Reconstruir la profesión docente

La docencia se encuentra ante una paradoja. Por un lado, son muchas las investigaciones que establecen la relación que existe entre la calidad de la educación y la calidad de los docentes. Por otro, se toman decisiones políticas, se aplican medidas y se hacen declaraciones públicas desde las distintas administraciones educativas que están provocando la precariedad laboral, desmoralizando al colectivo docente y debilitando los saberes profesionales.

En los últimos tres años las políticas y las inversiones educativas están proletarizando la profesión docente: aumento del horario laboral; subida de la ratio alumno/docente; bajada de los salarios; peores condiciones laborales; debilitamiento de los derechos sociales y acceso restringido a la formación continua.

El deterioro de la profesión docente también está unido a otras variables. Juan Carlos Tedesco escribe al respecto: “El deterioro de la profesión docente está asociado a otras variables culturales vinculadas a la aparición de nuevos agentes de socialización y de cambio de transmisión cultural que se ha producido en la sociedad”. Según el profesor Tedesco, el fuerte impacto de los medios de comunicación de masas y el enorme potencial de las TIC para transmitir información y adquirir conocimiento, sitúan la escuela y a los docentes casi en un lugar subalterno.

Por otro lado, la disociación que se produce entre la teoría pedagógica (expertos universitarios), la práctica educativa (docentes) y la toma de decisiones políticas (gobiernos) provoca que la formación inicial y continua de los docentes no esté blindada ante los vaivenes políticos y económicos. “La docencia debe de ser una de las pocas profesiones, tal vez la única, donde existe una distancia tan significativa entre los contenidos de la formación y las exigencias para el desempeño”, escribe Juan Carlos Tedesco.

Y no menos importante entre las variables que inciden en el deterioro de la profesión docente es el supuesto vínculo, tan de moda, entre el trabajo de los docentes y los resultados académicos del alumnado. El anteproyecto Lomce es explícito, “la calidad educativa debe medirse en función del output (resultados de los escolares) y no del input (niveles de inversión, número de profesores, números de centros, etc.)”, una presión externa que termina desvirtuando el sentido de la docencia convirtiéndola en una preparatoria para hacer frente a pruebas externas estandarizadas. Es innegable que existe una relación entre la calidad de los procesos de aprendizaje del alumnado y la calidad de la docencia, pero no existen argumentos sólidos para concluir que el cien por cien de la responsabilidad de los resultados escolares se localizan en el desempeño de la profesión docente.

Reconstruir la profesión docente es un reto muy importante. El docente es el gran ausente del anteproyecto Lomce. Las políticas educativas del gobierno han debilitado su imagen pública y sus condiciones sociolaborales y profesionales. No se ha consultado al colectivo ni a las organizaciones que le representa. Lo que sí transmite el anteproyecto de Ley y las constantes declaraciones del Ministerio de Educación es una gran desconfianza hacia el colectivo docente, aunque es clave para cualquier reforma.

El reto está en responder qué profesionalidad docente necesita la sociedad del conocimiento.

La construcción de la profesión docente es una tarea permanente que en la actualidad se desenvuelve en un escenario inestable y francamente desfavorable. Los docentes deben reivindicar el control de su trabajo y hacerlo desde una perspectiva innovadora. Según Emilio Tenti, desde esta perspectiva, el docente debe ser “un profesional técnico, es decir, poseedor de un saber acerca de los medios de la enseñanza y el aprendizaje”. Desde una perspectiva complementaria, “los docentes serían profesionales críticos, es decir, constructores de subjetividades conforme a proyectos políticos que transcienden su identidad técnica”. Así, el docente sería un agente clave en los procesos de construcción de una sociedad más justa, libre y democrática. Para cumplir esta función social que los transciende, deben estar en condiciones de ejercer un control colectivo sobre el sentido, los objetivos y contenidos de su trabajo. En sentido estricto no serían funcionarios, sino intelectuales capaces de cooperar en la distribución de ese capital estratégico en las sociedades contemporáneas, que es el conocimiento y la cultura en las nuevas generaciones”.

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