La financiación como reto

En el editorial anterior destacábamos la necesidad de acuerdos amplios y duraderos en el tiempo entre la comunidad educativa y el Gobierno. Además de la necesidad de dotar de sentido y propósito a la educación más allá de la economía y el mercado. La financiación es otro de los elementos fundamentales para el sistema educativo.

La financiación, que nunca dejó de ser un reto para la política educativa española, en este momento es un problema. El esfuerzo inversor ha sido muy importante en los últimos 30 años, pero desde 2009 la tendencia es decreciente. Según estimaciones de organismos internacionales y de estudios nacionales, para 2014 la involución del gasto en educación situará la inversión en los niveles de los años 80, un 3,9% del PIB. Una enseñanza de calidad es cara. Niveles como los de Educación Infantil o Formación Profesional, por poner dos ejemplos, son especialmente costosos.

La situación actual es preocupante. Es cierto, como explica el profesor José Saturnino, que a partir de cierto umbral de inversión “más dinero no se transforma necesariamente en mejores resultados académicos, pero lo que no se conoce es ningún sistema educativo que resista sin tensiones ‘el tijeretazo’ en tan poco tiempo”. El esfuerzo inversor no se ha transformado de manera clara y rotunda en una mejora del rendimiento académico, pero tampoco lo ha empeorado. Mantener el esfuerzo presupuestario durante 30 años ha servido para convertir una escuela estatal mal dotada y peor considerada en un proyecto de escuela pública conforme dictaban los nuevos tiempos: nuevas infraestructuras, atención personalizada al alumnado que más lo necesitaba, dotación de plantillas, incorporación de nuevos perfiles profesionales a los centros, ampliación de los recursos materiales y didácticos, e inversión en TIC. En definitiva, atención a la diversidad y respeto a las diferencias en una población infantil y joven, escolarizada obligatoriamente hasta los 16 años.

Se nos olvida que, según todos los informes internacionales, la equidad es una de las señas de identidad del sistema educativo español. En España no se ha despilfarrado el dinero de la inversión educativa. Esta tesis manifestada por algunos políticos y medios de comunicación no tiene un solo argumento consistente. Es más, creemos que no tiene el aval de ninguna Consejería de Educación de las comunidades autónomas, que en definitiva son las que han mantenido el grueso de la inversión educativa.

Recortar no es priorizar. Para priorizar hay que detectar y consensuar con la comunidad educativa aquellos objetivos susceptibles de aumentar el esfuerzo inversor y aquellos otros en los que se debe mantener la inversión o incluso se pueda rebajar coste, pero nunca eliminarlos. En educación, el Gobierno ha elegido la política de la “motosierra” en vez de la del bisturí.

La financiación es un reto. Y el compromiso de financiación es clave para que un pacto de Estado por la educación sea creíble. Es una necesidad crear un fondo interterritorial, una caja común, para que el Gobierno de la nación pueda implantar y desarrollar políticas educativas capaces de dinamizar el sistema en su conjunto, y de reequilibrar las diferencias que existen entre las comunidades autónomas. Un fondo interterritorial cuyos fundamentos deben ser el compromiso, la corresponsabilidad, la cooperación y la solidaridad. En definitiva, la financiación es uno de los instrumentos que se reserva el Gobierno para favorecer la vertebración del Estado y garantizar el equilibrio entre comunidades autónomas.

Además, la financiación del sistema educativo es fundamental para afrontar los tres retos más importantes que tiene España, de acuerdo con los objetivos europeos para 2020. El primero es mejorar el rendimiento de todos los alumnos y alumnas de la educación obligatoria. El éxito educativo ha de ser el principal objetivo de la escuela pública. El segundo, el reducir el abandono escolar temprano, es decir, que al menos el 90% de los jóvenes sigan estudiando al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional. El tercero es incrementar y mantener las políticas socioeducativas (becas de todo tipo, refuerzos, personal especializado de apoyo para alumnado en desventaja, recursos materiales, etc.) para garantizar la igualdad de oportunidades desde la equidad, un elemento fundamental en la protección de la infancia y que hoy es más necesaria que nunca.

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