Es una cuestión de principios, no de números

La Junta de Andalucía retira el concierto a los colegios que segregan por sexo. Ya ha notificado a los 12 centros que segregan que se les niega la renovación del concierto educativo. Tanto la Ley Orgánica de Educación (LOE) en vigor, como la última sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto avalan la decisión del Gobierno andaluz.
No existe ninguna investigación ni consenso científico en torno a las bondades pedagógicas que supuestamente se derivan de la segregación escolar de niños y niñas. “La revista “Science” publicó a finales de 2011 el artículo “La seudociencia de la escolarización por sexos”, en el que se señalaban –como también ha hecho la OCDE- la inconsistencia de los trabajos que muestran mejoras académicas en las escuelas separadas”. (“El País” 13/02/2013). No hay motivos pedagógicos.
La elección de una escuela segregada es una decisión muy personal fundamentada en unas creencias y una moral religiosas integristas, que cada cual debe pagar de su bolsillo. Pretender que la gran mayoría de la sociedad pague a través de la hacienda pública la escolarización altamente ideologizada de una minoría es una inmoralidad y un acto de autoritarismo. El anteproyecto de la LOMCE planea blindar los conciertos para los centros que segregan por sexo. Para el reaccionario Gobierno de España y para el torpe ministro de Educación no es un problema de números, en España son pocos los centros que segregan por sexo y están concertados, es una cuestión de principios que atañe a la agenda ideológica del sector más reaccionario de la Iglesia Católica española.
Separar a los niños de las niñas es impedir que convivan, se entremezclen y alteren los roles asignados, según el sexo, por los gobernantes políticos y religiosos más reaccionarios. Cada cual a lo suyo. La Comunidad de Madrid, emblema y referente de las políticas educativas más conservadoras subvenciona una oferta de Formación Profesional diferenciada por sexos que imparten cinco centros que segregan por sexo. La mayoría de estos centros pertenecen a sextas religiosas extremadamente conservadoras como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo.
Hombres y mujeres deben educarse juntos desde los primeros años. La coeducación tiene que ver con la igualdad y con la justicia social. Con la Declaración de los Derechos Universales. Con la Democracia. Con la educación de ciudadanos y ciudadanas responsables y solidarios.
La Junta de Andalucía ha obrado de ley y por derecho, asumiendo una responsabilidad ética contra la tiranía de las minorías que pretenden imponernos, mediante el pago a coste, creencias religiosas y actitudes sociales. Esto es una cuestión de principios, no de números.

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Las políticas de baja intensidad

Mientras que el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) sigue su camino con la oposición de todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados excepto el PP; de la comunidad educativa en su totalidad, incluidos los sindicatos del sector, que por primera vez se manifiestan de forma unánime y contundente contra un anteproyecto de ley; y el escepticismo más rotundo de las consejerías de educación de los diferentes gobiernos autonómicos, incluidas las del Partido Popular, el Gobierno se afana en aplicar unas políticas de baja intensidad que van desbrozando el camino al anteproyecto LOMCE: recortes presupuestarios, medidas contar el funcionariado, recortes de los derechos sociales de los más desfavorecidos, subida en el precio del servicio y un decreto represivo para modificar los derechos y obligaciones de los estudiantes. La posición del PP es alarmante. La LOCE, diseñada por el segundo gobierno de Aznar, no se llegó a desarrollar porque sencillamente era inaplicable en algunos ámbitos y en muchos aspectos. Habiendo tomado nota de esto, el Gobierno del PP, esta vez sí, está dispuesto a aplicar su ley, incluso antes de aprobarla en el Congreso, con medidas de baja intensidad.
Habiendo castigado con dureza a los docentes con recortes salariales y medidas para eliminar derechos sociales y profesionales a través de una dura batería de iniciativas contra el funcionariado, además de amenazar con un Estatuto Docente burocrático y piramidal, ahora la intención es atar corto a los estudiantes, especialmente a los alumnos y alumnas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), que son los que se movilizan y llenan las calles de las ciudades para protestar contra los recortes que pesan sobre la escuela pública, y contra el anteproyecto LOMCE.
Nadie da puntadas sin hilo. El Gobierno del Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para que se “establezca un procedimiento efectivo que apoye la autoridad del profesorado”. La enseñanza pública española es uno de los sectores más castigados por la política de recortes del gobierno del PP. Por una parte, el Gobierno se deshace en discursos llenos de cursilerías sobre la “necesaria autoridad de los docentes” y su abnegado trabajo; por otra, los maltrata con bajadas salariales y los insulta públicamente si es que se manifiestan contra el acoso y derribo de la profesión (declaraciones de Esperanza Aguirre, Gomendio, Wert, etc.). Al final, pobres pero docentes.
Según los datos del último informe del Observatorio de la Convivencia Escolar (2010), el clima en los centros era bueno. Así lo afirmaban el 80% de los docentes y el 70% del alumnado. La gran mayoría de las comunidades autónomas han regulado normas de convivencia en los centros y además tienen organismo de seguimiento y análisis. ¿Para qué regular los derechos y obligaciones de los alumnos y alumnas? Con la pincelada de brocha gorda que caracteriza a todas las iniciativas del Ministerio de Educación, esta proposición no de ley no es sino otra medida más encaminada a desmovilizar a unos jóvenes que ven cómo les roban el futuro. Una iniciativa para sacarlos de la calle, para reducirlos a un presente en permanente minoría de edad.
Esta vez sí. Esta vez la LOMCE estará en desarrollo cuando la apruebe el Congreso. Han descubierto la utilidad de las políticas de baja intensidad. Popularmente los “pellizcos de monjas”, que no te matan pero duelen y te dejan señalado.

Rossell nunca leyó a Benedetti

El discurso de Juan Rossel tensa las políticas de recortes del PP. Siempre pide más. Para el presidente de la CEOE, el fundamento de la competitividad no es más inversión en formación e investigación, sino más explotación: sueldos bajos y trabajos precarios sin derechos sociales algunos y despido libre sin coste para el empresario. Total para terminar como Díaz Ferrán, robando.
Los jóvenes españoles encabezan en la Unión Europea (UE) las listas del abandono escolar temprano y del paro juvenil. También la de los trabajos más precarios, los sueldos más miserables y la de menos cobertura social. La mayoría de los jóvenes empiezan a quedar fuera de la protección social, a su suerte, dependientes de la beneficencia. Lo más grave de todo es la apatía del gobierno. Su falta de reacción. ¡Ni un plan de choque!
Las políticas del gobierno del Partido Popular, con el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), están marginado a los protagonistas del cambio, los jóvenes. “Al condenarlos a una vida sin futuro le hemos amputado también de todas las instancias naturales de la renovación social”, señaló Fernando Vallespin en un artículo titulado “¡Parados!” publicado en El País el 1 de febrero pasado. Un 73% de los jóvenes consideran que acabarán teniendo a lo largo de su vida una situación económica peor que la de sus padres. Muchos jóvenes enfocan el futuro mirando al pasado. Durante las manifestaciones estudiantiles en Francia (2011), una joven alzaba el cartel en el que se leía “¡Queremos vivir como nuestros padres!”. El estado de opinión, unido a los datos y al fin último de la protesta, crea un panorama alarmante, en una sociedad que se desangraba por la peor herida, una juventud totalmente hipotecada.
¿Cómo van a mirar al futuro si las políticas del gobierno les ha achicado el espacio de una manera brutal? O les ha abierto las puertas a la emigración, o les ofrece como modelo económico Eurovegas, y como vida salarial saltar de un minijob a otro.
Volvemos a los jóvenes desconfiados, insolidarios y desalmados. Una generación marcada que observa cómo los mismos que les someten a una vida indigna y llena de penurias se enriquecen de forma corrupta, amparados por leyes que protegen la corrupción. ¡Todo un espectáculo!
¡Que los jóvenes se indignen! ¡Que pierdan el miedo a la acción! ¡Que entiendan que van a por ellos y ellas! ¡Que se organicen en movimientos sociales de amplio espectro y que exijan y reivindiquen, no vivir como sus padres, sino un futuro mejor en un contexto diferente! ¡Que la frustración se convierta en rabia y ésta en indignación para pasar a la acción directa! ¡Que la juventud entienda que el voto no es neutro, que cuando se vota siempre pasa algo! ¡Que la democracia formal es cavidad hueca sin la participación ciudadano! ¡Que aprendan a ser ciudadanos libres, solidarios y críticos a pesar de la pesadilla de Wert! ¡Que se organicen para tirar al pilón a tipos como Wert y Rossell, porque les están robando el futuro y encima no tienen el pudor de ocultar sus intenciones!
Escribió Mario Benedetti: “Acá hay tres clases de gente, la que se mata trabajando, la que debería trabajar y la que tendría que matarse”. Querido Mario, también están los que nunca te han leído, un cuarto tipo de gente peligrosa y atravesada cuando habla y cuando actuan.

Ruido de sable en la Conferencia Sectorial de Educación

La Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 7 de febrero reunió a los/as consejeros/as autonómicos del sector con el equipo ministerial. Quizás lo más destacado del encuentro fue el ruido de sable que provoca el gobierno cuando, sin argumentos suficientes, pretende imponer el anteproyecto LOMCE y una memoria económica que incomoda incluso a los propios consejeros del partido gobernante, el PP.

 A nadie de la Conferencia Sectorial se le escapa que el anteproyecto LOMCE es una ley con pies de barro que, desde el primer día, entró en una vía muerta que no lleva a ninguna parte. Los problemas no son pocos ni pequeños. Las comunidades autónomas se encuentran ante los muchos dilemas que les ha provocado una reforma sin sentido pedagógico, pero marcada por la agenda ideológica del sector más conservador del PP. ¿Cómo encaja esta reforma en el objetivo de la Unión Europea de reducir el abandono escolar hasta un 10%? ¿Qué efectos va a producir la reforma de la estructura del  sistema educativo en la calidad de la educación? ¿Qué incidencia tendrá en la profesión docente y en las expectativas de futuro para los/as niños/as y los/as jóvenes? ¿Quién paga esta reforma que va a invertir el grueso de la partida presupuestaria en reorganizar la ESO; implantar una FP Básica, como puerta para la exclusión del sistema de miles de jóvenes y pagar cantidades millonaria a empresas privadas para que ejecutan ciento una reválidas y pruebas externas? Los gobiernos autonómicos son los que están padeciendo los efectos más negativos de la crisis. ¿Cómo  ajustarán las comunidades autónomas una memoria económica que les exige poner la mayor parte del dinero para una reforma innecesaria con las exigencias de déficit púlico cero y la política de motosierra impuesta por el gobierno?

 Sólo los muy fieles, aquellos que piensan como la niña Fabra – “que se jodan” los pobres, porque son unos fracasados-, jalean el anteproyecto LOMCE y animan al gobierno a ir más allá porque consideran que la LOMCE es una reforma “blanda”: Castilla la Mancha, Valencia, algunos medios de comunicación. Pero la realidad es que incluso comunidades como Madrid están con la mosca detrás de la oreja: ¡no se fían!

 Por eso prevalece el ruido de sable. Wert ha desenvainado la espada para cortar el nudo gordiano porque no tiene inteligencia para más, ni conoce la complejidad del sistema educativo. Me quedo con las palabras de la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, que afirmó que no puede apoyar una memoria económica de ciencia ficción para una ley que considera altamente tóxica para el sistema educativo y la sociedad española.

 ¿Quién se cree la memoria económica de Wert? El gobierno ha puesto sobre la mesa unas cifras tramposas para un anteproyecto de ley tramposo. Tanto las cuentas como el cuento de la LOMCE no se las creen ni Wert, por eso no convence ni a los suyos.

La subida del IVA como síntoma

La subida del 21% de IVA en el servicio de comedor es un elemento más en la construcción de un sistema educativo segregador de las familias socialmente menos favorecidas; situando la exclusión como el eje vertebrador del modelo educativo que propone el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La subida del IVA, junto al encarecimiento del servicio de comedor, la eliminación de las políticas socioeducativas, entre ellas las becas de comedor, y los recortes salariales empiezan a excluir a muchas familias del disfrute de servicios básicos muy importante para la educación integral de los niños y los jóvenes.
Aquí se paga por todo. La libertad es la de poder pagarte o no un servicio. La crisis económica es la coartada perfecta para aniquilar los derechos sociales básicos. Cuando hace ya un año en Cataluña los recortes y el encarecimiento del servicio de comedor abrieron la polémica de las fiambreras, parece que nadie pensó que en el fondo del asunto estaban las políticas privatizadores del Gobierno de CIU contra las clases menos favorecidas y a favor del negocio de las empresas de catering más poderosas del sector. Aún así, la Generalitat de Cataluña también impuso un canon para comer en la escuela a las familias que optaban por la fiambrera.
En última caso pagas sí o sí. CIU y PP comparten ideales y agenda, por eso ante la corrupción institucionalizada en CIU, y los manejos de personajes como los Pujol o Durán i Lleida, con sus entornos, el Gobierno de España y la Fiscalía miran para otro lado. El Gobierno de Cataluña levantó la veda y ha sido la vanguardia en los recortes y en la presión social sobre la clase trabajadora que ha servido al PP para tomar nota y afinar la agenda política y económica. Le debe mucho porque le ha indicado el camino a seguir en el desmantelamiento del Estado de Derecho y en la construcción de un Estado de beneficencia. El anteproyecto de Ley de Educación Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) introduce el término “beneficiario” de la educación. La educación deja de ser un derecho para convertirse en un beneficio. La diferencia es sustancialmente importante. Si el Gobierno mantiene el ritmo de recortes económicos, de aplicar medidas antisociales como la subida del IVA al servicio de comedor, y el encarecimiento general del servicio público educativo; de elaborar normativa a favor de la ideología más conservadora de España, la Lomce estará más que aplicada cuándo la mayoría absoluta del PP la apruebe en el Congreso de los Diputados. El voto no es neutro, aunque puede ser independiente. Cuando se votan mayorías absolutas siempre pasa algo, y la experiencia nos dice que nada bueno, porque se rompen los equilibrios y se impone la agenda del más fuerte. Nadie le ha contado a la ciudadanía lo que le va a pasar.

La escuela pública como garante de la igualdad de oportunidades

El Gobierno andaluz planea modificar la planificación escolar para el próximo curso optimizando los recursos para la escuela pública y moderando la inversión en la escuela privada concertada, retirando conciertos y no aceptando nuevas solicitudes. El plan estará fundamentado en un estudio detallado del mapa escolar que aclare la posibilidad de impulsar la opción de escuela pública frente a la escuela concertada.
La decisión de la Junta de Andalucía de fortalecer al sector público educativo, respetando la opción que para muchas familias supone la escuela privada, es una apuesta valiente por la igualdad de oportunidades para la clase trabajadora y socialmente menos favorecida. No solo avalada por razones económicas y sociales, sino también, políticas.
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) rompe el consenso institucional y político que daba sentido a los conciertos educativos, cambiando las reglas del juego, extendiendo el modelo de la Comunidad de Madrid al resto de España. En situación de crisis generalizada, que está pagando la clase trabajadora, es inadmisible que se cierren centros públicos y se abran centros privados subvencionados con dinero público. Como es inadmisible que no se haya tocado un solo euro a las subvenciones de la Iglesia Católica, y se mantengan miles de catequistas elegidos por la Conferencia Episcopal y pagados por la Hacienda pública para impartir doctrina a lo largo de todo el sistema educativo. El anteproyecto de la Lomce rompe el consenso constitucional establecido en torno a la doble red y a la asignatura de Religión católica: blinda la escuela concertada; prorroga los conciertos hasta seis años, con renovación automática; invade las competencias autonómicas, obligando a los gobiernos a planificar en función de la “demanda social”, independiente de las necesidades familiares; impone por ley los conciertos a los centros que segregan por sexo, en contra de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, e introduce la asignatura de Religión Católica y su alternativa.
El anteproyecto de la Lomce es una propuesta radical, marcada por la agenda política y religiosa más extrema. Roto el equilibrio por una parte, roto por todas las partes. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está apostando por el sentido social que debe fundamentar la educación, enseñar al que no sabe y enseñar al que menos sabe, que en muchos casos son los que menos tienen y más castigados están por los recortes del Gobierno de España. Son muchas las familias que no pueden optar libremente por un centro de calidad, si la Administración educativa no les oferta una plaza pública. Con la revisión del mapa escolar, el Gobierno andaluz está haciendo efectiva la igualdad de oportunidades que no tiene que ver con la cuenta corriente de cada uno, sino con los derechos universales de las personas.
Es en definitiva una apuesta arriesgada y valiente, cuando se ha planteado una guerra total contra los servicios públicos, independientemente de que estos cubran las necesidades básicas y los derechos fundamentales de la población, principalmente de la más desfavorecida. Como explicaba recientemente Federico Mayor Zaragoza, en una entrevista concedida al diario El País, deberíamos atender menos a la OCDE y volver nuestra mirada hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los retos: negociación y acuerdo

El Ministerio de Educación tiene para 2013 el gran reto de gobernar un sector tan complejo como el de la enseñanza desde la negociación y los acuerdos puntuales. El año ha empezado con el anteproyecto Lomce más cerca de su aprobación pero sin que el Gobierno haya dado señales de acercamiento a la comunidad educativa, desde un principio excluida de la elaboración de contenidos y de la toma de decisiones sobre aquellos temas que le afecta directamente. Una vez más, y en una reforma más, no se consulta a los docentes ni a las familias. Para el Gobierno la educación es un asunto interno del partido que tiene mucho que ver con la agenda ideológica y poco o nada con afrontar los problemas reales que tiene nuestro sistema.
A lo largo del presente año parece que el Ministerio está dispuesto a volver abrir el melón del Estatuto Docente, un tema de gran complejidad que vio luz por última vez en 2007 y que cuadra muy mal con la actitud del Ejecutivo de tratar los temas del sector con el mayor secretismo posible y ausencia de diálogo. Un año nuevo difícil en el que también viviremos el desarrollo de la nueva Ley de Universidades. En el que la conflictividad en el sector público, con la enseñanza a la cabeza, aumentará sustancialmente si nos atenemos a las agendas de los sindicatos y asociaciones de padres, madres y alumnos.
La situación de partida no es propicia para la negociación. La única decisión que hasta ahora ha tomado el Gobierno de España respecto al sector de la enseñanza ha sido recortar. Esta medida ha provocado un deterioro visible de la enseñanza pública: peor servicio y más caro para las familias, con la aniquilación de las políticas socioeducativas, y peores condiciones laborales, sociales y profesionales para los docentes. La austeridad que siempre es recomendable, no tiene nada que ver con los recortes sociales ni con los servicios de mala calidad. En último caso la libertad de enseñanza no puede depender de la cuenta corriente, porque convierte la igualdad de oportunidades en un producto de consumo, solo permitido para una clase social.
Podríamos estar de acuerdo con los argumentos del Gobierno para realizar los cambios necesarios que mejoren el sistema educativo español, pero no podemos estar de acuerdo con las medidas adoptadas, recogidas en la Lomce, que van en la dirección opuesta a las recomendadas por la mayoría de los estudios, investigaciones y evaluaciones de las Ciencias Sociales. Como no podemos estar de acuerdo con las formas de gobernar un sector tan complejo como el de la educación que demuestra este Ejecutivo.
El Gobierno no es el del Partido Popular sino el de todos y todas los españoles que le han votado y los que no le han votado. El buen gobierno de la educación debe contribuir a la construcción de una sociedad más justa y feliz, no a una sociedad cada vez más crispada y polarizada. El diálogo es la pieza esencial y la negociación el gran reto ante el reto político e intelectual de precisar los temas más importantes para la vida en común. Pero el Gobierno no se da por aludido. Habrá que animar a la comunidad educativa a que siga su camino, aunque sea paralelo.

La zona única. Contra la igualdad de oportunidades

Madrid será zona única de escolarización para más de un millón de alumnos. El Gobierno del PP en la Comunidad ha eliminado del baremo la cercanía para permitir la “libre elección de centro” de las familias. Esta medida no se entiende si no es como una más del paquete pensado para fomentar una competitividad insana entre los centros de las dos redes, según marcan las insolidarias leyes del actual mercado que tanto daño está haciendo a la justicia social y a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
La evaluación como herramienta de selección e instrumento para premiar y castigar a los centros por sus resultados; la publicación de rankings; el ideal de dar más al que más tiene; las políticas privatizadoras de los recursos del sector público; la creación de un instituto de Bachillerato para élites y otras medidas que junto a la zona única van conformando un sistema educativo insolidario, extremadamente competitivo, con un gran desequilibrio entre las dos redes. Solo hay libertad de elección cuando hay igualdad de oportunidades. En la Comunidad de Madrid la libertad de elección es para quien se la puede pagar. Se está configurando un sistema donde sobrevivirán, no los mejores talentos, sino los que tengan una mejor situación de partida económica, social y cultural. El Gobierno madrileño está desarrollando una política educativa para el que más tiene, olvidando que su fin último es promover una educación de calidad para todas y todos los madrileños.
Creemos que la zona única es una medida contra la igualdad de oportunidades. Contra una parte importante de la ciudadanía madrileña. Es parcial, sectaria e insolidaria, producto del desprecio hacia las capas de la población más desfavorecidas; del interés preferente del Gobierno madrileño por los intereses de sus correligionarios económicos y el menosprecio de lo público. La educación madrileña se ha convertido en una historia de tanteos, ocurrencias y propaganda política fraguada en la agenda ideológica más dura de la derecha española. Desde hace ya algunos años, las propuestas educativas del PP madrileño contradicen el código del buen gobierno y la ética del servicio público. Esto es lo que nos queda a falta de estudios rigurosos que avalen las propuestas del Gobierno regional, y de diálogo y negociación con la comunidad educativa.
La zonificación escolar no es un problema que la comunidad educativa exija resolver de inmediato. La sociedad no la ha pedido mayoritariamente. La Comunidad de Madrid tiene otros problemas más graves. El descenso en la inversión, Madrid consolida su puesto de cola entre las comunidades que menos invierten por alumno, que peores condiciones laborales y profesionales tiene para sus docentes, que menos plazas públicas oferta, que más ha hecho por erradicar las políticas socioeducativas que tan importantes son para mantener la equidad y la igualdad de oportunidades.
Madrid tiene el sistema educativo más descohesionado y desequilibrado de España. Los índices de fracaso y abandono escolar desangran algunas zonas de la Comunidad ante la pasividad del Gobierno.
La calidad de la educación pública madrileña se sostiene por el activismo de muchos docentes, familias y alumnos que desarrollan una valiosa actuación compensadora, con pocos recursos, teniendo en cuenta que la escuela pública tiene que recoger una mayor proporción de alumnado con dificultades.
El debate sobre la zona única responde una vez más al deseo de desviar la atención sobre los verdaderos y graves problemas de la educación madrileña y a satisfacer los intereses de determinadas élites económicas y sociales.

Educación para la Ciudadanía

La educación de ciudadanos y ciudadanas es el gran objetivo de la escuela pública. Los actuales intentos de organizar la educación según las reglas del mercado y del beneficio económico para que las personas adquieran conocimientos y destrezas que les permitan sobrevivir y competir en la economía global, abren las puertas hacia un futuro imprevisible y de riesgos que terminaremos pagando todos y todas.
A la educación le corresponden otras funciones. La función social, que posibilita la movilidad y favorece la inclusión de grupos que presentan gran diversidad. La función política, porque es en la escuela pública donde se promueven los valores cívicos y se enseñan los derechos y obligaciones para formar ciudadanos y ciudadanas responsables. La función cultural, que desarrolla la creatividad y el sentido estético. Y la función puramente educativa, por la que la enseñanza y el aprendizaje tienen un papel determinante en la transmisión de saberes de una generación a otra y en la creación de nuevos saberes.
Según el profesor Ying Cheong Cheng, del Instituto de Educación de Hong Kong, “en este mundo globalizado e interdependiente, estas funciones se internacionalizan cada vez más. La educación ha de actuar para eliminar el racismo y el sexismo. Fomentar intereses comunes, promover movimientos a favor de la paz y mejorar el entendimiento internacional”. La educación es el arte de hacer ético al ser humano. Este pensamiento de Hegel nos alerta sobre la necesidad de una educación para la ciudadanía no tanto como asignatura, sino como objetivo de la escuela pública y como compromiso social de futuro.

¿Son compatibles el mercado y la educación?

Quienes critican el sector público sostienen que la escuela necesita el incentivo del mercado y la presión de la competencia para mejorar y renovarse. La expresidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo formuló de forma sencilla: “¿Si la competencia es buena para las empresa de telefonía, por qué no va a ser buena para la educación?”. La educación es mercado, ¿por qué no convertir las escuelas en empresas?

El último borrador del anteproyecto de la Lomce fundamenta legalmente la idea expresada por Esperanza Aguirre y abre el camino a la competencia entre centros educativos. El mecanismo es sencillo: los centros tendrán más o menos financiación y mejor o peor trato en función de sus resultados académicos, que se harán públicos en un ranking para que las familias puedan elegir.
La mayoría de los expertos ya han afirmado que el mercado genera grandes desigualdades. El sector educativo gobernado por las leyes de mercado significaría desigualdad social, romper la igualdad de oportunidades, descoser la sociedad y excluir a grandes capas de la población del sistema educativo con la consecuente pérdida de talentos. En este tipo de sistema educativo no sobreviven los mejores, sino los mejores dotados social, cultural y económicamente. Según José Gimeno Sacristán, catedrático de la Universidad de Valencia, “en el mercado, el mal producto desaparece, pero en educación se va a depauperar”.

Inglaterra, EEUU y Chile son tres ejemplos de países donde los centros educativos compiten entre ellos y se publican rankings. Después de más de dos décadas de implantación de esta estrategia, los resultados han mejorado muy poco; son sistemas educativos excesivamente polarizados entre los que titulan y continúan los estudios, y los que abandonan sin titular; y no son países de referencia por sus resultados en las evaluaciones internacionales. No hay evidencia de que la competencia entre los centros redunde en una mayor calidad. Nada permite afirmar que esta fórmula funcione.

¿COMPETIR PARA QUÉ?
El último borrador de anteproyecto de la Lomce considera la educación como un elemento clave para la producción y la competitividad. Para el pensamiento neoconservador que gestiona la economía mundial, y del que participa el Gobierno español, la educación es la herramienta perfecta para identificar futuros empleados modélicos. La educación y la institución escolar se convierten en dos pilares muy importantes para el desarrollo económico. Por otra parte, la gestión privada de la educación pública es vista como un apetitoso negocio para muchas empresas; y la Administración pública en manos de un gobierno neoconservador legisla a favor del negocio privado que concibe la educación como un sector aún sin explotar al cien por cien. Se termina confundiendo la política educativa con la política de empleo, y los objetivos del mercado con los objetivos de la educación. Esta coalición entre políticos y empresarios neoconservadores, apoyado doctrinariamente en la Iglesia Católica más fundamentalista, se organiza a expensas de los docentes, las familias y el alumnado, cuyos intereses no cuentan para nada. La educación queda reducida a satisfacer los objetivos económicos.

Ni los mercados ni la ética comercial colocan la igualdad y el bien común por encima del lucro ni el individualismo. El modelo educativo cuya justificación fundamental es la economía, ataca a los derechos universales de la ciudadanía, fomenta el individualismo y acentúa la indiferencia cívica, síntomas lamentables de la degradación que padece gran parte de la sociedad.

Es preciso un análisis diferente al que hace la Lomce y una propuesta alternativa que sitúe el interés común por encima de la competitividad y del estricto plano individual. Una alternativa que insista en la equidad, la tolerancia, la cooperación y la solidaridad, que permitiría revalorizar la política y dar vida a las instituciones democráticas.

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