Castilla-La Mancha opta por la exclusión

Las medidas presentadas por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha para el curso 2012-2013, de las que ESCUELA da cuenta en la página dedicada a esta comunidad, es una clara apuesta por la exclusión educativa: educación para quien se la pueda pagar.
El derribo del sistema público de educación es desde el primer momento uno de los objetivos del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. No se pueden entender de otra manera las medidas que desde la Consejería de Educación se han ido tomando, y que básicamente se resumen en dos: recortes y selección. La Consejería se deja caer, definitivamente, por la pendiente de los recortes sociales. Ha optado por las políticas contra los que menos tienen, contra los pobres y contra los más débiles.
Las medidas anunciadas por el consejero de Educación de Castilla-La Mancha tienen un denominador común: todos los servicios para aquellos que se los puedan pagar, y va a suponer un duro golpe contra la calidad del sistema y, sobre todo, una ruptura con un modelo que ha pretendido conciliar –con más o menos éxito– la calidad con la equidad.
En contra de lo afirmado por el consejero, los recortes no son inocuos y no se hacen buscando la eficiencia, se hacen para sustituir un modelo educativo por otro. Menos educación para todos. Y educación de baja calidad para la mayoría. Las personas que más lo necesitan se verán privadas de los servicios socioeducativos como comedor, transporte, medidas de apoyo y refuerzo, actividades complementarias o bibliotecas; sin hablar de los duros recortes en las plantillas docentes y del duro ataque contra la escuela rural castellanomanchega que ha sido un referente del sistema educativo de calidad en esta comunidad. Todo esto tendrá efectos negativos sobre los resultados escolares, sobre el fracaso y el abandono escolar temprano.
Las medidas presentadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha suponen un paso atrás en la garantía del derecho a la educación, en la formación para el empleo, en la compensación de las desigualdades y en la calidad del sistema educativo. Además abandona la única medida eficaz para salir de la crisis: invertir en educación.

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Ranking de centros, ¿para qué?

El Ministerio de Educación ha propuesto a las comunidades autónomas la creación de una plataforma en Internet en la que se recoja información sobre todos los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos; es decir, públicos y privados concertados.

Todo apunta a la fórmula del ranking de centros tal y como lo conocemos en la Comunidad de Madrid. Los alumnos son evaluados mediante una prueba externa y los resultados se utilizan para presentar una relación con los mejores y los peores centros. ¿Esto facilita a las familias la libertad de elección de centros? A las familias con mejor posición económica y social, sí, pero desgraciadamente hoy no son mayoría en España. Además ya se puede elegir –y se elige– sin necesidad de rankings. El ranking tiene detractores y partidarios. En cualquier caso la pregunta es obvia, ranking de centros, ¿para qué? Nos surgen muchas dudas y preguntas sin respuesta. En primer lugar, no hay
ningún estudio cualificado que avale la utilidad de los rankings para mejorar los colegios e institutos. Y en principio tampoco aportan datos suficientes para que los padres se formen un criterio concluyente sobre el centro educativo al que quieren enviar a sus hijos o hijas. Al respecto, la experiencia en el Reino Unido no es precisamente un referente positivo, pues la descohesión del sistema de enseñanza en este país es hoy en día una de las grandes preocupaciones de expertos y sindicatos. También en la Comunidad de Madrid existe un gran malestar entre los centros, tanto públicos como privados, por el formato de la prueba, la metodología y los contenidos que sirven para evaluar al alumnado y para la posterior elaboración de un ranking.

En segundo lugar está la utilidad de la evaluación. El artículo 144 de la LOE, dedicado a las pruebas generales y de diagnóstico, es muy claro al precisar que los resultados de las evaluaciones “no podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de centros”. Los países con los sistemas educativos mejor posicionados no recurren a los rankings. Y los estudios e investigaciones internacionales nos recomiendan que los resultados de las evaluaciones no deben utilizarse para penalizar a los centros, sino para mejorar su funcionamiento, estimulando al que tiene buenos resultados y apoyando con los medios adecuados a los que tienen más dificultades. Rendir cuentas no tiene por qué ser negativo. Un ranking no ayuda a rendir cuentas, sencillamente te señala como centro “bueno” o “malo”. El Gobierno de España tiene que garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos son buenos. El Gobierno se fija en los modelos educativos que más problemas sociales están generando, como el del Reino Unido. Hace caso omiso a las investigaciones de las Ciencias Sociales. Además tendría que modificar la LOE y cuidarse mucho de no invadir las competencias de las comunidades autónomas. Demasiado complicado para una iniciativa que no es ni una prioridad ni una necesidad, ni la reclama la comunidad educativa.
Por último, una apreciación. Las decisiones que sobre educación toma el Gobierno se parecen cada vez más a las que en otros momentos han sido tomadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, quizás la comunidad más conflictiva y con el sistema educativo más judicializado. De hecho, la salida natural al conflicto que durante el curso que termina ha mantenido la comunidad educativa contra la Administración madrileña ha sido su extensión al resto de España por los recortes del Gobierno en educación y el anuncio de medidas tomadas de manera unilateral. ¿Cómo se entiende que teniendo el Gobierno de España ejemplos de buena gestión educativa en comunidades gobernadas por el PP se fije precisamente en las políticas de las más conflictivas?

Desde ESCUELA creemos que los rankings no aportan nada ni tienen utilidad alguna. No son una prioridad para la educación española ni una reivindicación de la gran mayoría de la comunidad educativa. En todo caso es un conflicto más a añadir a una lista interminable que está convirtiendo al sistema educativo español en un pantano irrespirable.

La escuela rural, una opción irrenunciable

La escuela rural ha sido noticia en estas últimas semanas, en algunos medios de comunicación, por las movilizaciones que desde la comunidad educativa se están llevando a cabo contra la política de recortes del Ministerio de Educación y los efectos tan negativos que empiezan a tener sobre la misma. Las comunidades autónomas de Galicia y Castilla-La Mancha ya han comenzado un plan de recortes de plazas de escolares que suponen el cierre de aulas, la dispersión de centros de niños y el posible éxodo desde muchos municipios rurales. Y es que la escuela ha sido y sigue siendo el elemento vertebrador de la sociedad rural en muchos pueblos y comarcas.

Queda mucho por andar, pero el balance que se puede hacer sobre la evolución de la escuela rural en los últimos 30 años es muy positivo, tanto sobre su función como sobre su significado social, así como sobre el cumplimiento de los objetivos sociales y educativos. También debemos destacar la excelente valoración de la escuela rural española como espacio de creatividad, aprendizaje, cooperación e innovación, además de una relación privilegiada con el medio ambiente.

Todo ello en un contexto de transformación social, cultural y económica, en el que las TIC y las redes están jugando un papel muy importante, que exige mayor atención, mayor planificación y más inversiones por parte de la Administración para que la escuela pueda hacer frente con garantías de calidad a las nuevas particularidades del mundo rural. Los actuales recortes en educación ponen en serio peligro tanto los logros conseguidos hasta ahora, como poder hacer frente con ciertas garantías a los retos de futuros que se les plantea a la escuela rural. Las acciones políticas son fundamentales.
Hacemos nuestras algunas de las medida recomendadas por Dolors Mayoral, socióloga de la Universidad de Lleida: establecer medidas compensatorias para unidades incompletas; equipar bien las escuelas; disponer de los recursos humanos y materiales suficientes para atender adecuadamente la diversidad; mejorar las infraestructuras; ampliar las dotaciones económicas de becas, ayudas para comedor y transporte; universalizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); corregir las desigualdades educativas mediante bibliotecas, actividades culturales y servicios complementarios; procurar el estudio asistido cuando la circunstancias lo requieren; desarrollar planes flexibles en relación con la zonificación escolar de acuerdo con las necesidades socioculturales; mejorar la calidad de la formación docente.

La escuela rural es una opción irrenunciable. El Ministerio de Educación debería tener en cuenta el trabajo realizado en las comunidades autónomas en este ámbito, en vez de ponerles la camisa de fuerza de los recortes a bulto. Más urgente que los recortes es un plan para mantener la calidad de las escuelas rurales, y poder afrontar los retos de futuro con garantía, e inversiones suficientes para mejorar y mantener una red cuyo trabajo social y educativo es ejemplar.

La educación como respuesta al trabajo infantil

El 12 de junio se celebró el Día Contra el Trabajo Infantil, una lacra que, según estimación de la OIT, padecen más de 165 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años en todo el mundo. Trabajan largas horas en condiciones extremas, muy peligrosas para la salud física y psíquica.

El trabajo infantil es una pesada carga que somete a aquellos que lo sufren y denigra a aquellas personas e instituciones que lo fomentan y lo toleran. Erradicar el trabajo infantil es una tarea estrechamente unida a los Derechos Humanos y a la justicia social. Es darle una oportunidad de futuro a millones de niños y niñas que hoy no la tienen.

El trabajo infantil está muy ligado a la pobreza. Y esta, al género, porque la manera de entender el papel de la mujer en la sociedad condena a muchas niñas a la explotación. La pobreza, el analfabetismo, la explotación sexual, la violencia tienen sobre todo cara de niña. La situación actual no es la mejor posible para erradicar el trabajo infantil. Distintos informes e investigaciones internacionales nos indican que hemos retrocedido 50 años en las inversiones en cooperación, pero también en sensibilidad contra la pobreza extrema, producto de la injusticia social, que condena a millones de niños y niños a trabajos forzados. Actualmente en la gestión globalizada de la crisis económica, que tan buenos beneficios está dando a unos pocos, se prioriza las inversiones en la banca –beneficio privado, deuda socializada– y se incentivan los grandes movimientos de capitales para especular antes que luchar contra la pobreza, el hambre, el trabajo infantil y la exclusión social. Hemos fortalecido un sistema económico que es una fábrica de excluidos y pobres. El común de los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas se han replegado sobre sí mismos. Ya no sabemos en qué acabarán ni dónde los Objetivos del Milenio (ODM) promovidos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los más importantes destacaba la educación.

La educación debería de ser la respuesta más contundente contra el trabajo infantil. Los ODM fijaron una de sus metas en conseguir que todos los niños y niñas completen la Educación Primaria, y en alcanzar la igualdad de género en la educación para 2015. Para ellos se requiere al menos tres líneas de trabajo: políticas sociales globales que luchen contra el trabajo infantil; políticas que promuevan la sensibilización de la sociedad y de las instituciones públicas y privadas contra el trabajo infantil; políticas educativas que tengan como objetivo una educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad para todos y todas. Estas tres líneas de trabajo no serán posibles sin un pacto mundial que implique a las organizaciones internacionales y a los movimientos sociales de amplio alcance. Un pacto fundamentado en el diálogo como única herramienta capaz de resolver en acuerdo un tema tan importante para la vida en común de los seres humanos, y un problema tan grave como el del trabajo infantil.

Elección temprana, sabemos lo que no funciona

La elección temprana de itinerarios no mejora la calidad del sistema educativo. La elección, casi forzada, en edad temprana desequilibra el sistema de enseñanza. La pregunta a responder es hasta dónde llega la calidad de la enseñanza obligatoria y para quiénes. Ante la operación fina, de bisturí, que supone construir un sistema de enseñanza obligatorio de calidad reorganizando el currículo, cambiando la organización de los centros, reformando la formación de los docentes, creando nuevos espacios de encuentro y comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa y con una atención individualizada al alumnado, que no olvidemos es el gran objetivo, la elección temprana es como el golpe de hacha que rompe cualquier puente dentro del sistema y encarrila al adolescente hacia una suerte mal encarada. La elección temprana es la profecía que se cumple a sí misma.

Es una experiencia que ya hemos vivido en España. Ya pasaba antes con el BUP. Y con una FP 1 que a la larga se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza para la Administración, los docentes y las familias. La elección temprana condena de antemano al fracaso y el abandono a muchos adolescentes y deja tocada a una parte importante del sistema de enseñanza con etapas y niveles pensados para los “malos estudiantes” como la FP 1 ola Garantía Social, o los actuales PCPI, símbolos del fracaso del sistema, no de los jóvenes. Descohesiona el sistema.

En España no se ha consolidado un sistema de enseñanza obligatoria público e inclusivo, como tienen en otros países muy avanzados de nuestro entorno, porque no existe un acuerdo de la mayoría política sobre a quiénes debe llegar, ni acerca de cómo y hasta cuándo, un servicio educativo público de calidad.

Nosotros no creemos en la elección temprana como un “sistema de oportunidades”, y sí creemos que es un instrumento de selección y exclusión. Lo que debemos hacer valer es la obligatoriedad hasta los 16 años, organizando las enseñanzas sobre las capacidades de nuestros alumnos, lo que implica una enseñanza personalizada, basada en la cooperación y la solidaridad de la comunidad educativa y con una concepción diferente de la organización escolar y dela didáctica. Seguramentecuesta más tomar una decisión política para innovar que las inversiones que requiere un sistema más flexible y capaz que el que tenemos ahora, y el que nos proponen a futuro. Ya sabemos lo que no funciona.

La confianza como reto

Para el buen funcionamiento del sistema de enseñanza, la confianza es muy importante. Una confianza que hay que construir entre toda la comunidad educativa y que hay que preservar por parte de las distintas instituciones públicas y privadas interesadas en mantener unas escuelas, unos institutos y unas universidades saludables. Diríamos que la confianza debería ser una tarea urgente de salud pública para el Gobierno y para el conjunto de la sociedad.

Escribe el profesor Pedro Ravela que “en el sector educativo la confianza es tan importante como en el sector económico y financiero”. Y continúa, “no es posible educar en un contexto en el que las autoridades desconfían radicalmente de los docentes; los docentes desconfían de las autoridades educativas, sean del partido que sean; las familias desconfían de las escuelas a las que envían a sus hijos y de los docentes que están a su cargo; la opinión pública desconfía de las instituciones educativas en general”.

Por su parte Aquilino Melgar, profesor de Educación Secundaria Obligatoria, apunta respecto al gran reto que supone la confianza, “que no se puede educar en un contexto donde los docentes no confían en sus alumnos y en su propia capacidad de transformación de la sociedad”. La confianza se convierte en el motor de buenas prácticas educativas y de innovación. Es un elemento clave para construir un clima de convivencia adecuado. Y termina siendo el impulso transformador de la institución escolar y de la sociedad.

La confianza es un gran reto, tan importante como las inversiones y las políticas educativas. Confianza y convicción son los mejores puntales para el sistema de enseñanza en tiempos de crisis. ¿Qué ocurre cuando desde la Administración educativa y desde una parte de la sociedad se está minando constantemente la confianza en el sistema público de enseñanza, la credibilidad de los docentes y la bondad de los alumnos y alumnas para esforzarse por aprender? Que se instala la inestabilidad en el sistema porque el conflicto se convierte en una constante macabra, en un conflicto de difícil solución. Porque, además, la quiebra de la confianza y de las convicciones como estrategia política lleva implícita la voladura controlada tanto de las vías de comunicación para el diálogo como de los posibles foros de encuentro.

Esta situación, que tuvo sus inicios en la Comunidad de Madrid durante el curso que termina, y que ha cristalizado en más de 12 huelgas y otras tantas manifestaciones, se ha extendido al resto de España de la mano del Ministerio de Educación. Al Gobierno le falta sensibilidad hacia el sistema de enseñanza y hacia el tremendo esfuerzo que cada día hacen docentes, alumnos y familias; y le falta finura a la hora de afrontar aquellas reformas que no dejan de ser necesarias, pero que ni mucho menos van en la línea proclamada por el Ministerio.

Recuperar la confianza en el sistema público de educación es uno de los grandes retos que tiene el Gobierno. Y una de las grandes tareas en las que se debe involucrar la comunidad educativa. Sin confianza y sin convicción es muy difícil desarrollar con calidad la profesión docente y educar a los niños, niñas y jóvenes.

La pobreza se instala en la infancia

El último informe UNICEF es demoledor: casi 2.500.000 niños y niñas españoles están en el umbral de la pobreza. Hemos pasado en tres años de tener un 24% de la población infantil en esta situación al 26% enla actualidad. Esto significa que más de la cuarta parte de los niños en España están en el umbral dela pobreza. Por otra parte, UNICEF también informa que ha aumentado la pobreza extrema, lo que significa que los pobres son más pobres y que ha crecido su número. Son cifras alarmantes que nos sitúan ante una pobreza crónica; la más alta entre los 15 países más desarrollados de Europa y, solo por delante de Rumania y Bulgaria entre la Europa de los 27. El llamado “cuarto mundo” está más visible ahora, con todo su significado, en el “primer mundo”. Los efectos de las políticas de austeridad empiezan a hacerse visibles. La solidaridad internacional se resquebraja y la cooperación ha pasado al último lugar, cuando no ha desaparecido de la agenda política de los gobiernos, también del de España. En los últimos años el número de pobres se ha duplicado. La ayuda al desarrollo ha retrocedido al nivel más bajo en los últimos 50 años. La gestión de la globalización está totalmente ideologizada. Se da como irreversible que la única manera de gestionar la globalización es la ultraconservadora. “Hemos creado un sistema económico que es una fábrica de excluidos” (Viviane Forrester) y España no es ajena a este escenario.

Los españoles no tenemos conciencia de que empobrecemos cada día un poco más. La sociedad no ha encendido las alarmas. Cuando hablamos de pobreza infantil pensamos en la pobreza extrema, en los países remotos del cuerno de África. Sin embargo, en España ya se ha dado la peor de las situaciones posibles: la pobreza tiene cara de niño y de niña. Pobreza es perder atención sanitaria; perder una educación pública de calidad; que la alimentación sea tan básica que ponga en peligro, a futuro, el bienestar psíquico y físico de los niños, niñas y jóvenes. Pobreza es no poder disfrutar de una vida digna.

El Gobierno de España y las organizaciones internacionales deben atender urgentemente la pobreza como un problema de salud pública. UNICEF ha propuesto un plan de choque contra la pobreza infantil, no es la primera vez que lo pone sobrela mesa. Peroni los partidos políticos representados en el Congreso ni el Ejecutivo se dan por aludidos. Todo son paroles o todo se queda en papel mojado. Es urgente un plan de choque que traduzca el desarrollo económico, científico y tecnológico en desarrollo humano. Hay que construir un sistema de producción y bienes de servicios para todos y todas.

La política de austeridad, que no es otra cosa que recortes puros y duros, es un escandaloso repliegue de las élites sobre sí mismas para garantizarse los beneficios en sus inversiones a costa del empobrecimiento progresivo de los trabajadores. Hay que volver a hundirse en la realidad de los otros para ser solidarios. Esto, creemos, que le toca a los movimientos sociales de amplio alcance. Porque los gobiernos de España, y el de Europa, nos han puesto en una situación de emergencia social: la lucha urgente contra la pobreza infantil.

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