La importancia de reflexionar sobre el currículo

“Como ponen de manifiesto múltiples investigaciones (Darling-Hammond, 2010; Willinghan, 2009; Davidson, 2009) los estudiantes contemporáneos, en su mayoría, no fracasan en la escuela ni abandonan los estudios de manera prematura por el duro nivel de exigencia escolar, sino, principalmente, por aburrimiento, por ausencia de interés, por la escasa relevancia y utilidad social de lo que se aprende y se enseña en la escuela. La mayoría de estas investigaciones confirman que la relevancia, el interés de lo que se trabaja en la escuela, se ha convertido en el factor crucial para garantizar la permanencia de los individuos en la escuela, su rendimiento y su desarrollo satisfactorio, especialmente para los estudiantes de niveles socioculturales más desfavorecidos” (Ángel Pérez Gómez, Una reforma elitista que añora el pasado e hipoteca el futuro, ESCUELA, número 3.956).

El proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) refuerza lo más negativo del currículo actual, mecanizado, repetitivo y previsible. Según el profesor Pérez Gómez, un currículo de carácter enciclopédico, repleto de datos fragmentados en asignaturas. La Lomce ahonda en el aprendizaje repetitivo de unos conocimientos enlatados a través de numerosas pruebas estandarizadas, escritas en papel, cuyos resultados marcan una línea divisoria entre el fracaso y el éxito escolar. Es un currículo de talla única que no se corresponde con la diversidad de los centros educativos y que provocará una pérdida considerable de talentos.

En un mundo globalizado, apostar como hace el anteproyecto de la Lomce por un currículo único, más concentrado y centralizado es optar por la rigidez, la burocracia y la uniformidad frente a la flexibilidad, la autonomía y el pluralismo. Eliminar o minimizar del currículo –como también hace la Lomce– determinadas áreas de conocimiento, es empobrecer educativa y culturalmente a las futuras generaciones.

Creemos que uno de los retos importantes de las distintas administraciones educativas ha sido y sigue siendo la reflexión sobre el currículo: ¿Qué currículo necesitamos? ¿Quiénes deciden y dónde se decide el currículo? ¿Cuál es el procedimiento para su mejor implantación y desarrollo? No se trata de cuánto currículo impongo, sino de cómo lo construyo, lo dinamizo y lo adapto a las exigencias y necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes.

Hay que reformar el currículo, su estructura. Introducir metodologías activas en el trabajo con los alumnos y entre los docentes. Dar paso a los nuevos conocimientos que exige la sociedad y al manejo de las nuevas herramientas de la comunicación y la información. Organizar el conocimiento con otros objetivos y otros tiempos. Quizás hay que reflexionar detenidamente sobre la importancia de un currículo específico para la enseñanza obligatoria, sin los saltos de cursos y etapas. Un currículo más flexible, rico en matices y con metodologías muy activas. Lo más bonito de la educación está en la experiencia, en la búsqueda de respuesta. En este momento los currículos sacrifican la magia de los procesos de aprendizaje a los resultados academicistas.

En un excelente artículo titulado La cultura del examen en Asia Oriental (ESCUELA, número 3.954) el profesor Kai-ming Cheng, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Hong Kong, escribe: “Por tanto, a diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde es reciente la introducción de pruebas estandarizadas y un currículo común, los sistemas de Asia Oriental parecen moverse en dirección opuesta. Ellos tratan de eliminar o modificar los exámenes públicos. Están intentando ampliar el plan de estudios para que los alumnos dispongan de múltiples oportunidades de aprendizaje, y puede que de excelencia, a través de distintas vías. A los estudiantes se les está motivando, dándoles oportunidades para encontrar en el currículo situaciones de la vida real y para que resuelvan los problemas de forma creativa. Y se les está dando tiempo para aprender más allá del conocimiento y habilidades, con el fin de facilitar sus dimensiones afectivas y de desarrollo. Todo esto son ideales y el viaje acaba de comenzar. Va a ser un largo periplo”.

Con el anteproyecto de la Lomce, España ha iniciado un viaje en sentido contrario al de los países de éxito educativo. Con un currículo pobre y de corto recorrido, adornado con abundantes pruebas estándar que se convertirán en el único fin de la educación; con una idea sumativa de la evaluación concebida como un instrumento de selección y exclusión; olvidándose de la importancia de la formación del profesorado y de su liderazgo pedagógico para ahormar el currículo, centrar la evaluación en los procesos de aprendizaje y transmitir a la sociedad confianza en la innovación pedagógica. El Gobierno ha iniciado su andadura por un camino de parches rápidos que no lleva a la excelencia de la enseñanza y del aprendizaje.

“Las reformas educativas auténticas requieren una inversión importante, económica y política.” Roger Slee. La escuela extraordinaria. Morata. Madrid 2012.

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14 de noviembre. Una huelga política necesaria, oportuna y solidaria

La huelga general convocada el pasado día 14 de noviembre por los sindicatos CCOO y UGT ha sido una convocatoria necesaria, oportuna y solidaria. Solo desde la acción organizada en movimientos sociales de amplio espectro se puede conseguir incidir en la realidad y modificarla. La huelga general corresponde a esta idea. La movilización da valor a la democracia.

En el sector de la enseñanza pública, uno de los más castigados por los recortes económicos del Ejecutivo, la comunidad educativa en su conjunto, padres y madres, alumnado y docentes, ha secundado de forma masiva la convocatoria de huelga general. El Gobierno confunde la mayoría absoluta que le ha otorgado una parte de los españoles con un cheque en blanco para hacer y deshacer a su antojo.

Las políticas de recortes del Ejecutivo, centradas en el déficit y el pago de la deuda que han generado tres décadas de políticas neoconservadoras, han creado una serie de barreras insuperables para muchos ciudadanos, no solo los seis millones de parados, es que cada vez un porcentaje más alto de familias españolas, por encima del 40%, tiene graves dificultades para llegar a fin de mes y para facilitar a sus hijos e hijas una educación de calidad y un mínimo de bienestar social.

Las barreras empiezan a ser infranqueables. Las familias tienen dificultades económicas por el encarecimiento de los bienes de consumo y los servicios y por los duros recortes en los salarios y en las prestaciones sociales. Esto se traduce en insuficientes ingresos para tener una vida digna; y en grandes dificultades para afrontar los costes de la escolarización.

La agenda ideológica del Gobierno y las políticas que genera crean graves problemas socioculturales. La educación deja de ser un derecho universal para convertirse en un beneficio, se está produciendo un desajuste alarmante de representaciones sobre el derecho a la educación. Las perspectivas políticas y económicas chocan frontalmente con la perspectiva social.

Las políticas educativas que pretende desarrollar el Gobierno, y que tienen en el anteproyecto de la Lomce su imagen más clara, suponen un duro ataque a la oferta de un servicio público de calidad: las escuelas no cuentan con los suficientes recursos materiales básicos; se empiezan a generar, toleradas por las propias políticas educativas, mecanismos de segregación y exclusión; las oportunidades de aprender podrían ser escasas si el clima pedagógico y la convivencia se deterioran en los centros.

Por último las políticas, insuficientes, de financiación están consiguiendo una oferta educativa escasa e inadecuada, además de excesivamente burocratizada; y unas propuestas pedagógicas encaminadas a excluir de la educación al mayor número posible de alumnos y alumnas.

Estudios internacionales sobre la situación de la escuela en el mundo de Unesco y Unicef o la ONU que, en boca del propio secretario general, ha insistido que la educación será una prioridad absoluta de esta institución para los próximos años, hacen tres recomendaciones de las que el Gobierno español debería tomar nota, dado que hemos entrado en “alerta educativa”: progresar y consolidar mayor justicia de recursos y posibilidades; promover escuelas comprometidas con la inclusión, y gestionar el sistema educativo hacia metas de inclusión.

España se aleja de estas recomendaciones, pero es que, además, se sitúa en una posición de riesgo para cumplir con las metas más importantes de los objetivos europeos en educación para 2020: reducir el fracaso escolar y el abandono escolar, y mantener y ampliar unas políticas socioeducativas que garanticen la igualdad de oportunidades y la equidad.

Hay motivos más que suficientes para una huelga general, y para mantener una agenda de movilizaciones y acciones contra la política educativa del Gobierno. ANPE y CSI·F tienen razón en una cosa, y es que esta huelga es política. No cabe duda, no puede ser sino política porque reivindica la función social de la educación y de la escuela como el ámbito en el que se concreta una educación inclusiva pública y de calidad, como el elemento clave a la hora de construir sociedades inclusivas, más justas, más solidarias y con más equidad.

El docente no es una herramienta, un tecnicismo, ajeno al contexto de restricciones, dificultades, miserias, faltas de recursos, deterioro de la convivencia y pobreza que los duros recortes están generando. Quizás sea el profesional que más directamente viva cada día el sufrimiento de las familias y cómo este afecta directamente al rendimiento escolar y el comportamiento de los niños y los jóvenes.

Unos docentes que como ciudadanos también están padeciendo los recortes salariales, el empeoramiento de sus condiciones laborales y sociales, el deterioro del puesto de trabajo, o el encarecimiento y la mala calidad de servicios básicos como la propia educación, la sanidad, la justicia, la calidad del medio ambiente, la vivienda, etc.

Quienes piensan que la huelga general del día 14 de noviembre era innecesaria, inoportuna e insolidaria es que no han levantado aún la cabeza hacia el cielo y han visto la tormenta perfecta que tienen sobre sus cabezas. Quienes piensan que ha sido una huelga política tienen toda la razón: política y repleta de ideales. Porque necesitamos políticas de calidad e ideales para educar a los niños, las niñas y los jóvenes, que es lo mismo que decir para construir el mejor futuro posible para España.

La FP Dual. Necesaria pero no suficiente

 El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto cuyo objetivo es la implantación de una Formación Profesional Dual, presumiblemente, inspirada en el modelo alemán. La Formación Profesional había sido una de las prioridades del Ministerio de Educación con el anterior Gobierno socialista, acometiéndose reformas llenas de sentido que situaban a la Formación Profesional en el ámbito del sistema educativo, prestigiaba esta etapa formativa y daba posibilidad de titulación y oficio a los jóvenes a través de un sistema de formación flexible y con un claro objetivo educativo. Una FP flexible y bien estructurada de acuerdo con el tejido empresarial español y las necesidades productivas del país.

Al actual Decreto hay que reconocerle el esfuerzo de intentar experimentar modelos alternativos pensando en la formación y en la empleabilidad de los jóvenes, un grupo social al que la crisis está castigando duramente. Pero también nos arroja dudas sobre el contexto donde ha de desarrollarse, así como en su aplicación y desarrollo.

EL CONTEXTO

La Lomce vuelve a situar la Formación Profesional en el margen del sistema educativo, sacrificando el prestigio y la calidad de esta etapa formativa tan importante a las necesidades de un Bachillerato de excelencia, más bien de élite. La Formación Profesional Obligatoria será un bálsamo para el Bachillerato y una máquina de exclusión que dejará fuera del sistema educativo, y al margen de la sociedad, a muchos jóvenes: sin estudios y sin trabajo. El prestigio de la Formación Profesional vuelve a estar en entredicho. El carácter educativo de esta etapa desaparece de un plumazo.

EL DECRETO

El primer problema que observamos es que se trata de una norma producto de la decisión del Gobierno, sin abrir una etapa de consulta previa con los sindicatos ni los empresarios, sin haber realizado una valoración detallada de las experiencias que sobre el tema existen en algunas comunidades autónomas, sin haber reflexionado, sin detenerse a valorar las reformas que ya había puesto en marcha el anterior Gobierno.

El Decreto plantea tres opciones. La primera es un contrato de aprendizaje y formación por parte de las empresas dirigido a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Desconocemos el formato de estos estudios, así como la implicación de las empresas y el coste que financiar esta modalidad supondrá a las arcas públicas. Sí tenemos claro que esta modalidad aleja, aún más, a los jóvenes expulsados del sistema del derecho a una educación de calidad. Está por ver cuánto percibirán las empresas por esta modalidad y qué validez tendrán las certificaciones obtenidas en el mercado de trabajo.

La segunda modalidad es la Formación Profesional convencional con un 20% de formación en empresas y el resto en el instituto. El Gobierno no aclara si en esta opción las prácticas serán remuneradas, ya que las empresas se benefician de la productividad de estos jóvenes en formación. Nada sabemos del currículo ni de cómo se articularán teoría y práctica en la consecución de una educación integral de la persona.

La tercera alternativa es la Formación Profesional Dual inspirada en el modelo alemán. Desconocemos cómo se va a articular y sobre todo qué papel tendrán las empresas españolas. En Alemania la FP Dual corre a cargo de las Cámaras, es decir, de los empresarios que entienden la FP como una importante inversión, esencial para la competitividad de las empresas. En España la situación es diferente. Las empresas españolas han sido, hasta ahora, beneficiaras de más subvenciones estatales que promotoras de inversión. Las dos grandes preguntas a responder son: ¿las empresas están dispuestas a hacer un esfuerzo mucho mayor del que han realizado hasta ahora como elementos dinamizadores de la Formación Profesional? y ¿están dispuestas a invertir en FP asumiendo la carga económica más importante de la formación de los futuros empleados?

“No es esa la cultura que ha predominado hasta ahora en España, donde no abundan los empresarios dispuestos a invertir en un tipo de intangibles que no están seguros de poder capitalizar. Así lo ha demostrado el plan de formación aplicado por el Gobierno vasco, cuyos resultados han quedado lejos de lo esperado por falta de compromiso empresarial” (Editorial de El País 11/11/2012).

Nada sabemos sobre la posición de las empresas, ni de la CEOE, que es la asociación empresarial interlocutora del Gobierno. Resulta llamativo que en la entrevista realizada por el diario El País al actual presidente de dicha organización, Juan Rosell, no se dedique ni un minuto a un tema tan importante como es el de la Formación Profesional.

NO TODO DEPENDE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La Formación Profesional Dual es muy importante, pero no es necesariamente suficiente. El modelo de crecimiento y el tejido productivo español han condicionado al sistema educativo. Especialmente por el gran desajuste que existe entre unos y otro, explicado en la escasa coordinación y la poca responsabilidad compartida a la hora de formar capital humano e imaginar un sistema productivo más humano y sostenible. El actual modelo de crecimiento es una máquina de exclusión social y empobrecimiento de la mayoría de los ciudadanos.

El capital humano es determinante en el funcionamiento del mercado de trabajo, en los niveles de renta per cápita de una sociedad, en la productividad y en el crecimiento económico a largo plazo. Aquellos países con mayor capital humano y con mayores niveles de educación son los que aguantan mejor la crisis y tienen menores tasas de desempleo. La Formación Profesional, obligatoria, convencional o dual, poco aportarán si no se articulan políticas globales en las que educación, investigación, innovación, inversión, participación y proyecto social interactúen para conseguir un tejido social dinámico, un sistema productivo y un crecimiento sostenibles, y un mercado laboral donde prime la calidad del puesto de trabajo y la formación excelente del capital humano.

Hoy creemos que no se dan ninguna de estas condiciones. La FP Dual pudiera ser una isla, fácilmente inundable, en medio de un océano embravecido por las políticas sociales y económicas del Partido Popular que, de momento, siguen siendo una maquinaria precisa de exclusión educativa, laboral y social.

Otro modelo de centro para un sistema de calidad

¿Qué modelo de centro favorece una educación inclusiva? Cuando hablamos de modelo de centro nos referimos al modelo de organización de la estructura física, los recursos materiales y humanos –docentes, personal de administración y servicios, nuevos perfiles profesionales de apoyo a la docencia–, modelo de dirección, participación de la comunidad educativa. Y del modelo educativo, que con sus fundamentos ideológicos y políticos, tiene una importante influencia en el modelo de centro.

Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada, ha escrito que necesitamos rediseñar la gestión burocrática de los centros educativos: “Necesitamos organizaciones escolares más flexibles, capaces de adaptarse a contextos sociales más complejos”. Estamos de acuerdo con el profesor Bolívar cuando apunta que España ha vivido la contradicción de importar un modelo de desarrollo curricular de corte anglosajón sin haber favorecido, paralelamente, la autonomía de los centros y el liderazgo de los equipos directivos, “y esto ha chocado con nuestra tradición normativista y ha encorsetado la práctica docente hasta el límite de desprofesionalizar la docencia”. “Se ha propiciado una uniformidad forzada. Esto ha supuesto un lastre para el sistema educativo”.

Las distintas reformas se han olvidado del modelo de centro y de la formación del profesorado. El último anteproyecto de ley del Gobierno (Lomce) no hace mención alguna ni sobre un tema ni sobre otro. Sabemos que apuesta por convertir los equipos directivos en meros ejecutores de las directrices del Gobierno, y nada dice sobre la formación de los docentes.

Es preciso reflexionar sobre la dimensión organizativa de los centros escolares. Un reflexión necesaria que nos encamine hacia un modelo de centro que permita desarrollar la educación como una tarea colectiva de la comunidad educativa. Hay que repensar el modelo de centro y hay que configurar un nuevo espacio público fundamentado en redes y acuerdos entre instancias sociales y la comunidad educativa. “Educar es corresponsabilidad de toda la sociedad”. (A. Bolívar)

La clave está en potenciar la autonomía, potenciando la participación y el liderazgo de los equipos directivos. La escuela pública no es la escuela intervenida por el Estado, como se apunta en la Lomce, esa sería la escuela estatal, propia de dictaduras y democracias débiles o formales. La escuela pública es la que está participada por la sociedad y gestionada por el conjunto de la comunidad educativa, y requiere otro modelo educativo y otro modelo de centro.

La participación como elemento de progreso

La participación de la comunidad educativa es muy importante para la buena organización y gestión de los centros. En España, a pesar de que existe una legislación abundante que facilita la participación de las familias, los docentes y el alumnado en la toma de decisiones del centro, esta sigue siendo una asignatura pendiente. El marco legislativo español es el amplio cauce de un río con muy poco caudal, cuando no seco.

La futura ley de educación (Lomce), si finalmente convierte los consejos escolares en “órganos consultivos”, ahondará aún más el alejamiento de las familias y de los alumnos de la participación, así como a los docentes. Todo el poder y el gobierno a los equipos directivos también significa convertir al claustro de profesores en meros espectadores de la vida del centro. En los sistemas educativos más avanzados de la Unión Europea la participación de la comunidad es clave para la eficacia y la calidad del sistema educativo. Pero quizás lo que más sigue perjudicando a la participación en los centros de alumnos y familias es la cultura pedagógica de una amplia mayoría de los docentes y la organización escolar: el modelo de centro. La participación es muy complicada con la actual organización curricular, administrativa, de horarios… de los centros. Hay que redefinir el escenario de la relación familiar, docente y escuela.

No es menos preocupante el déficit de participación del alumnado. La participación de los niños, niñas y de los jóvenes en las actividades y tareas de los centros tendría que ser transversal tanto al currículo como a la vida interna de colegios e institutos. A participar se aprende participando, aquí es cuando se adquiere sentido del respeto y de la responsabilidad. Es el camino más seguro para empezar a tomar conciencia de lo importante que es la democracia participativa para la democracia formal.

Experimentar la participación, la cooperación y la solidaridad es la mejor asignatura de Educación para la Ciudadanía. No olvidemos que educar para la ciudadanía sigue siendo el principal objetivo de la escuela pública. Pero ni la participación ni la educación ciudadana están en la agenda de la Lomce. Otro paso atrás en las políticas de progreso.

La confianza como objetivo

La comunidad educativa, los agentes sociales, las administraciones públicas y las empresas privadas tienen la obligación de transmitir confianza en el sistema educativo. Una confianza que hay que construir día a día y que debe ser el principal soporte de las políticas educativas que han de preservar la educación de los vaivenes políticos y económicos.

La confianza es tan importante para el buen funcionamiento del sistema educativo, como para el buen funcionamiento de la economía o de las finanzas.

El sector de la educación necesita acuerdos, sentido, propósito, la financiación necesaria para que el futuro del país sea posible y tenga confianza.

“No es posible educar en un contexto en el que las autoridades desconfían radicalmente de los docentes; los docentes desconfían de las autoridades, sean del partido que sean; las familias desconfían de las escuelas a las que envían a sus hijos y de los docentes que están a su cargo; la opinión pública desconfía de las instituciones en general” (Pedro Ravela. México). Y que todos, en general, desconfíen de las capacidades y aptitudes de los jóvenes.

La educación es un proceso continuo, a largo plazo, que conjuga mal con los programas cortoplacistas de los partidos políticos. Es muy importante preguntarse cuáles son las condiciones necesarias para que la confianza de la sociedad arraigue en el sistema educativo español. Para que el Gobierno y la comunidad educativa arriesguen por el bien común que es la educación, como actitud que genera confianza. Trabajar en la confianza como objetivo es un elemento más a tener en cuenta para rebajar la tensión y las altas temperaturas que en este momento sufre el sistema educativo español.

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