Las políticas de baja intensidad

Mientras que el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) sigue su camino con la oposición de todos los partidos políticos del Congreso de los Diputados excepto el PP; de la comunidad educativa en su totalidad, incluidos los sindicatos del sector, que por primera vez se manifiestan de forma unánime y contundente contra un anteproyecto de ley; y el escepticismo más rotundo de las consejerías de educación de los diferentes gobiernos autonómicos, incluidas las del Partido Popular, el Gobierno se afana en aplicar unas políticas de baja intensidad que van desbrozando el camino al anteproyecto LOMCE: recortes presupuestarios, medidas contar el funcionariado, recortes de los derechos sociales de los más desfavorecidos, subida en el precio del servicio y un decreto represivo para modificar los derechos y obligaciones de los estudiantes. La posición del PP es alarmante. La LOCE, diseñada por el segundo gobierno de Aznar, no se llegó a desarrollar porque sencillamente era inaplicable en algunos ámbitos y en muchos aspectos. Habiendo tomado nota de esto, el Gobierno del PP, esta vez sí, está dispuesto a aplicar su ley, incluso antes de aprobarla en el Congreso, con medidas de baja intensidad.
Habiendo castigado con dureza a los docentes con recortes salariales y medidas para eliminar derechos sociales y profesionales a través de una dura batería de iniciativas contra el funcionariado, además de amenazar con un Estatuto Docente burocrático y piramidal, ahora la intención es atar corto a los estudiantes, especialmente a los alumnos y alumnas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP), que son los que se movilizan y llenan las calles de las ciudades para protestar contra los recortes que pesan sobre la escuela pública, y contra el anteproyecto LOMCE.
Nadie da puntadas sin hilo. El Gobierno del Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para que se “establezca un procedimiento efectivo que apoye la autoridad del profesorado”. La enseñanza pública española es uno de los sectores más castigados por la política de recortes del gobierno del PP. Por una parte, el Gobierno se deshace en discursos llenos de cursilerías sobre la “necesaria autoridad de los docentes” y su abnegado trabajo; por otra, los maltrata con bajadas salariales y los insulta públicamente si es que se manifiestan contra el acoso y derribo de la profesión (declaraciones de Esperanza Aguirre, Gomendio, Wert, etc.). Al final, pobres pero docentes.
Según los datos del último informe del Observatorio de la Convivencia Escolar (2010), el clima en los centros era bueno. Así lo afirmaban el 80% de los docentes y el 70% del alumnado. La gran mayoría de las comunidades autónomas han regulado normas de convivencia en los centros y además tienen organismo de seguimiento y análisis. ¿Para qué regular los derechos y obligaciones de los alumnos y alumnas? Con la pincelada de brocha gorda que caracteriza a todas las iniciativas del Ministerio de Educación, esta proposición no de ley no es sino otra medida más encaminada a desmovilizar a unos jóvenes que ven cómo les roban el futuro. Una iniciativa para sacarlos de la calle, para reducirlos a un presente en permanente minoría de edad.
Esta vez sí. Esta vez la LOMCE estará en desarrollo cuando la apruebe el Congreso. Han descubierto la utilidad de las políticas de baja intensidad. Popularmente los “pellizcos de monjas”, que no te matan pero duelen y te dejan señalado.

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