Recuperar la educación pública para la sociedad

El PP ha desarrollado su agenda ideológica de máximos en el programa político de gobierno. La crisis económica provocada por la economía neoliberal ha sido la coartada perfecta para que el gobierno neoconservador del PP haya ejecutado durante más de tres años unas políticas encaminadas a desmantelar el Estado de Bienestar que se ha intentado construir en España. Un Estado de Bienestar inacabado porque nunca terminó de consolidarse como referencia de una sociedad más justa ni para una parte importante de la ciudadanía, ni para el PP ni para los nacionalismos vascos y catalán.

En el desmantelamiento del Estado de Bienestar ha sido clave la política del Gobierno del PP contra el sector público, que se ha apoyado en tres elementos fundamentales: los recortes en las inversiones; la privatización de la gestión pública, transfiriendo grandes cantidades de recursos en condiciones particularmente ventajosas hacia el sector privado; y orquestando campañas, con la ayuda de algunos medios de comunicación, contra la eficacia de la gestión pública y contra la figura del funcionario público. En este sentido, son significativas las duras declaraciones de gobernantes tan relevantes del PP como la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, la secretaria de Estado de Educación Monserrat Gomendio y el propio ministro de Educación José Ignacio Wert al poner en duda, de manera permanente, la profesionalidad, la honestidad y la honradez de un funcionariado que tras los años de Gobierno del PP no solo ha visto mermado su salario y sus condiciones de trabajo, sino atacada su honorabilidad.

La igualdad, la dependencia, la sanidad, la vivienda, el medioambiente. Nada ha escapado al hacha del Gobierno. Decretos y leyes han ensombrecido al sector público, han minado su eficacia y su calidad, han empobrecido a millones de personas que han sido excluidas de una vida digna para configurar una sociedad asimétrica y desigual donde los derechos han sido suplidos por el consumo de bienes y servicios. Si quieres una sanidad de calidad, una educación excelente o una atención personalizada para tus mayores, ¡paga! El volumen de la cuenta corriente ha sustituido al Derecho.

La educación pública, pilar fundamental del Estado de Bienestar, no ha sido ajena a la aplicación de la agenda de máximos ideológicos del PP. Más de tres años de recortes y políticas extremadamente conservadoras han deteriorado la calidad de la educación pública, han empeorado las condiciones laborales y los derechos sociales de los profesionales de la educación, han masificado las aulas y han desacreditado la profesión docente.

La Ley Orgánica para la Mejora de Calidad del Sistema Educativo (LOMCE), aprobada en el congreso de los Diputados con los votos del PP, ha certificado los recortes en las inversiones y un modelo educativo selectivo y excluyente, muy alejado de las ideas de progreso que deben construir un sistema educativo público de calidad para todos y todas. Mientras las reformas educativas de algunos de los países de nuestro entorno y de los grandes países asiáticos apuntan al siglo XXI, la reforma educativa del Gobierno del PP mira al sigo XIX y repudia, en sintonía con la reaccionaria jerarquía eclesiástica, incluso los principios más elementales de la Ilustración, esa gran revolución de las ideas que aún condena la Iglesia Católica.

Y, sobre todo, ha desplazado del eje del sistema educativo la educación pública como un derecho universal. Ahora la educación de calidad es un bien de consumo al alcance de algunos bolsillos, y regulada por la oferta y la demanda.

La educación pública se desangra con el Gobierno del PP. Cae la inversión, crece el alumnado y disminuye el profesorado.

La inversión pública cae en picado

 Los recursos destinados a la educación pública no universitaria se han ido reduciendo desde el año 2010. La inversión pública ha pasado de estar por encima del 5% del PIB al 4,3% actual. En la propuesta que el Gobierno del PP ha realizado al ECOFIN (órgano que supervisa las políticas fiscales y presupuestarias de los países miembros de la UE), contempla reducir el porcentaje de inversión del PIB dedicado a educación pública en más de 4.000 millones de euros, situándolo por debajo del 4% en 2015 y del 3,7% en 2016. Esto supone volver a los niveles de inversión de 1987.

Estos recortes, de una quinta parte de la cuantía de los fondos públicos, está acompañado de un incremento similar en el gasto privado educativo, que del 0,8% del PIB ha pasado a algo más del 1%. Ambos porcentajes, el público y el privado por exceso se alejan de la media de la UE e impiden ejercer a la educación su papel como uno de los medios más importantes para equilibrar las desigualdades sociales y promover el derecho de oportunidades.

La universidad pública no sale mejor parada de los recortes. El porcentaje de inversión en relación al PIB ha descendido notablemente. La universidad española ha perdido más de 1.500 millones de euros en los últimos cuatro años. Cerca del 32% de los recortes han afectado al capitulo destinado a nuevas construcciones, reparaciones, proyectos de investigación, etc. Solo el 27% del estudiantado reciben becas y ayudas. Las tasas y los precios se han incrementado más de un 23% respecto a 2010, mientras que el gasto público por alumno/a cae un 25,2% en los últimos cuatro años.

Profesionales de la educación

 Hay más estudiantes que tiene que ser atendidos por menos profesionales de la educación. Según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda, la educación pública no universitaria ha perdido, entre enero de 2012 y julio de 2013, cerca de 33.000 docentes, como resultado de la tasa de reposición impuesta por el gobierno (de cada 10 docentes jubilados/as solo se sustituía 1) y la no renovación del personal interino.

El Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha reducido entre los cursos 2011-2013 un 6%, es decir, ha perdido 4.611 efectivos, según datos del Consejo Escolar del Estado.

En la universidad, el capítulo de personal ha descendido 484 millones de euros (31,8%). Esto significa que, entre 2012 y 2014, 5.669 docentes y 2.455 PAS han perdido su puesto de trabajo. Junto a la destrucción de empleo, ha aumentado de forma considerable la precariedad laboral.

Becas y ayudas

 A la caída en picado de la inversión por alumno/a tanto en la enseñanza pública no universitaria como en la universitaria, se han sumado los recortes en las becas y las ayudas. A partir del curso 2010-2011, las ayudas se desploman y caen hasta la mitad. Lo mismo pasa con los beneficiarios de la becas, que pasan de un millón a menos de 400.000 estudiantes. Solo en la universidad la economía de recortes del PP ha expulsado de los campus públicos a más de 45.000 estudiantes. Esta cifra podría aumentar si, como sugiere el Ministerio de Educación, se sustituyen ayudas por préstamos personales.

¿Consecuencias en la educación pública de los recortes detallados? Baja la calidad, se compromete gravemente la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y se expulsa del sistema educativo al estudiantado más desfavorecido.

La pobreza educativa es un nuevo concepto, promovido por la política del PP, que está arraigando con fuerza en la sociedad española.

Pero hay alternativas

Es fundamental que el futuro Gobierno de España sitúe en el eje de su política al sector público mediante un discurso sustancial que prestigie y haga visible el concepto público, y mediante las inversiones suficientes para desarrollarlo desde el programa de gobierno.

La construcción de la educación pública no es un camino fácil y no se puede transitar sin analizar el escenario histórico y sin contemplar la inequidad social que en estos momentos nos rodea.

Es muy urgente devolver la educación pública al eje del sistema educativo y recuperarla como un derecho humano universal. Y tomar medidas concretas. Políticas, ampliando las garantías constitucionales ofrecidas hasta el momento por los poderes públicos, a través de la creación de centros y de la programación general de la educación. Económicas, garantizando una financiación mínima que en un tiempo razonable consolide el 6% del PIB en la inversión educativa.

La educación pública, financiada con recursos del Estado, es la única que puede garantizar que el derecho a la educación de calidad para todos y todas sea una realidad.

Consolidar y mejorar la educación pública es una tarea inaplazable. No solo es un problema cuantitativo, sino cualitativo. Recursos y calidad van de la mano.

En este sentido, son muy interesantes las recomendaciones que apunta el Colectivo Lorenzo Luzurriaga. Se requieren medidas, legislativas si fueran necesarias, que propicien la preservación de la red pública; que prohíban la privatización de la gestión pública; que destinen las inversiones para la creación de nuevos centros y el suelo público exclusivamente a la oferta pública, y que propicien que los centros de nueva creación sean centros integrados que comprendan los niveles educativos desde Infantil hasta Bachillerato; que limiten los conciertos educativos; que declaren prioritaria la red pública de centros.

Es muy importante que las administraciones educativas realicen un diagnóstico general de las instalaciones y dotaciones de los centros públicos a fin de determinar su estado y sus deficiencias. De este diagnóstico se debería derivar un plan sistemático de construcción de centros y mejora de las instalaciones para que la educación pública responda a las exigencias de una educación digna y de calidad.

Otras medidas, que por motivo de espacio no vamos a detallar pero que son importantes, se refieren al sistema de admisión del alumnado para hacerlo más equitativo; a mejorar la calidad profesional de los profesionales de la educación; a mejorar sustancialmente el papel de los equipos directivos y de la inspección; a promover la participación del conjunto de la comunidad educativa en la educación pública, fundamentado un modelo de educación pública de éxito en la solidaridad y la cooperación.

En definitiva recuperar la escuela pública para la ciudadanía a través de un nuevo proyecto que sea integrador, intercultural, interterritorial, laico, participativo y democrático. Una educación pública que facilite la inclusión en sociedades cada vez más globalizada.

“Los sistemas educativos públicos bien podría seguir siendo una palanca en los estados que decidan utilizarla, para reducir los riesgos de la creciente desigualdad y exclusión social, para favorecer el sentimiento de identidad colectiva múltiple, fomentar una lealtad plural a diversas comunidades que conviven en un mismo territorio y promover la mezcla positiva de diversas culturas”. Colectivo Lorenzo Luzurriaga, seminario “Estado, educación y cultura pública”.

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