Hace ya dos años que el gobierno del PP inició la reforma universitaria, que ahora pretenden ir apuntalando cerrando temas importantes como la acreditación y el acceso. 

No soy un experto en materia de universidad pero me llama mucho la atención, como una persona informada que pretende abstraerse del ruido mediático que provoca de forma permanente los medios de comunicación sobre la educación, que las reformas de calado del gobierno del PP hayan pasado con más pena que gloria por el sector de la universidad. Ni los rectores, ni la oposición parlamentaria ni la comunidad educativa universitaria, en toda su extensión, han mandado parar en ningún momento  el carrusel de duros ajustes contra los intereses de los/as trabajadores/as y el futuro de España.

El gobierno del PP no ha dado puntada sin hilo. Si hacemos un recorrido por la prensa de los dos últimos años observaremos que el PP ha tomado tres medidas que han comenzado a cambiar la faz de la universidad. Primero  fijando una tasa de reposición que no permite sustituir jubilaciones y sólo contratar por horas y en precario. Segundo, endureciendo el acceso a las becas y ayudas, excluyendo a miles de estudiantes y restringiendo seriamente la libertad de oportunidades; además el gobierno del PP ha recortado la cuantía y el número de becas y ayudas. Tercero, la subida de las tasas universitarias que en comunidades como Madrid y Cataluña literalmente se han disparado, existiendo en la actualidad unas importantes diferencias en el coste real de una carrera según en qué comunidad autónoma la estudies. Una situación que viene a aumentar las diferencias territoriales ya de por sí preocupantes en otros aspectos.

Hace unos días los rectores de dos universidades madrileñas tan emblemáticas como la Politécnica y la Carlos III apuntaban la degradación que las políticas del gobierno del PP están produciendo en la universidad española, con el problema que significa para el futuro de España.

Hechos los recortes oportunos, los temas que quedan sobre la mesa sin dejar de ser importantes no tienen el calado social ni económico que los anteriormente enumerados. A lo mejor me equivoco pero creo que el gobierno del PP ha hecho la gran reforma de la universidad a plazos, con premeditación, alevosía y nocturnidad ante el despiste monumental de la comunidad educativa universitaria  que parece no darse cuenta aún de la que le viene encima.

Muchos títulos universitarios no significa sabiduría. Ni saber algunos o muchos idiomas significa capacidad para entenderse con el prójimo. El ministro de Educación y la secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional son dos claros ejemplos de lo que intento explicar: parece que les cabe todo en la cabeza pero no entienden nada. Son los perfectos ejecutores de una ley fabricada por los sectores religiosos y económicos más reaccionarios de España como es la Lomce. Pero podrían haber ejecutado el mismo formato de ley contra cualquier otro ámbito de la vida española si esa hubiera sido su trabajo. Por desgracia ha sido la educación pública la que ha tenido que sufrir los rigores ideológicos y el manoseo verbal de esta singular pareja de charlatanes aunque poco comunicativos. El profesor José Manuel Pérez los describe a la perfección en tres líneas: «La gente dice barbaridades  como si hubiera perdido el pudor o la cabeza. O como si el destino de sus semejantes les importara un rábano» (Opinión. la prensa ha dicho. Periódico Escuela número 4.028)

Con la Lomce, en vigor desde final de diciembre del 2013,  se inicia un nuevo curso en el que entraremos en harina  aplicando  la Ley en 1º, 3º y 5º de Primaria, por cierto la gran mayoría de las comunidades autónomas aún no han aprobado el nuevo currículo. Con la puesta en marcha de la asignatura de Religión Católica (catequesis) y las alternativas Valores Culturales en Primaria y Valores Éticos en Secundaria a las que también ha dado el visto bueno la jerarquía católica liderada por el apóstol del nacionalcatolicismos Rouco Varela.  Se activa la evaluación prevista para 3º de Primaria y se perfilan las reválidas a partir del curso 2016-2017, que si el estudiante no aprueba es expulsado del sistema educativo. Ya las universidades podrán realizar  pruebas de acceso para cada carrera. Y además el ministerio pagará por adelantado  a los colegios privados  que impartan clases de castellanos al alumnado que lo pida y no encuentre oferta en la escuela pública, por ejemplo en Cataluña. ¿La inversión? ¿Quién paga la cuenta? Quedamos a expensas de la beneficencia de la Unión Europea (UE) Total para que estudien los hijos e hijas de los obreros. Aquí el gobierno ha aplicado sin fisura el pensamiento de la diputada Fabra: ¡qué se jodan¡

Esta Lomce comenzó a aplicarse en  el momento en que Mariano Rajoy pisó la Moncloa: recorte de la inversión, recorte de plantilla, recortes en los recursos materiales y en las infraestructuras; eliminación de las políticas socioeducativas, becas para comedor, transporte, libros, refuerzos, etc; encarecimiento del servicio público educativo, que de ser un derecho se convierte en un bien de consumo solo para quién lo pueda pagar y con la opción de la beneficencia, es decir la escuela pública; el sistema educativo permeado por la clase social del estudiante, que promueve  exclusión de cientos de miles de jóvenes sin posibilidad de retorno.

Me llama mucho la atención la obsesión que tienen con los exámenes, con medir aquello que el alumnado tiene que estudiar. Evaluar es otra cosa. Richard Gerver en su artículo «¿Qué hacemos con ellos?» (Periódico Escuela número 4.028) indica que el examen es «un ejercicio vulgar y francamente inútil» para comprobar nuestra capacidad memorística. Y  señala que la OCDE en un documento reciente, «Panorama de las habilidades»,  que explora el vinculo entre educación, habilidades y empleabilidad  concluye que las habilidades académicas rutinarias que se miden en los exámenes estaban consideradas como irrelevantes por los principales empleadores. demostrándose que el proceso del examen es completamente inútil.

De otra parte, Oscar Valiente, profesor de la Universidad de Glasgow, coordinador de un estudio sobre la FP `para la Fundación Bofill indica que la FP Básica » contiene graves errores y responde a una concepción antigua de la FP», conviertiendola en una segunda vía para el alumnado que tiene dificultades en Secundaria. Según el profesor Valente se asume que esta etapa es la solución al fracaso escolar, cuando no lo es». La única lógica que existe para enviar a la FP Básica al alumnado que no consigue graduarse en la ESO es la clasista, aquella que convierte al sistema educativo en una máquina de exclusión social.

Pero quizás lo más llamativo de la implantación de la Lomce en el nuevo curso escolar es el ajusto de cuentas que con premeditación y alevosía ha perpetrado el gobierno del PP con  respecto a la Educación para la Ciudadanía (EpC) y contra las políticas socioeducativas,  lo que da cuenta del peso que tiene en la Lomce el integrismo católico y los sectores más reaccionarios de la economía y de la política española.

Un nuevo curso rehén de una ley injusta e inútil, que la mayoría de la sociedad no había exigido ni pedido pero que satisface a las élites más conservadora de la sociedad española. Seguramente tendremos  jóvenes bien adiestrados pero peor educados y mucho peor formados. Carne de paro, y de empleo de mala calidad, y de la mayoría silenciosa que tanto gusta al PP, pero insolidarios y replegados en si mismos. Porque este es el objetivo,  una sociedad desigualdad con muchos peones fieles para servir al amo.

¡La conquista del Pan tendría que ser de lectura obligada¡