Educación para un nuevo contrato social

Un nuevo contrato social debe tener como objetivo fundamental el bienestar de las personas. El bienestar de la ciudadanía tiene que ser el fin último de la política. ¿Pero un nuevo contrato social entre quiénes, y con qué sentido? ¿Le interesa al poder establecido un nuevo contrato social? Si seguimos pensando en el ideal de contrato social en el sentido “roussoniano”, no debemos olvidar que Jean-Jacques Rousseau no dio ninguna importancia a la pregunta clave: ¿quién ejerce la soberanía?, de forma que dejó abiertas las puertas al autoritarismo. “El carácter abstracto del concepto de soberanía en Rousseau lo hace vulnerable a la lógica abusiva del poder” (Josep Ramoneda), que hoy padece la inmensa mayoría de la ciudadanía. La buena fe, o el temor, de “lo políticamente correcto” está aniquilando a la izquierda. En España, como en Alemania, Francia o Inglaterra, después de años de gobiernos socialdemócratas, la socialdemocracia se ha vuelto irreconocible para millones de votantes, contaminada por las exigencias del poder financiero. Es sorprendente como desde el PSOE, alternativa de gobierno, se evita por todos los medios hablar del programa socialdemócrata, el término socialista ha quedado desterrado, y se hace constante mención a programas y posiciones progresista. La libertad, la igualdad y la fraternidad (solidaridad-cooperación) no se deben confundir ni con la modernidad ni con el progreso.

Vivimos los terribles efectos de las políticas desarrolladas por gobiernos al servicio de los grandes capitales que miran más por los intereses de determinados grupos de presión políticos y religiosos que por el bienestar de los seres humanos. En España se ha “rescatado” a la banca, y a la gran empresa y hasta se pretende rescatar a las empresas concesionarias de las ruinosas autopistas de peajes. Pero, ¿quién rescata a los seis millones de parados y paradas? ¿Quién rescata a los 2.500.000 niños y niñas en situación de pobreza? ¿Quién rescata al millón de familias que este curso se ha quedado sin ayudas y becas? ¿Quién rescata al paciente tras haber convertido la sanidad en un producto consumible en vez de en un derecho? ¿Quién rescata a los más de 100.000 estudiantes que se han quedado ya fuera de la universidad a causa de la política de recortes del gobierno del PP? Y, por último, ¿quién nos rescata de los actuales gobiernos europeo y español, y cómo hacer frente a aquellos que gobiernan pensando solo en el interés de unos pocos?

Vivimos en la “sociedad del riesgo”, término acuñado por el sociólogo Ulrich Beck. El potencial de peligro es generado permanentemente por el poder financiero y minimizado por el poder político. El modelo de gobernabilidad neoliberal está consiguiendo desprestigiar a la política -que mucha gente siente como una cosa ajena- para que no sea palanca de cambio, fomentando en la población un sentimiento de rechazo del que sacan partido las organizaciones de derechas con discursos populistas que fortalecen soluciones mesiánicas y que sitúan al inmigrante como chivo expiatorio. Nos inunda la política del odio, otro logro del neoliberalismo. El odio funciona porque es transversal a un tipo de guerra que suele pasar desapercibida: la cultural. La pobreza, la ignorancia, la supuesta inferioridad del “otro”, la diferencia y la diversidad como factores de miedo inundan mensajes racistas y xenófobos que cada vez agrupan a más gente y más votos. Hay un ataque directo a los pobres y a los desheredados, a los que las políticas neoliberales y una parte nada desdeñable de la sociedad excluyen de antemano. El modelo de gobierno neoliberal tiene unos efectos desocializadores devastadores. Vivimos, en definitiva, bajo una tiranía difusa. Se ha perdido la mesura y en la desmesura todo vale, sin que la moral sea obstáculo, en un mundo sin certezas en el que la ficción se ha convertido en realidad y la realidad está alucinada por los acontecimientos. Ya nada anda al paso de las personas.

Las grandes ideas como la felicidad, la libertad y la justicia generan sombras que están convirtiendo “la seguridad” en el máximo valor de la acción política, y que acaban degenerando en inseguridad y lesionan los ideales enumerados.

La antipolítica, el miedo, el odio y el desplazamiento de las personas del centro de la política son los puntales culturales más importantes de la economía de guerra y miseria a la que nos tiene sometidos el gobierno neoliberal de la globalización. “La gestión de la globalización está totalmente ideologizado, se ha dado como irreversible que la única manera de gestionar la globalización es la ultraliberal. Hemos creado un sistema económico que es una fábrica de excluidos”, denunció Viviane Forrester. La política de recortes engorda al amo, pero deja sin perspectiva de futuro a millones de personas y precariza a la clase trabajadora, haciéndola cautiva del poder financiero y económico. La política de recortes, llamada por los propios gobernantes “del miedo”, “de austeridad”, “esconde en realidad una alteración permanente de los derechos sociales encaminada a liquidar definitivamente lo que queda de Estado de Bienestar y asegurar la nueva sociedad de la desigualdad” (Josep Fontana).

¿De qué hablamos cuando reclamamos un nuevo contrato social? ¿De un nuevo pacto entre víctimas y verdugos? ¿O de restablecer la soberanía del ciudadano frente al poder omnímodo de las finanzas? En la película V de Vendetta, que todo el mundo debería ver al menos una vez al mes, el personaje V es taxativo: “El pueblo no debería temer a los gobernantes, los gobernantes deberían temer al pueblo”.

 

Crónica de una muerte anunciada

El neoliberalismo intenta exportar la crisis económica, que no es otra cosa que la nueva economía y sus formas de gobierno, a la educación, descargando sobre ella la responsabilidad de sus políticas destructivas: en la educación está la fuente y el origen de todos nuestros males. Como explicaba en un reciente artículo la secretaria de Estado de Educación del gobierno del PP, una de las causas del actual índice de desempleo es la mala formación de nuestros jóvenes. Sin embargo, nada permite afirmar que una mejor educación proteja a nadie contra las devastadoras políticas económicas del neoliberalismo. “Es una pena que los ministros y ministras de educación europeos hayan perdido el tiempo criticando la educación de sus países y no el discriminatorio mercado de trabajo o las injusticias y desigualdades que se gestan cotidianamente en el seno de sus sociedades”, se lamenta Pablo Gentili.

Según Motoyo Kamiya, está en curso una profunda reforma del sector público de la educación, orientada hacia el mercado. El paso siguiente es convertir las escuelas en empresas. A los empresarios del sector de la educación se les reconoce ya una autoridad indiscutible para definir objetivos, contenidos y métodos de una educación acorde con las aspiraciones de la economía mundial. Se asocia la educación con la economía global de mercado. Desde la escuela podemos identificar a los futuros empleados modélicos. La educación queda reducida a satisfacer estrictos objetivos económicos y de clase social. Pero hay que recordar que ni la ética comercial ni los mercados colocan la igualdad por encima del lucro.

En una educación donde la competitividad sea el elemento rector y cuyos fundamentos más importantes sean los económicos, se fomentará cada vez más un individualismo que acentúe la indiferencia cívica, cuyas proporciones ya son demoledoras.

La sociedad del conocimiento presenta un peligro de desigualdad social y polarización económica nunca vista: el que está bien mejora, pero el que está mal puede empeorar aún más.

Podemos concluir que existe una creciente colonización de la educación por parte de la economía, tanto en un sentido conceptual y terminológico, como en el sentido comercial. La educación en el marco de la economía globalizada es un sector de consumo que despierta cada vez más los apetitos de las grandes corporaciones financieras.

Vivimos una época en la que los gobiernos promueven los sueños tecnológicos más delirantes, pero no quieren mantener los servicios públicos más necesarios, como la educación. El capitalismo del siglo XXI intenta privatizar tanto los recursos naturales como el conocimiento y los derechos humanos universales. Se mueve hacia una lógica de apartheid, donde unos pocos tienen derecho a todo y la mayoría son excluidos. Como dice Slavoj Zizek, “los capitalistas actuales son fanáticos religiosos que defienden sus beneficios aunque traigan la ruina para millones de personas”.

Con esta perspectiva, la educación deja de ser un derecho humano universal y se convierte en un bien de consumo solo al alcance del bolsillo de cada cual. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE), promulgada y aprobada en el Congreso con los únicos votos del PP, es un claro ejemplo de esta crónica de una muerte anunciada.

No cabe duda de que la economía es importante, pero ha de ser el compromiso social el que guíe el discurso de la educación pública: educación para el que nada sabe y educación para quien menos sabe.

 

¿Está aceptando la opresión la ciudadanía?

Replegarse sobre uno mismo es un escándalo. Pensar en un nuevo contrato social con los mimbres que tenemos es imposible. La soberanía que ejerce el poder financiero sobre la ciudadanía, y la poderosa influencia de los medios de comunicación de masa en la socialización, hacen urgente y necesaria la reivindicación de una sociedad más justa, en la que la educación más responsable socialmente se convierte en el elemento más importante para el cambio. En este sentido, son los movimientos sociales de amplio espectro los agentes del cambio. Son el caldo de cultivo para crear nuevos instrumentos de resistencia y reivindicación ante los abusos de los gobernantes. En el poder financiero reside hoy la soberanía. ¿De quiénes son el conocimiento, la educación, la cultura, la visión del mundo incorporada a los libros de texto? Es en el seno de estos movimientos sociales donde se debe fraguar un pacto social por la educación pública como una herramienta para confrontar y presionar las políticas de gobiernos en manos del poder financiero. Estos movimientos han de tener como referente los valores morales universalmente exigibles. El sentido moral está en la base de cualquier aprendizaje y de toda educación: respeto, justicia, solidaridad, cooperación. Su carencia arruina la vida civil e impide la vida a secas. “El descuido de las capacidades morales desde la familia y la escuela es más reprochable porque en ellas se contiene nuestra vocación de personas y de ciudadanos. Un solo ciudadano al que falte la conciencia de la igual dignidad humana puede destruir a muchos o consentir su destrucción. La excelencia moral es la que más vale porque, sin ella, las demás excelencias valen menos” (Aurelio Arteta).

Los docentes, las familias y los estudiantes tienen que ser parte activa de estos movimientos sociales porque solo participando a favor de la justicia y la igualdad sociales dentro y fuera de la educación se consiguen éxitos duraderos. Es necesario que la comunidad educativa se comprometa en actividades sociales y políticas críticas que resuelvan problemas reales y abran paso a un camino mejor para las personas, combatiendo la segregación por razones económicas y culturales.

La educación es el componente más importante en la consecución de sociedades más justas y prósperas. No es de extrañar, por tanto, que Carlos Fuentes defienda que “la llave que abre todas las oportunidades es la educación. El derecho a la educación, ha escrito Nadine Gordimer, es tan elemental como el derecho a respirar. La exclusión del sistema educativo es la razón primaria de la pobreza y la desigualdad. La educación es la avenida más pragmática hacia la prosperidad”.

Los grupos más desfavorecidos encuentran en la educación el espacio para vivir y disfrutar la riqueza de la cultura intelectual. La educación adquiere el valor de uso de una herramienta para entender una vida con futuro. La educación es el camino hacia la cultura, y es desde donde se construye el ser de una sociedad.

Este es el sentido de un pacto social por la educación pública. Con la educación como motor de justicia tenemos la herramienta más importante para construir el progreso y el bienestar de nuestras sociedades. Pablo Gentili lo ha conseguido resumir en unas cuantas líneas: “La educación debe transformarse en oportunidad para comprender el mundo en que vivimos y ayudarnos a construirlo sobre los principios de la solidaridad, la igualdad y la más radical defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia social. Ya lo hemos repetido más de una vez, inspirados en Paulo Freire y en las pedagogías emancipadoras que tanto nos ayudan a imaginar un porvenir mejor para nuestros pueblos: la educación no cambia el mundo, la educación cambia las personas, y son ellas las que harán del mundo un lugar más digno y acogedor. La educación es el espacio, la plataforma, la cuna donde se gestan la esperanza y la utopía que brindan energías a nuestra lucha por sociedades, donde el ser humano sea algo más que un valor de cambio y el conocimiento un bien común del que todos puedan apropiarse”.

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Recuperar la educación pública para la sociedad

El PP ha desarrollado su agenda ideológica de máximos en el programa político de gobierno. La crisis económica provocada por la economía neoliberal ha sido la coartada perfecta para que el gobierno neoconservador del PP haya ejecutado durante más de tres años unas políticas encaminadas a desmantelar el Estado de Bienestar que se ha intentado construir en España. Un Estado de Bienestar inacabado porque nunca terminó de consolidarse como referencia de una sociedad más justa ni para una parte importante de la ciudadanía, ni para el PP ni para los nacionalismos vascos y catalán.

En el desmantelamiento del Estado de Bienestar ha sido clave la política del Gobierno del PP contra el sector público, que se ha apoyado en tres elementos fundamentales: los recortes en las inversiones; la privatización de la gestión pública, transfiriendo grandes cantidades de recursos en condiciones particularmente ventajosas hacia el sector privado; y orquestando campañas, con la ayuda de algunos medios de comunicación, contra la eficacia de la gestión pública y contra la figura del funcionario público. En este sentido, son significativas las duras declaraciones de gobernantes tan relevantes del PP como la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, la secretaria de Estado de Educación Monserrat Gomendio y el propio ministro de Educación José Ignacio Wert al poner en duda, de manera permanente, la profesionalidad, la honestidad y la honradez de un funcionariado que tras los años de Gobierno del PP no solo ha visto mermado su salario y sus condiciones de trabajo, sino atacada su honorabilidad.

La igualdad, la dependencia, la sanidad, la vivienda, el medioambiente. Nada ha escapado al hacha del Gobierno. Decretos y leyes han ensombrecido al sector público, han minado su eficacia y su calidad, han empobrecido a millones de personas que han sido excluidas de una vida digna para configurar una sociedad asimétrica y desigual donde los derechos han sido suplidos por el consumo de bienes y servicios. Si quieres una sanidad de calidad, una educación excelente o una atención personalizada para tus mayores, ¡paga! El volumen de la cuenta corriente ha sustituido al Derecho.

La educación pública, pilar fundamental del Estado de Bienestar, no ha sido ajena a la aplicación de la agenda de máximos ideológicos del PP. Más de tres años de recortes y políticas extremadamente conservadoras han deteriorado la calidad de la educación pública, han empeorado las condiciones laborales y los derechos sociales de los profesionales de la educación, han masificado las aulas y han desacreditado la profesión docente.

La Ley Orgánica para la Mejora de Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), aprobada en el congreso de los Diputados con los votos del PP, ha certificado los recortes en las inversiones y un modelo educativo selectivo y excluyente, muy alejado de las ideas de progreso que deben construir un sistema educativo público de calidad para todos y todas. Mientras las reformas educativas de algunos de los países de nuestro entorno y de los grandes países asiáticos apuntan al siglo XXI, la reforma educativa del Gobierno del PP mira al sigo XIX y repudia, en sintonía con la reaccionaria jerarquía eclesiástica, incluso los principios más elementales de la Ilustración, esa gran revolución de las ideas que aún condena la Iglesia Católica.

Y, sobre todo, ha desplazado del eje del sistema educativo la educación pública como un derecho universal. Ahora la educación de calidad es un bien de consumo al alcance de algunos bolsillos, y regulada por la oferta y la demanda.

La educación pública se desangra con el Gobierno del PP. Cae la inversión, crece el alumnado y disminuye el profesorado.

La inversión pública cae en picado

 Los recursos destinados a la educación pública no universitaria se han ido reduciendo desde el año 2010. La inversión pública ha pasado de estar por encima del 5% del PIB al 4,3% actual. En la propuesta que el Gobierno del PP ha realizado al ECOFIN (órgano que supervisa las políticas fiscales y presupuestarias de los países miembros de la UE), contempla reducir el porcentaje de inversión del PIB dedicado a educación pública en más de 4.000 millones de euros, situándolo por debajo del 4% en 2015 y del 3,7% en 2016. Esto supone volver a los niveles de inversión de 1987.

Estos recortes, de una quinta parte de la cuantía de los fondos públicos, está acompañado de un incremento similar en el gasto privado educativo, que del 0,8% del PIB ha pasado a algo más del 1%. Ambos porcentajes, el público y el privado por exceso se alejan de la media de la UE e impiden ejercer a la educación su papel como uno de los medios más importantes para equilibrar las desigualdades sociales y promover el derecho de oportunidades.

La universidad pública no sale mejor parada de los recortes. El porcentaje de inversión en relación al PIB ha descendido notablemente. La universidad española ha perdido más de 1.500 millones de euros en los últimos cuatro años. Cerca del 32% de los recortes han afectado al capitulo destinado a nuevas construcciones, reparaciones, proyectos de investigación, etc. Solo el 27% del estudiantado reciben becas y ayudas. Las tasas y los precios se han incrementado más de un 23% respecto a 2010, mientras que el gasto público por alumno/a cae un 25,2% en los últimos cuatro años.

Profesionales de la educación

 Hay más estudiantes que tiene que ser atendidos por menos profesionales de la educación. Según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda, la educación pública no universitaria ha perdido, entre enero de 2012 y julio de 2013, cerca de 33.000 docentes, como resultado de la tasa de reposición impuesta por el gobierno (de cada 10 docentes jubilados/as solo se sustituía 1) y la no renovación del personal interino.

El Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha reducido entre los cursos 2011-2013 un 6%, es decir, ha perdido 4.611 efectivos, según datos del Consejo Escolar del Estado.

En la universidad, el capítulo de personal ha descendido 484 millones de euros (31,8%). Esto significa que, entre 2012 y 2014, 5.669 docentes y 2.455 PAS han perdido su puesto de trabajo. Junto a la destrucción de empleo, ha aumentado de forma considerable la precariedad laboral.

Becas y ayudas

 A la caída en picado de la inversión por alumno/a tanto en la enseñanza pública no universitaria como en la universitaria, se han sumado los recortes en las becas y las ayudas. A partir del curso 2010-2011, las ayudas se desploman y caen hasta la mitad. Lo mismo pasa con los beneficiarios de la becas, que pasan de un millón a menos de 400.000 estudiantes. Solo en la universidad la economía de recortes del PP ha expulsado de los campus públicos a más de 45.000 estudiantes. Esta cifra podría aumentar si, como sugiere el Ministerio de Educación, se sustituyen ayudas por préstamos personales.

¿Consecuencias en la educación pública de los recortes detallados? Baja la calidad, se compromete gravemente la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y se expulsa del sistema educativo al estudiantado más desfavorecido.

La pobreza educativa es un nuevo concepto, promovido por la política del PP, que está arraigando con fuerza en la sociedad española.

Pero hay alternativas

Es fundamental que el futuro Gobierno de España sitúe en el eje de su política al sector público mediante un discurso sustancial que prestigie y haga visible el concepto público, y mediante las inversiones suficientes para desarrollarlo desde el programa de gobierno.

La construcción de la educación pública no es un camino fácil y no se puede transitar sin analizar el escenario histórico y sin contemplar la inequidad social que en estos momentos nos rodea.

Es muy urgente devolver la educación pública al eje del sistema educativo y recuperarla como un derecho humano universal. Y tomar medidas concretas. Políticas, ampliando las garantías constitucionales ofrecidas hasta el momento por los poderes públicos, a través de la creación de centros y de la programación general de la educación. Económicas, garantizando una financiación mínima que en un tiempo razonable consolide el 6% del PIB en la inversión educativa.

La educación pública, financiada con recursos del Estado, es la única que puede garantizar que el derecho a la educación de calidad para todos y todas sea una realidad.

Consolidar y mejorar la educación pública es una tarea inaplazable. No solo es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Recursos y calidad van de la mano.

En este sentido, son muy interesantes las recomendaciones que apunta el Colectivo Lorenzo Luzurriaga. Se requieren medidas, legislativas si fueran necesarias, que propicien la preservación de la red pública; que prohíban la privatización de la gestión pública; que destinen las inversiones para la creación de nuevos centros y el suelo público exclusivamente a la oferta pública, y que propicien que los centros de nueva creación sean centros integrados que comprendan los niveles educativos desde Infantil hasta Bachillerato; que limiten los conciertos educativos; que declaren prioritaria la red pública de centros.

Es muy importante que las administraciones educativas realicen un diagnóstico general de las instalaciones y dotaciones de los centros públicos a fin de determinar su estado y sus deficiencias. De este diagnóstico se debería derivar un plan sistemático de construcción de centros y mejora de las instalaciones para que la educación pública responda a las exigencias de una educación digna y de calidad.

Otras medidas, que por motivo de espacio no vamos a detallar pero que son importantes, se refieren al sistema de admisión del alumnado para hacerlo más equitativo; a mejorar la calidad profesional de los profesionales de la educación; a mejorar sustancialmente el papel de los equipos directivos y de la inspección; a promover la participación del conjunto de la comunidad educativa en la educación pública, fundamentado un modelo de educación pública de éxito en la solidaridad y la cooperación.

En definitiva recuperar la escuela pública para la ciudadanía a través de un nuevo proyecto que sea integrador, intercultural, interterritorial, laico, participativo y democrático. Una educación pública que facilite la inclusión en sociedades cada vez más globalizada.

“Los sistemas educativos públicos bien podría seguir siendo una palanca en los estados que decidan utilizarla, para reducir los riesgos de la creciente desigualdad y exclusión social, para favorecer el sentimiento de identidad colectiva múltiple, fomentar una lealtad plural a diversas comunidades que conviven en un mismo territorio y promover la mezcla positiva de diversas culturas”. Colectivo Lorenzo Luzurriaga, seminario “Estado, educación y cultura pública”.

la muerte en vida de millones de personas

La política de cupos de la Unión Europea (UE) para el reparto de refugiados/as es vergonzosa.  Para los países ricos la movilidad de capitales es un logro histórico, pero la movilidad de las personas es un delito que se paga con el maltrato y con la vida. Las políticas de migraciones de la UE son represivas.

La Operación Tritón liderada por la Agencia Forntex es un operativo de control de fronteras que implica devoluciones, arrestos y otras medidas contra la dignidad de las personas y el derecho a intentar una vida digna en otro país.

La hipocresía de la UE no conoce limites. A la Europa comunitaria llega un mínimo porcentaje  de refugiados/as. La gran mayoría de estas personas son acogidas en los países fronterizos de aquellos que huyen y que están en conflicto padecen pobreza extrema y que también son países pobres, políticamente inestables, gobernados por élites corruptas durante años al servicio de las potencias occidentales, y a los que nadie ayuda. Un caso emblemático de esta situación es Siria cuya guerra del gobierno contra la población ha hecho huir a casi 5 millones de personas hacia los países fronterizos. La UE ha dejado a su suerte a los países del otro lado de la cuenca mediterránea. La única política es dejar que se ahoguen el mayor número posible de personas en las aguas del Mediterráneo, levantar muros y gastar mucho dinero en kilómetros de alambradas y políticas represivas.

En este sentido los último tratados internacionales económicos (libre comercio. circulación de capitales, imposición de aranceles para según que productos y servicios, etc.) ahondan en la movilidad del capital, en la represión de la movilidad de las personas y abren, aún más, la brecha entre países pobres y países ricos del mundo.

Votar gobiernos neoconservadores, como el PP en España, es votar la insolidaridad. Es condenar a la millones de personas a la miseria. Y Condenar a millones de niños/as a no tener futuro. La debilidad moral de buena parte de la ciudadanía y el miedo a “los otros” significa la muerte en vida de millones de personas.

Necesitamos gobiernos de izquierda que hagan políticas públicas y solidarias con los que menos tienen o no tiene nada. Que desarrollen un proyecto político entre cuyas prioridades esté la cooperación.

Necesitamos instituciones internacionales fuertes capaces de hacer valer las políticas humanitarias de solidaridad y de cooperación sobre la competencia feroz y el maltrato económico a los países ya de por sí maltratados por sus propias élites económicas.

Y sobre todo necesitamos movimientos sociales de amplio espectro con capacidad para defender los derechos humanos universales y poder para revindicar y conseguir nuevas cotas de bienestar social.

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