Seis años después de que tres familias recurrieran a los tribunales de justicia para preservar el derecho de sus hijos a recibir la enseñanza en castellano, el pleno de la sala  de lo contencioso-administrativo del TSJC acepta el recurso, pero avala el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Un modelo que, por otra parte, funciona razonablemente bien, respaldado por la gran mayoría del arco político y de la sociedad catalana. Independientemente del sesgo partidista que determinados medios de comunicación pretenden dar al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los efectos de la sentencia se limitan a las tres familias que exigieron recibir clases de castellano para sus hijos. En este caso lo más importante es dictar las reglas para acordar cómo conjugar los intereses generales con los intereses particulares, y que tanto los jueces como los gobernantes sean sensibles a la situación.

Una solución equilibrada para una sentencia que obliga, a futuro, a cualquier ciudadano que pretenda disfrutar del derecho reconocido a estas tres familias recurrir de manera individual ante los tribunales. Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil dela Universidad Autónomade Barcelona en su artículo Evitar el choque publicado en el diario El País (3 de marzo de 2012), escribe al respecto: “Es de esperar quela Administracióny el legislador sean sensibles y reaccionen para evitar que los ciudadanos tengan que sufrir un proceso judicial para hacer valer sus derechos.”

La diversidad lingüística es un bien básico del ser humano. Aprender en la lengua materna es un derecho que asiste a todos los seres humanos. En el caso de Cataluña el bilingüismo es el medio idóneo para que todas las personas de esa comunidad autónoma tengan un lugar propio en la sociedad y en la definición y el desarrollo de las políticas educativas y culturales. Porque la lengua, y en el caso catalán el bilingüismo, es un importante elemento de cohesión social. Un derecho fundamental que en muchas ocasiones tanto el Partido Popular como CIU han utilizado peligrosamente con el objetivo de arengar a sus respectivos votantes, convirtiendo la lengua en un problema para la convivencia y para las relaciones políticas y culturales entre España y Cataluña.

No se puede convertir en conflicto un derecho. Hay que conjugar los intereses pensando en el bien común de toda la  ciudadanía. Y hay que evitar el choque interesado entre los partidos políticos que gobiernan en España y en Cataluña, porque lo único que consiguen es polarizar a una parte de la sociedad española en torno a la crispación y a las posiciones más integristas. Buena parte del llamado “conflicto lingüístico”, cuando nos referimos a las relaciones entre el castellano y el catalán, se lo debemos a la manera de hacer política entre dos partidos conservadores como son PP y CIU, y al fabuloso ruido mediático que se provoca desde los medios de comunicación afines a uno y a otro partido. Al fi nal queda que la lengua materna es un derecho fundamental, y en este caso el castellano y el catalán.

El Gobierno andaluz ha dado marcha atrás al Decreto 302 que ordenaba a los interinos por nota, volviendo al modelo de 1993 acordado entrela Administracióny los sindicatos CCOO y UGT. Una vuelta atrás donde se prima la experiencia y que plantea un ajuste de las listas en la que los más perjudicados, independientemente de que sean los mejores, serán los más jóvenes. ¿Es la experiencia garantía o aval de conocimientos, buenas prácticas docentes o méritos profesionales? Mucho nos tememos que no.

La Administracióny los sindicatos se quedan atrapados en un bucle burocrático que convierte cualquier intento de innovar o de cambiar las cosas en un problema administrativo de imposible solución. Sigue siendo más meritorio el tiempo de servicio, independiente de la calidad del mismo, que la calidad humana y el mérito profesional de las personas que optan a un puesto de trabajo con tanta complejidad como es el de enseñar y educar. Preferimos retroceder 20 años en el tiempo a buscar soluciones con perspectiva de trabajo para los futuros mejores docentes. No tenemos un proyecto común, tenemos un proyecto cruzado de intereses corporativos donde se hace casi imposible cualquier acuerdo sensato.

En España los sistemas de selección son una tarea de las comunidades autónomas que con mayor porcentaje priman el tiempo de servicio sobre la nota y la formación. Pero el objetivo ha de ser garantizar el mejor docente posible con la mejor preparación posible y esto no lo garantizan los años de servicio. Cuando hablamos de que accedan los mejores docentes al sistema de enseñanza, no hablamos de que accedan los mejores funcionarios y los peores interinos, hablamos de que accedan la totalidad de los mejores. Y no nos cabe duda que para este trabajo en las listas de interinos hay que tener filtros.

¿Qué harán ahora tantas y tantos jóvenes que verán cómo se les cierran las puertas de acceso a la docencia? Esto también es un problema de calado social. ¿Desnudar a un santo para vestir a otro? Necesitamos otra mentalidad, y esta no la encontraremos nunca mirando hacia atrás. Los dos años de existencia del Decreto 302 no han sido fáciles parala Consejeríade Educación dela Juntade Andalucía. Al fi nal la mayoría sindical,la Justiciay la presumible urgencia de tener que contar a futuro con más interinos a causa de la nefasta política de recortar enla Oferta Públicade Empleo (OPE) han obligado al Gobierno andaluz a dar marcha atrás, pero la idea no era descabellada ni mucho menos.

 La tarea sigue pendiente. Buscar la fórmula para que se valore la calidad de los años de servicio, no los años de servicio sin más, la nota y la formación. Sin fórmulas nuevas o fórmulas intermedias la política de personal la termina marcando un colectivo concreto. Se vuelve a perder una oportunidad de oro para mejorar el sistema de selección.