Las políticas de baja intensidad

Mientras que el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) sigue su camino con la oposición de todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados excepto el PP; de la comunidad educativa en su totalidad, incluidos los sindicatos del sector, que por primera vez se manifiestan de forma unánime y contundente contra un anteproyecto de ley; y el escepticismo más rotundo de las consejerías de educación de los diferentes gobiernos autonómicos, incluidas las del Partido Popular, el Gobierno se afana en aplicar unas políticas de baja intensidad que van desbrozando el camino al anteproyecto LOMCE: recortes presupuestarios, medidas contar el funcionariado, recortes de los derechos sociales de los más desfavorecidos, subida en el precio del servicio y un decreto represivo para modificar los derechos y obligaciones de los estudiantes. La posición del PP es alarmante. La LOCE, diseñada por el segundo gobierno de Aznar, no se llegó a desarrollar porque sencillamente era inaplicable en algunos ámbitos y en muchos aspectos. Habiendo tomado nota de esto, el Gobierno del PP, esta vez sí, está dispuesto a aplicar su ley, incluso antes de aprobarla en el Congreso, con medidas de baja intensidad.
Habiendo castigado con dureza a los docentes con recortes salariales y medidas para eliminar derechos sociales y profesionales a través de una dura batería de iniciativas contra el funcionariado, además de amenazar con un Estatuto Docente burocrático y piramidal, ahora la intención es atar corto a los estudiantes, especialmente a los alumnos y alumnas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), que son los que se movilizan y llenan las calles de las ciudades para protestar contra los recortes que pesan sobre la escuela pública, y contra el anteproyecto LOMCE.
Nadie da puntadas sin hilo. El Gobierno del Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para que se “establezca un procedimiento efectivo que apoye la autoridad del profesorado”. La enseñanza pública española es uno de los sectores más castigados por la política de recortes del gobierno del PP. Por una parte, el Gobierno se deshace en discursos llenos de cursilerías sobre la “necesaria autoridad de los docentes” y su abnegado trabajo; por otra, los maltrata con bajadas salariales y los insulta públicamente si es que se manifiestan contra el acoso y derribo de la profesión (declaraciones de Esperanza Aguirre, Gomendio, Wert, etc.). Al final, pobres pero docentes.
Según los datos del último informe del Observatorio de la Convivencia Escolar (2010), el clima en los centros era bueno. Así lo afirmaban el 80% de los docentes y el 70% del alumnado. La gran mayoría de las comunidades autónomas han regulado normas de convivencia en los centros y además tienen organismo de seguimiento y análisis. ¿Para qué regular los derechos y obligaciones de los alumnos y alumnas? Con la pincelada de brocha gorda que caracteriza a todas las iniciativas del Ministerio de Educación, esta proposición no de ley no es sino otra medida más encaminada a desmovilizar a unos jóvenes que ven cómo les roban el futuro. Una iniciativa para sacarlos de la calle, para reducirlos a un presente en permanente minoría de edad.
Esta vez sí. Esta vez la LOMCE estará en desarrollo cuando la apruebe el Congreso. Han descubierto la utilidad de las políticas de baja intensidad. Popularmente los “pellizcos de monjas”, que no te matan pero duelen y te dejan señalado.

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14 de noviembre. Una huelga política necesaria, oportuna y solidaria

La huelga general convocada el pasado día 14 de noviembre por los sindicatos CCOO y UGT ha sido una convocatoria necesaria, oportuna y solidaria. Solo desde la acción organizada en movimientos sociales de amplio espectro se puede conseguir incidir en la realidad y modificarla. La huelga general corresponde a esta idea. La movilización da valor a la democracia.

En el sector de la enseñanza pública, uno de los más castigados por los recortes económicos del Ejecutivo, la comunidad educativa en su conjunto, padres y madres, alumnado y docentes, ha secundado de forma masiva la convocatoria de huelga general. El Gobierno confunde la mayoría absoluta que le ha otorgado una parte de los españoles con un cheque en blanco para hacer y deshacer a su antojo.

Las políticas de recortes del Ejecutivo, centradas en el déficit y el pago de la deuda que han generado tres décadas de políticas neoconservadoras, han creado una serie de barreras insuperables para muchos ciudadanos, no solo los seis millones de parados, es que cada vez un porcentaje más alto de familias españolas, por encima del 40%, tiene graves dificultades para llegar a fin de mes y para facilitar a sus hijos e hijas una educación de calidad y un mínimo de bienestar social.

Las barreras empiezan a ser infranqueables. Las familias tienen dificultades económicas por el encarecimiento de los bienes de consumo y los servicios y por los duros recortes en los salarios y en las prestaciones sociales. Esto se traduce en insuficientes ingresos para tener una vida digna; y en grandes dificultades para afrontar los costes de la escolarización.

La agenda ideológica del Gobierno y las políticas que genera crean graves problemas socioculturales. La educación deja de ser un derecho universal para convertirse en un beneficio, se está produciendo un desajuste alarmante de representaciones sobre el derecho a la educación. Las perspectivas políticas y económicas chocan frontalmente con la perspectiva social.

Las políticas educativas que pretende desarrollar el Gobierno, y que tienen en el anteproyecto de la Lomce su imagen más clara, suponen un duro ataque a la oferta de un servicio público de calidad: las escuelas no cuentan con los suficientes recursos materiales básicos; se empiezan a generar, toleradas por las propias políticas educativas, mecanismos de segregación y exclusión; las oportunidades de aprender podrían ser escasas si el clima pedagógico y la convivencia se deterioran en los centros.

Por último las políticas, insuficientes, de financiación están consiguiendo una oferta educativa escasa e inadecuada, además de excesivamente burocratizada; y unas propuestas pedagógicas encaminadas a excluir de la educación al mayor número posible de alumnos y alumnas.

Estudios internacionales sobre la situación de la escuela en el mundo de Unesco y Unicef o la ONU que, en boca del propio secretario general, ha insistido que la educación será una prioridad absoluta de esta institución para los próximos años, hacen tres recomendaciones de las que el Gobierno español debería tomar nota, dado que hemos entrado en “alerta educativa”: progresar y consolidar mayor justicia de recursos y posibilidades; promover escuelas comprometidas con la inclusión, y gestionar el sistema educativo hacia metas de inclusión.

España se aleja de estas recomendaciones, pero es que, además, se sitúa en una posición de riesgo para cumplir con las metas más importantes de los objetivos europeos en educación para 2020: reducir el fracaso escolar y el abandono escolar, y mantener y ampliar unas políticas socioeducativas que garanticen la igualdad de oportunidades y la equidad.

Hay motivos más que suficientes para una huelga general, y para mantener una agenda de movilizaciones y acciones contra la política educativa del Gobierno. ANPE y CSI·F tienen razón en una cosa, y es que esta huelga es política. No cabe duda, no puede ser sino política porque reivindica la función social de la educación y de la escuela como el ámbito en el que se concreta una educación inclusiva pública y de calidad, como el elemento clave a la hora de construir sociedades inclusivas, más justas, más solidarias y con más equidad.

El docente no es una herramienta, un tecnicismo, ajeno al contexto de restricciones, dificultades, miserias, faltas de recursos, deterioro de la convivencia y pobreza que los duros recortes están generando. Quizás sea el profesional que más directamente viva cada día el sufrimiento de las familias y cómo este afecta directamente al rendimiento escolar y el comportamiento de los niños y los jóvenes.

Unos docentes que como ciudadanos también están padeciendo los recortes salariales, el empeoramiento de sus condiciones laborales y sociales, el deterioro del puesto de trabajo, o el encarecimiento y la mala calidad de servicios básicos como la propia educación, la sanidad, la justicia, la calidad del medio ambiente, la vivienda, etc.

Quienes piensan que la huelga general del día 14 de noviembre era innecesaria, inoportuna e insolidaria es que no han levantado aún la cabeza hacia el cielo y han visto la tormenta perfecta que tienen sobre sus cabezas. Quienes piensan que ha sido una huelga política tienen toda la razón: política y repleta de ideales. Porque necesitamos políticas de calidad e ideales para educar a los niños, las niñas y los jóvenes, que es lo mismo que decir para construir el mejor futuro posible para España.

La financiación como reto

En el editorial anterior destacábamos la necesidad de acuerdos amplios y duraderos en el tiempo entre la comunidad educativa y el Gobierno. Además de la necesidad de dotar de sentido y propósito a la educación más allá de la economía y el mercado. La financiación es otro de los elementos fundamentales para el sistema educativo.

La financiación, que nunca dejó de ser un reto para la política educativa española, en este momento es un problema. El esfuerzo inversor ha sido muy importante en los últimos 30 años, pero desde 2009 la tendencia es decreciente. Según estimaciones de organismos internacionales y de estudios nacionales, para 2014 la involución del gasto en educación situará la inversión en los niveles de los años 80, un 3,9% del PIB. Una enseñanza de calidad es cara. Niveles como los de Educación Infantil o Formación Profesional, por poner dos ejemplos, son especialmente costosos.

La situación actual es preocupante. Es cierto, como explica el profesor José Saturnino, que a partir de cierto umbral de inversión “más dinero no se transforma necesariamente en mejores resultados académicos, pero lo que no se conoce es ningún sistema educativo que resista sin tensiones ‘el tijeretazo’ en tan poco tiempo”. El esfuerzo inversor no se ha transformado de manera clara y rotunda en una mejora del rendimiento académico, pero tampoco lo ha empeorado. Mantener el esfuerzo presupuestario durante 30 años ha servido para convertir una escuela estatal mal dotada y peor considerada en un proyecto de escuela pública conforme dictaban los nuevos tiempos: nuevas infraestructuras, atención personalizada al alumnado que más lo necesitaba, dotación de plantillas, incorporación de nuevos perfiles profesionales a los centros, ampliación de los recursos materiales y didácticos, e inversión en TIC. En definitiva, atención a la diversidad y respeto a las diferencias en una población infantil y joven, escolarizada obligatoriamente hasta los 16 años.

Se nos olvida que, según todos los informes internacionales, la equidad es una de las señas de identidad del sistema educativo español. En España no se ha despilfarrado el dinero de la inversión educativa. Esta tesis manifestada por algunos políticos y medios de comunicación no tiene un solo argumento consistente. Es más, creemos que no tiene el aval de ninguna Consejería de Educación de las comunidades autónomas, que en definitiva son las que han mantenido el grueso de la inversión educativa.

Recortar no es priorizar. Para priorizar hay que detectar y consensuar con la comunidad educativa aquellos objetivos susceptibles de aumentar el esfuerzo inversor y aquellos otros en los que se debe mantener la inversión o incluso se pueda rebajar coste, pero nunca eliminarlos. En educación, el Gobierno ha elegido la política de la “motosierra” en vez de la del bisturí.

La financiación es un reto. Y el compromiso de financiación es clave para que un pacto de Estado por la educación sea creíble. Es una necesidad crear un fondo interterritorial, una caja común, para que el Gobierno de la nación pueda implantar y desarrollar políticas educativas capaces de dinamizar el sistema en su conjunto, y de reequilibrar las diferencias que existen entre las comunidades autónomas. Un fondo interterritorial cuyos fundamentos deben ser el compromiso, la corresponsabilidad, la cooperación y la solidaridad. En definitiva, la financiación es uno de los instrumentos que se reserva el Gobierno para favorecer la vertebración del Estado y garantizar el equilibrio entre comunidades autónomas.

Además, la financiación del sistema educativo es fundamental para afrontar los tres retos más importantes que tiene España, de acuerdo con los objetivos europeos para 2020. El primero es mejorar el rendimiento de todos los alumnos y alumnas de la educación obligatoria. El éxito educativo ha de ser el principal objetivo de la escuela pública. El segundo, el reducir el abandono escolar temprano, es decir, que al menos el 90% de los jóvenes sigan estudiando al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. El tercero es incrementar y mantener las políticas socioeducativas (becas de todo tipo, refuerzos, personal especializado de apoyo para alumnado en desventaja, recursos materiales, etc.) para garantizar la igualdad de oportunidades desde la equidad, un elemento fundamental en la protección de la infancia y que hoy es más necesaria que nunca.

Más presión para los ciudadanos. Más presión para las aulas

Casi 8 millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional han empezado esta semana el curso 2012-2013 marcado por los duros recortes impuestos desde el Gobierno. Se encarecen todos los servicios y bienes de consumo escolar; y, al mismo tiempo, se recortan severamente las inversiones destinadas a las políticas socioeducativas: comedor, transporte, becas, libros de texto, refuerzos y apoyos para el alumnado más desfavorecido. Una enorme presión económica para el ciudadano.

El aula también sentirá la presión de los recortes. Menos docentes, con más horas de trabajo, con menos salario, en peores condiciones laborales. Más alumnos por aula. La gran mayoría de los directores de los colegios e institutos ya han advertido, públicamente, sobre las grandes dificultades con la que se encuentran para poner a funcionar los centros. No cuadran los horarios, no cuadran los recursos, no cuadra la distribución de alumnos por aula. No cuadran los medios ni la nueva reforma con los objetivos ni con el discurso facilón del Ministerio sobre la importancia de la educación, y sobre todo no cuadra con la preocupación por el abandono o el fracaso escolar.

El incremento de los precios, unido a la desinversión, empieza a convertir la educación en un artículo de lujo para muchas familias que ya tienen grandes dificultades para acceder a la misma.

La política de ajuste, es decir los recortes presupuestarios, suponen un ahorro a corto plazo para el Estado pero unos gastos, casi imposibles de asumir, para la mayoría de los ciudadanos, y un servicio educativo de peor calidad para los niños y los jóvenes.

La propuesta de anteproyecto de ley que el Ministerio presentó en julio –LOMCE– podría estar preparada para iniciar su andadura parlamentaria en octubre. Una decisión inexplicable, si tenemos en cuenta la pobreza del texto, y el calado de los cambios que propone; el hecho de que la comunidad educativa no haya participado, ni mayoritariamente haya pedido esta reforma; y de que nadie conozca qué coste económico y social puede tener su implantación. Algunas de las líneas maestras de esta reforma son la implantación de las reválidas en Primaria, ESO y Bachillerato; la selección temprana del alumnado; la reforma de la EpC, la supresión de las pasarelas; eliminar la posibilidad de que el alumnado pueda obtener el título de la ESO por la vía del PCPI, una solución que expulsará del sistema a miles a jóvenes antes de los 16 años sin titulación ni posibilidad de inserción laboral; convertir los consejos escolares en órganos consultivos e introducir los conciertos para los centros que segregan por sexo, sin olvidar una reforma de la FP con importantes contradicciones. Muchas de estas medidas están consideradas como contraproducentes y antisociales por distintas investigaciones y experiencias prácticas que, desde hace años, se han realizado en las Ciencias Sociales. Además el sistema educativo español ya las experimentó en otros tiempos con notable fracaso.

Es una prioridad nacional disponer de un sistema educativo sólido, con docentes competentes que desarrollen su trabajo con profesionalidad y que esté al servicio de los ciudadanos, de los intereses generales. Lo que no parece una exigencia en los tiempos que corren es convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos, donde se despilfarrará buena y mucha inteligencia, al servicio de la política y la moral de determinados grupos de presión social y religiosa.

Castilla-La Mancha opta por la exclusión

Las medidas presentadas por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha para el curso 2012-2013, de las que ESCUELA da cuenta en la página dedicada a esta comunidad, es una clara apuesta por la exclusión educativa: educación para quien se la pueda pagar.
El derribo del sistema público de educación es desde el primer momento uno de los objetivos del Gobierno regional de Castilla-La Mancha. No se pueden entender de otra manera las medidas que desde la Consejería de Educación se han ido tomando, y que básicamente se resumen en dos: recortes y selección. La Consejería se deja caer, definitivamente, por la pendiente de los recortes sociales. Ha optado por las políticas contra los que menos tienen, contra los pobres y contra los más débiles.
Las medidas anunciadas por el consejero de Educación de Castilla-La Mancha tienen un denominador común: todos los servicios para aquellos que se los puedan pagar, y va a suponer un duro golpe contra la calidad del sistema y, sobre todo, una ruptura con un modelo que ha pretendido conciliar –con más o menos éxito– la calidad con la equidad.
En contra de lo afirmado por el consejero, los recortes no son inocuos y no se hacen buscando la eficiencia, se hacen para sustituir un modelo educativo por otro. Menos educación para todos. Y educación de baja calidad para la mayoría. Las personas que más lo necesitan se verán privadas de los servicios socioeducativos como comedor, transporte, medidas de apoyo y refuerzo, actividades complementarias o bibliotecas; sin hablar de los duros recortes en las plantillas docentes y del duro ataque contra la escuela rural castellanomanchega que ha sido un referente del sistema educativo de calidad en esta comunidad. Todo esto tendrá efectos negativos sobre los resultados escolares, sobre el fracaso y el abandono escolar temprano.
Las medidas presentadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha suponen un paso atrás en la garantía del derecho a la educación, en la formación para el empleo, en la compensación de las desigualdades y en la calidad del sistema educativo. Además abandona la única medida eficaz para salir de la crisis: invertir en educación.

Hay razones para la huelga

El 22 de mayo los sindicatos con representación en la Mesa Sectorialde Enseñanza Pública (CCOO, UGT, CSI.F, STES-i, UGT, ANPE, CIG-Ensino y ELA) convocaron huelga general en todo sistema educativo español, desde Educación Infantil hastala Universidad. Másde 1.500.000 de trabajadores de la enseñanza fueron llamados a una movilización que afectó a más de 7.500.000 de alumnos. CEAPA, la confederación de padres y madres mayoritaria en la enseñanza pública, también convocó y apoyóla huelga. Ademásdel Sindicato de Estudiantes y las asociaciones mayoritarias entre el alumnado.

Por otra parte, todos los rectores de las universidades españolas respaldaron un manifiesto público en el que se recogía la preocupación por las declaraciones del ministro de Educación sobre el sistema universitario español. Los rectores no comparten ni el diagnóstico, ni las afirmaciones ni los duros recortes del gobierno sobre el sistema universitario español.

Con el respaldo de casi el 85% de la comunidad educativa española y con el apoyo a esta huelga general en la enseñanza de más del 80% de los trabajadores del sector no queda sino pensar que hay motivos más que suficientes para la huelga general y razones más que de sobra para mantener la movilización social ante el duro recorte presupuestario que ha sufrido la inversión en educación, como producto del estrangulamiento económico que está sufriendo el sector público.

Los duros recortes aplicados por el Gobierno degradan la educación pública  precarizando la función docente y masificando las aulas.

El curso pasado con el Gobierno del PSOE el presupuesto en educación ya sufrió un duro recorte (7,3%). En este momento mientras la media en inversión de la Europa más desarrollada es del 5,5%, la media de España ha caído hasta el 4,3%, y aún no ha tocado fondo. Nada se ha librado de los recortes: la política de personal; la política de becas; la formación del profesorado;la Educación Infantilen el tramo de0 a3 años; la enseñanza postobligatoria; la universidad y el sistema científico casi paralizando al sector público de la investigación.

El Gobierno se ha equivocado, no ha puesto un plan de reformas sobre la mesa a la comunidad educativa. No ha sido capaz de imaginar una ley de financiación. En época de crisis hay que aplicar más y mejor el bisturí y nunca el hacha. No se ha abierto al diálogo. Ha presentado un paquete de recortes a bulto que ha movilizado a la comunidad educativa por encima de las ideas y las preferencias políticas. Algo ha debido de hacer mal. Rectificar es de sabios. Porque han dado sobradas razones y muchos motivos para una huelga general.

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