La educación necesita de acuerdos, sentido y propósito

ACUERDOS

La semana de huelga convocada por los padres y madres de alumnos y por el alumnado de Enseñanza Secundaria y enseñanza postobligatoria se ha cerrado con una ruptura total del diálogo y de cualquier negociación con el Ministerio de Educación. Las principales organizaciones estudiantiles y la Ceapa, asociación mayoritaria de padres y madres, han abandonado la permanente del Consejo Escolar del Estado. El próximo 14 de noviembre hay convocada una huelga general en toda España que apoyan, sin fisura, los sindicatos mayoritarios del sector de la enseñanza. El actual escenario era desconocido para la sociedad española. En unas ocasiones con más problemas, en otras con menos, en los últimos 30 años el acuerdo ha sido uno de los soportes para el desarrollo de las políticas educativas promovidas desde el gobierno de turno. Podríamos decir que la cultura del consenso ha funcionado la mayoría de las veces entre la comunidad educativa y el gobierno. La situación actual es inédita. ¿Quién da más en once meses de Gobierno?

La educación necesita acuerdos. Es un proceso de mejora continuada. Hay que tener capacidad para reflexionar colectivamente y entenderse. El Gobierno no considera la educación como parte de los consensos básicos que permiten estabilidad. La LOMCE se impone al margen del consenso político y esto, de antemano, la convierte en una ley efímera marcada por la provisionalidad.

 SENTIDO Y PROPÓSITO

Existe una creciente colonización de la política educativa por parte de la economía. Hay una invasión conceptual y terminológica. Al mismo tiempo, la educación, en el marco de la economía globalizada, cada vez despierta más el interés financiero. La educación como empresa privada y la gestión privada del dinero público que se invierte en educación. Hay quienes critican al sector público y sostienen que la educación necesita el incentivo del mercado y la presión de la competencia para mejorar y renovarse.

Existe una fuerte tendencia ideológica que trabaja en una profunda reforma del sector público de la educación orientada hacia el mercado. El primer párrafo del preámbulo de la LOMCE destaca la importancia de la educación en el sistema productivo: “La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad para competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen a futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito de la educación supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”. El ideal de educar es promover la competitividad y fomentar el individualismo. Formar al empleado modélico y al buen consumidor. La LOMCE explica la importancia del output (resultados de los estudiantes) y no del input (inversiones, plantillas, ratios, números de centros, etc.). Y por primera vez se habla de “beneficiarios” (art. 2.bis, 1), en vez de personas acreedoras de un derecho universal y gratuito. La introducción de este término es muy importante. En España ya hay sectores de la población que han dejado de ser “beneficiarias” de la sanidad gratuita.

Ni los mercados ni la ética comercial colocan la igualdad y el conocimiento por encima del lucro. “Poblaciones enteras no encajarán en un universo educativo que hace de la competencia el principal rector de progreso. Otro motivo de inquietud en una enseñanza cuyas únicas justificaciones son económicas es que los valores ciudadanos no son cuantificables. El hecho de fomentar cada vez más el individualismo solo puede acentuar una indiferencia cívica, cuyas proporciones ya se consideran inquietantes”. (Dorothy Shipps. “La voz de los empresarios”. El Correo. Unesco. 2002).

El propósito de la educación se reduce a satisfacer estrictos objetivos económicos y laborales, llegándose a confundir lo que se propone para la educación con la política de empleo. La educación tiene que tener otro sentido y otro propósito.

Hay que devolver al sector de la educación la capacidad para solucionar los temas que le son propios. La economía es muy importante – ¡qué duda cabe!–, pero debe ser el compromiso social el que guíe el discurso sobre la educación como servicio público universal y gratuito. Discurso que debe influir en dar nueva vida a la democracia participativa.

Es preciso un análisis diferente de la educación que descarte la metáfora del fracaso escolar como fracaso económico y laboral, y aborde los problemas del sistema educativo como otros tantos síntomas de la degradación cívica a la que nos está llevando la economía globalizada gestionada por los neoconservadores.

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