El Ministerio de Educación tiene para 2013 el gran reto de gobernar un sector tan complejo como el de la enseñanza desde la negociación y los acuerdos puntuales. El año ha empezado con el anteproyecto Lomce más cerca de su aprobación pero sin que el Gobierno haya dado señales de acercamiento a la comunidad educativa, desde un principio excluida de la elaboración de contenidos y de la toma de decisiones sobre aquellos temas que le afecta directamente. Una vez más, y en una reforma más, no se consulta a los docentes ni a las familias. Para el Gobierno la educación es un asunto interno del partido que tiene mucho que ver con la agenda ideológica y poco o nada con afrontar los problemas reales que tiene nuestro sistema.
A lo largo del presente año parece que el Ministerio está dispuesto a volver abrir el melón del Estatuto Docente, un tema de gran complejidad que vio luz por última vez en 2007 y que cuadra muy mal con la actitud del Ejecutivo de tratar los temas del sector con el mayor secretismo posible y ausencia de diálogo. Un año nuevo difícil en el que también viviremos el desarrollo de la nueva Ley de Universidades. En el que la conflictividad en el sector público, con la enseñanza a la cabeza, aumentará sustancialmente si nos atenemos a las agendas de los sindicatos y asociaciones de padres, madres y alumnos.
La situación de partida no es propicia para la negociación. La única decisión que hasta ahora ha tomado el Gobierno de España respecto al sector de la enseñanza ha sido recortar. Esta medida ha provocado un deterioro visible de la enseñanza pública: peor servicio y más caro para las familias, con la aniquilación de las políticas socioeducativas, y peores condiciones laborales, sociales y profesionales para los docentes. La austeridad que siempre es recomendable, no tiene nada que ver con los recortes sociales ni con los servicios de mala calidad. En último caso la libertad de enseñanza no puede depender de la cuenta corriente, porque convierte la igualdad de oportunidades en un producto de consumo, solo permitido para una clase social.
Podríamos estar de acuerdo con los argumentos del Gobierno para realizar los cambios necesarios que mejoren el sistema educativo español, pero no podemos estar de acuerdo con las medidas adoptadas, recogidas en la Lomce, que van en la dirección opuesta a las recomendadas por la mayoría de los estudios, investigaciones y evaluaciones de las Ciencias Sociales. Como no podemos estar de acuerdo con las formas de gobernar un sector tan complejo como el de la educación que demuestra este Ejecutivo.
El Gobierno no es el del Partido Popular sino el de todos y todas los españoles que le han votado y los que no le han votado. El buen gobierno de la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más justa y feliz, no a una sociedad cada vez más crispada y polarizada. El diálogo es la pieza esencial y la negociación el gran reto ante el reto político e intelectual de precisar los temas más importantes para la vida en común. Pero el Gobierno no se da por aludido. Habrá que animar a la comunidad educativa a que siga su camino, aunque sea paralelo.