La religión, su alternativa y todo lo demás

No parece que el Estado español sea laico ni aconfesional, al menos, el Gobierno del Partido Popular no lo es. La Iglesia Católica española tiene un excesivo protagonismo político que, aunque no le corresponde, se lo han reconocido todos los gobiernos de la democracia (UCD, PSOE y PP). Según el teólogo Juan José Tamayo, “podría decirse que todos los gobiernos del período democrático, de una manera u otra han sido rehenes de la Iglesia Católica”. La Conferencia Episcopal ha ganado todas las elecciones en los últimos 35 años, con cualquiera que haya sido el partido más votado.

Con mucho sigilo, la Iglesia Católica ha conseguido que el Gobierno de Mariano Rajoy haya colmado algunas de sus reivindicaciones históricas. Primero que la asignatura de Religión Católica tenga una asignatura alternativa fuerte, que lógicamente será evaluable y contará para la nota final. Segundo, que se suprima la asignatura de Educación para la Ciudadanía, incumpliendo los acuerdos firmados en el marco de la Unión Europea sobre la materia. España es el único país de los 27 que no impartirá esta asignatura en ninguna de sus modalidades conocidas. Tercero, que el anteproyecto de la Lomce sea un traje a medida para blindar los conciertos a los centros que separan por sexo, una opción ideológica muy minoritaria en España. Cuarto, que el anteproyecto de la Lomce fortalezca la presencia de la enseñanza privada en el sistema educativo, fomentando la entrada de todo tipo de sectas junto a las órdenes religiosas tradicionales. La Conferencia Episcopal ha conseguido hacer realidad todas estas reivindicaciones desde el silencio, frente a la estrategia de ocupar la calle, con una algarada permanente, que emplearon contra la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Pero todo se remonta a muchos años atrás. La Jerarquía Eclesiástica ya logró dos triunfos importantes en la Constitución Española con el artículo 16.3, en el que se recoge de forma explícita la colaboración del Estado con la Iglesia Católica; y el artículo 27.3, que reconoce el derecho de las familias a que sus hijos recibieran formación religiosa y moral de acuerdo a sus creencias. Otro triunfo sonado fue la firma en 1979 entre el Vaticano y el Gobierno de UCD de los acuerdos de rango internacional: “Jurídico, económico, sobre enseñanza y asuntos culturales, y sobre asistencia religiosa a los católicos de las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos”, afirma Juan José Tamayo. Según este teólogo “la firma tuvo lugar en el Vaticano el 3 de enero de 1979, solo siete días después de que el rey sancionara la Constitución en las Cortes Generales”, para concluir: “Resulta difícil encontrar unos convenios tan desequilibrados a favor de una de las partes: para la Iglesia Católica, todos son privilegios económicos, fiscales, sociales, jurídicos, militares, educativos y culturales. Para el Estado español todas son obligaciones, desde la financiación hasta la obligatoriedad de la oferta de la religión católica en todos los grados y niveles de enseñanza durante el período escolar.” (Juan José Tamayo. ‘Los triunfos de la Jerarquía Católica’. El Periódico de Cataluña, 11 de diciembre de 2012). Acuerdos que para la gran mayoría de expertos constitucionalistas y de Derecho Eclesiástico son inconstitucionales.

Un problema político que tiene España es el de garantizar la laicidad del Estado. Según el teólogo Juan José Tamayo “puede argumentarse de forma empírica, que la transición religiosa todavía no se ha realizado en España”. Otro de los grandes problemas políticos es que no tenemos una derecha laica, sino sometida a los intereses de la Iglesia Católica, cuyo modelo educativo no se ha movido un milímetro desde hace 200 años. La Conferencia Episcopal adopta una actitud beligerante contra el bien común, porque lo confunde con sus intereses particulares, de ahí que no distinga entre ciudadanía y feligresía: todos y todas son feligreses. Llegando a confundir, peligrosamente, a muchos y muchas creyentes de buena fe que ven en la democracia y los valores de libertad y derechos universales que la definen, un ataque contra los valores y derechos de la Iglesia Católica.

La educación es el ámbito de la ciencia, la razón y los valores universales, y es un asunto que incumbe a la escuela como institución. La religión es una creencia particular, un problema de fe, que tiene que ver con la persona, la familia y la parroquia. La asignatura de Religión Católica debe ser suprimida del currículo; la catequesis debe ser una actividad extraescolar costeada por la Iglesia Católica y no por la Hacienda pública. Es inaceptable que, pese a los duros recortes ejecutados por el Gobierno del Partido Popular contra las políticas socioeducativas, se haya mantenido el presupuesto para los docentes de la asignatura de Religión Católica (casi 400 millones de euros); se hayan fortalecido y ampliado los conciertos a colegios con alumnado de familias de clase media alta; que en la Comunidad de Madrid las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en los centros privados de la región desgraven importantes cantidades en su declaración de la renta. Es insostenible que tengamos un Gobierno medio pensionista de la Iglesia Católica y a un ministro de Educación asalariado de la Conferencia Episcopal.

La Conferencia Episcopal española convierte la religión en un instrumento de adoctrinamiento y regresión, en vez de considerarla como un capital ético, “una fuerza movilizadota contra la opresión y un motivo de liberación” (Leonardo Boff. Teólogo).

La biblioteca como castigo al que no estudia Religión

Nos llega la información desde algunas organizaciones de padres y madres de alumnos y alumnas de la comunidad de Madrid, y también por parte de algunos docentes, que la alternativa de estudios a la clase de religión católica se convierte, en no pocos centros, en una hora de biblioteca donde el alumnado cumple con la rutina y el ritual de hacer copiados, sentados y quietos, rodeados de libros y material didáctico que no pueden tocar ni, por supuesto, leer. En la biblioteca ni se habla ni se lee ni se estudia. La biblioteca se convierte en un lugar de castigo para los alumnos y alumnas, y en un medio de represión para algunos docentes y equipos directivos.

El primer error está en tener un currículo con religión católica y una alternativa. La religión debe estar fuera del currículo, como una actividad extraescolar que las familias eligen libremente y pagan de su bolsillo. Los docentes de religión tienen que estar en nómina de la confesión correspondiente: Iglesia Católica, Protestante, Islam o Judaísmo.

El segundo error es mantener la biblioteca escolar como un lugar y una herramienta de trabajo ajena completamente al centro y a la organización del currículo. Bibliotecas mal dotadas, infrautilizadas y sin personal adecuado, que deberían convertirse en el eje vertebrador en el estudio y el conocimiento del currículo.

Reconstruir la profesión docente

La docencia se encuentra ante una paradoja. Por un lado, son muchas las investigaciones que establecen la relación que existe entre la calidad de la educación y la calidad de los docentes. Por otro, se toman decisiones políticas, se aplican medidas y se hacen declaraciones públicas desde las distintas administraciones educativas que están provocando la precariedad laboral, desmoralizando al colectivo docente y debilitando los saberes profesionales.

En los últimos tres años las políticas y las inversiones educativas están proletarizando la profesión docente: aumento del horario laboral; subida de la ratio alumno/docente; bajada de los salarios; peores condiciones laborales; debilitamiento de los derechos sociales y acceso restringido a la formación continua.

El deterioro de la profesión docente también está unido a otras variables. Juan Carlos Tedesco escribe al respecto: “El deterioro de la profesión docente está asociado a otras variables culturales vinculadas a la aparición de nuevos agentes de socialización y de cambio de transmisión cultural que se ha producido en la sociedad”. Según el profesor Tedesco, el fuerte impacto de los medios de comunicación de masas y el enorme potencial de las TIC para transmitir información y adquirir conocimiento, sitúan la escuela y a los docentes casi en un lugar subalterno.

Por otro lado, la disociación que se produce entre la teoría pedagógica (expertos universitarios), la práctica educativa (docentes) y la toma de decisiones políticas (gobiernos) provoca que la formación inicial y continua de los docentes no esté blindada ante los vaivenes políticos y económicos. “La docencia debe de ser una de las pocas profesiones, tal vez la única, donde existe una distancia tan significativa entre los contenidos de la formación y las exigencias para el desempeño”, escribe Juan Carlos Tedesco.

Y no menos importante entre las variables que inciden en el deterioro de la profesión docente es el supuesto vínculo, tan de moda, entre el trabajo de los docentes y los resultados académicos del alumnado. El anteproyecto Lomce es explícito, “la calidad educativa debe medirse en función del output (resultados de los escolares) y no del input (niveles de inversión, número de profesores, números de centros, etc.)”, una presión externa que termina desvirtuando el sentido de la docencia convirtiéndola en una preparatoria para hacer frente a pruebas externas estandarizadas. Es innegable que existe una relación entre la calidad de los procesos de aprendizaje del alumnado y la calidad de la docencia, pero no existen argumentos sólidos para concluir que el cien por cien de la responsabilidad de los resultados escolares se localizan en el desempeño de la profesión docente.

Reconstruir la profesión docente es un reto muy importante. El docente es el gran ausente del anteproyecto Lomce. Las políticas educativas del gobierno han debilitado su imagen pública y sus condiciones sociolaborales y profesionales. No se ha consultado al colectivo ni a las organizaciones que le representa. Lo que sí transmite el anteproyecto de Ley y las constantes declaraciones del Ministerio de Educación es una gran desconfianza hacia el colectivo docente, aunque es clave para cualquier reforma.

El reto está en responder qué profesionalidad docente necesita la sociedad del conocimiento.

La construcción de la profesión docente es una tarea permanente que en la actualidad se desenvuelve en un escenario inestable y francamente desfavorable. Los docentes deben reivindicar el control de su trabajo y hacerlo desde una perspectiva innovadora. Según Emilio Tenti, desde esta perspectiva, el docente debe ser “un profesional técnico, es decir, poseedor de un saber acerca de los medios de la enseñanza y el aprendizaje”. Desde una perspectiva complementaria, “los docentes serían profesionales críticos, es decir, constructores de subjetividades conforme a proyectos políticos que transcienden su identidad técnica”. Así, el docente sería un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática. Para cumplir esta función social que los transciende, deben estar en condiciones de ejercer un control colectivo sobre el sentido, los objetivos y contenidos de su trabajo. En sentido estricto no serían funcionarios, sino intelectuales capaces de cooperar en la distribución de ese capital estratégico en las sociedades contemporáneas, que es el conocimiento y la cultura en las nuevas generaciones”.

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