGSE. Aquí, una vez más, suscribimos las palabras de Fernández Enguita cuando dice que “en realidad quería decir los de la LGE (Ley General de Educación de 1970). El Gobierno inicia un camino de fracaso, ya andado, en una sociedad que nada tiene que ver con aquella que sufría un sistema discriminatorio y selectivo como el de las décadas posteriores a la postguerra. Es imposible afrontar el futuro con las mimbres de un pasado que para la gran mayoría de los españoles fue de oscuridad, pobreza y miseria.

Terminamos como empezamos

El curso 2011-2012 termina como empezó, con el conflicto y la incertidumbre como banderas. Todo ha ido a más. Si una orden en el inicio de curso 2011-2012, unida a las malas formas con que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tratado a los docentes, insulto, mentiras y verdades a medias incluidos, incendió la enseñanza madrileña provocando más de 12 huelgas, movilizaciones y cientos de acciones concretas contra la política educativa del Gobierno regional y los ataques constantes a la dignidad personal y profesional de los docentes, la llegada al Ministerio de José Ignacio Wert no ha hecho sino extender el conflicto iniciado en la comunidad madrileña a toda España. Las mismas políticas con las mismas formas. Un error del Gobierno del Partido Popular que, sin embargo, tiene a mano políticos y expertos de talla como para haber evitado desde el principio un conflicto generalizado que ha supuesto la salida natural a un conflicto regional. Terminamos el curso como lo empezamos.

En unos momentos tan difíciles para España, al Gobierno le ha faltado un plan innovador para afrontar los retos pendientes del sistema educativo y una ley de financiación para preservar la educación, en todas sus etapas, y la investigación de futuros vaivenes políticos y económicos. Los recortes a bulto y la agenda política más extrema, han marcado las acciones del Ministerio.

La ausencia de diálogo con la comunidad educativa ha sido otro de los motores del conflicto educativo. Desde el periódico ESCUELA hemos reclamado reiteradamente el diálogo ante el reto que supone centrar los temas más relevantes para la vida en común, y la educación lo es, por encima de las creencias más habituales y de los prejuicios ideológicos y políticos. El Ministerio de Educación ha dinamitado los puentes con la comunidad educativa y ha incendiado los posibles escenarios para el encuentro y el diálogo, como si la mayoría absoluta fuera un cheque en blanco para ir contra el esfuerzo por conseguir un sistema educativo público y de calidad que han hecho, y siguen haciendo, miles de docentes, expertos y cargos públicos en las comunidades autónomas. Terminamos como empezamos, a malas.

Ninguna etapa educativa se ha librado de la marea negra. Desde Educación Infantil hasta la Universidad. Científicos e investigadores. Desde finales de los 70 y mediados de los 80 no se habían producido movilizaciones tan importantes en el sector de la enseñanza. Organizaciones sindicales y sociales; docentes, familias, alumnos y alumnas, por encima de las ideas y las opciones políticas, expresaron el 22 de mayo, mediante una huelga en todos los sectores de la enseñanza y una posterior manifestación masiva, su desacuerdo y su repulsa contra las políticas educativas y las formas en el trato del Gobierno. Sin olvidarnos del plante que la totalidad de los rectores españoles le hicieron al ministro de Educación. Todos los sindicatos del sector público anunciaron, en una posterior rueda de prensa, que el conflicto no terminaba con el curso.

El ministro de Educación cree que sobran 20.000 docentes en España y que aún se puede recortar más en el sector. Nosotros creemos que se equivoca en su discurso y en sus apreciaciones. No ha aportado otra cosa que conflicto a un sector complejo y de difíciles equilibrios. La prueba es que terminamos como empezamos.

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