Conjugar los intereses por el bien común

Seis años después de que tres familias recurrieran a los tribunales de justicia para preservar el derecho de sus hijos a recibir la enseñanza en castellano, el pleno de la sala  de lo contencioso-administrativo del TSJC acepta el recurso, pero avala el modelo de inmersión lingüística en Cataluña. Un modelo que, por otra parte, funciona razonablemente bien, respaldado por la gran mayoría del arco político y de la sociedad catalana. Independientemente del sesgo partidista que determinados medios de comunicación pretenden dar al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los efectos de la sentencia se limitan a las tres familias que exigieron recibir clases de castellano para sus hijos. En este caso lo más importante es dictar las reglas para acordar cómo conjugar los intereses generales con los intereses particulares, y que tanto los jueces como los gobernantes sean sensibles a la situación.

Una solución equilibrada para una sentencia que obliga, a futuro, a cualquier ciudadano que pretenda disfrutar del derecho reconocido a estas tres familias recurrir de manera individual ante los tribunales. Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil dela Universidad Autónomade Barcelona en su artículo Evitar el choque publicado en el diario El País (3 de marzo de 2012), escribe al respecto: “Es de esperar quela Administracióny el legislador sean sensibles y reaccionen para evitar que los ciudadanos tengan que sufrir un proceso judicial para hacer valer sus derechos.”

La diversidad lingüística es un bien básico del ser humano. Aprender en la lengua materna es un derecho que asiste a todos los seres humanos. En el caso de Cataluña el bilingüismo es el medio idóneo para que todas las personas de esa comunidad autónoma tengan un lugar propio en la sociedad y en la definición y el desarrollo de las políticas educativas y culturales. Porque la lengua, y en el caso catalán el bilingüismo, es un importante elemento de cohesión social. Un derecho fundamental que en muchas ocasiones tanto el Partido Popular como CIU han utilizado peligrosamente con el objetivo de arengar a sus respectivos votantes, convirtiendo la lengua en un problema para la convivencia y para las relaciones políticas y culturales entre España y Cataluña.

No se puede convertir en conflicto un derecho. Hay que conjugar los intereses pensando en el bien común de toda la  ciudadanía. Y hay que evitar el choque interesado entre los partidos políticos que gobiernan en España y en Cataluña, porque lo único que consiguen es polarizar a una parte de la sociedad española en torno a la crispación y a las posiciones más integristas. Buena parte del llamado “conflicto lingüístico”, cuando nos referimos a las relaciones entre el castellano y el catalán, se lo debemos a la manera de hacer política entre dos partidos conservadores como son PP y CIU, y al fabuloso ruido mediático que se provoca desde los medios de comunicación afines a uno y a otro partido. Al fi nal queda que la lengua materna es un derecho fundamental, y en este caso el castellano y el catalán.

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