La escuela pública como garante de la igualdad de oportunidades

El Gobierno andaluz planea modificar la planificación escolar para el próximo curso optimizando los recursos para la escuela pública y moderando la inversión en la escuela privada concertada, retirando conciertos y no aceptando nuevas solicitudes. El plan estará fundamentado en un estudio detallado del mapa escolar que aclare la posibilidad de impulsar la opción de escuela pública frente a la escuela concertada.
La decisión de la Junta de Andalucía de fortalecer al sector público educativo, respetando la opción que para muchas familias supone la escuela privada, es una apuesta valiente por la igualdad de oportunidades para la clase trabajadora y socialmente menos favorecida. No solo avalada por razones económicas y sociales, sino también, políticas.
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce) rompe el consenso institucional y político que daba sentido a los conciertos educativos, cambiando las reglas del juego, extendiendo el modelo de la Comunidad de Madrid al resto de España. En situación de crisis generalizada, que está pagando la clase trabajadora, es inadmisible que se cierren centros públicos y se abran centros privados subvencionados con dinero público. Como es inadmisible que no se haya tocado un solo euro a las subvenciones de la Iglesia Católica, y se mantengan miles de catequistas elegidos por la Conferencia Episcopal y pagados por la Hacienda pública para impartir doctrina a lo largo de todo el sistema educativo. El anteproyecto de la Lomce rompe el consenso constitucional establecido en torno a la doble red y a la asignatura de Religión católica: blinda la escuela concertada; prorroga los conciertos hasta seis años, con renovación automática; invade las competencias autonómicas, obligando a los gobiernos a planificar en función de la “demanda social”, independiente de las necesidades familiares; impone por ley los conciertos a los centros que segregan por sexo, en contra de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, e introduce la asignatura de Religión Católica y su alternativa.
El anteproyecto de la Lomce es una propuesta radical, marcada por la agenda política y religiosa más extrema. Roto el equilibrio por una parte, roto por todas las partes. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está apostando por el sentido social que debe fundamentar la educación, enseñar al que no sabe y enseñar al que menos sabe, que en muchos casos son los que menos tienen y más castigados están por los recortes del Gobierno de España. Son muchas las familias que no pueden optar libremente por un centro de calidad, si la Administración educativa no les oferta una plaza pública. Con la revisión del mapa escolar, el Gobierno andaluz está haciendo efectiva la igualdad de oportunidades que no tiene que ver con la cuenta corriente de cada uno, sino con los derechos universales de las personas.
Es en definitiva una apuesta arriesgada y valiente, cuando se ha planteado una guerra total contra los servicios públicos, independientemente de que estos cubran las necesidades básicas y los derechos fundamentales de la población, principalmente de la más desfavorecida. Como explicaba recientemente Federico Mayor Zaragoza, en una entrevista concedida al diario El País, deberíamos atender menos a la OCDE y volver nuestra mirada hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos.

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2 pensamientos en “La escuela pública como garante de la igualdad de oportunidades

  1. La idea de que quien controla la educación controla el poder es antigua y la antagonía actual entre la enseñanza pública y la enseñanza privada es una consecuencia de ella. No deja de ser un conflicto de intereses y de ideologías, con un fuerte componente emocional, en el que, activamente o a nuestro pesar, todos estamos implicados. Un conflicto en el que confluyen distintos enfrentamientos, el del laicismo frente al catolicismo o cualquier otra religión, el del liberalismo frente al socialismo, el individualismo frente al colectivismo y, en definitiva, el que tiene cada individuo con el Estado o cualquier otra forma de poder.

    Porque, frente a la obligatoriedad de mandar a nuestros hijos a la escuela surge el deseo lógico de elegir la escuela a la que los mandamos. Y esta elección, suponiendo que nuestras circunstancias nos lo permitan, no depende exclusivamente de la instrucción formal que puedan ofrecer las distintas escuelas, institutos o colegios, sino también de todo lo que los acompaña; desde la ubicación y el alumnado de cada centro, hasta la confianza que nos merecen su proyecto educativo, sus profesores y sus resultados .

    Y aunque existe una oferta pública de calidad, con suficientes recursos y profesores cualificados, además de los especialistas necesarios para atender la diversidad de necesidades educativas que pudieran tener los alumnos, hay un importante porcentaje de padres que se decanta por la oferta concertada o por la totalmente privada. Y esto se produce básicamente por dos razones: porque los padres buscan algo de lo que la enseñanza pública carece y porque quieren evitar algo que la enseñanza pública tiene.

    Respecto a las carencias, cabe decir que, debido a las inercias y peculiaridades del funcionariado, es más difícil que un centro público genere y mantenga un proyecto y una metodología propios de lo que le resulta a un centro privado. Lo que propicia que, en la educación estatal, la innovación sea más una labor de individuos que de colectivos.

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