Libertad contra el intervencionismo

De la reforma que nos van contando por entregas los medios de comunicación está casi todo dicho. Salvo sorpresas de última hora las grandes líneas maestras de la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) están sobre la mesa. Desde el periódico ESCUELA haremos una valoración de aquellos cambios que consideramos más importantes, y si estos aportan algo o no a los problemas que tiene por resolver el sistema educativo español. Y si son los cambios que necesitamos para afrontar los retos de futuro en sociedades tan complejas como las del siglo XXI.

Nos ha llamado la atención el nuevo papel que el Gobierno pretende adjudicar a los consejos escolares y a los equipos directivos. Una de las propuestas que podría recoger el futuro proyecto de la LOMCE sería dar la última palabra a la Administración educativa para elegir a los directores. En este caso el peso en la elección recaería sobre las consejerías de Educación, un 60% del criterio de selección; mientras que el criterio de la comunidad educativa no pesaría más del 30%. Se invierte la situación actual. Por otra parte, los consejos escolares quedarían como órganos consultivos.

La propuesta es intervencionista y va en contra de la autonomía de los centros y de la libertad para enseñar y organizarse que desde hace años viene reclamando buena parte de la comunidad educativa. Introduciría la ideología en los nombramientos y el control político de los equipos directivos. Y demuestra muy poca confianza en la mayoría de edad de la comunidad educativa: docentes, familias y alumnos. Además, abre la puerta a la creación de un cuerpo de directores.

El consejo escolar como órgano de decisión y control, no tiene por que ser incompatible con una dirección muy profesional como órgano ejecutivo de gestión y dinamización pedagógica de los centros. Creemos que es la sociedad la que debe ejercer la toma de decisiones, el control, la gestión y la innovación de los centros a través de un marco legal adecuado y de los distintos miembros de la comunidad educativa implicados directamente en la escuela.

Esta propuesta podría suponer maniatar la libertad de enseñanza. El Estado ejercería el control ideológico y político convirtiendo los centros públicos en centros del Estado. La diferencia por ser significativa, es muy importante.

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