Más presión para los ciudadanos. Más presión para las aulas

Casi 8 millones de alumnos de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional han empezado esta semana el curso 2012-2013 marcado por los duros recortes impuestos desde el Gobierno. Se encarecen todos los servicios y bienes de consumo escolar; y, al mismo tiempo, se recortan severamente las inversiones destinadas a las políticas socioeducativas: comedor, transporte, becas, libros de texto, refuerzos y apoyos para el alumnado más desfavorecido. Una enorme presión económica para el ciudadano.

El aula también sentirá la presión de los recortes. Menos docentes, con más horas de trabajo, con menos salario, en peores condiciones laborales. Más alumnos por aula. La gran mayoría de los directores de los colegios e institutos ya han advertido, públicamente, sobre las grandes dificultades con la que se encuentran para poner a funcionar los centros. No cuadran los horarios, no cuadran los recursos, no cuadra la distribución de alumnos por aula. No cuadran los medios ni la nueva reforma con los objetivos ni con el discurso facilón del Ministerio sobre la importancia de la educación, y sobre todo no cuadra con la preocupación por el abandono o el fracaso escolar.

El incremento de los precios, unido a la desinversión, empieza a convertir la educación en un artículo de lujo para muchas familias que ya tienen grandes dificultades para acceder a la misma.

La política de ajuste, es decir los recortes presupuestarios, suponen un ahorro a corto plazo para el Estado pero unos gastos, casi imposibles de asumir, para la mayoría de los ciudadanos, y un servicio educativo de peor calidad para los niños y los jóvenes.

La propuesta de anteproyecto de ley que el Ministerio presentó en julio –LOMCE– podría estar preparada para iniciar su andadura parlamentaria en octubre. Una decisión inexplicable, si tenemos en cuenta la pobreza del texto, y el calado de los cambios que propone; el hecho de que la comunidad educativa no haya participado, ni mayoritariamente haya pedido esta reforma; y de que nadie conozca qué coste económico y social puede tener su implantación. Algunas de las líneas maestras de esta reforma son la implantación de las reválidas en Primaria, ESO y Bachillerato; la selección temprana del alumnado; la reforma de la EpC, la supresión de las pasarelas; eliminar la posibilidad de que el alumnado pueda obtener el título de la ESO por la vía del PCPI, una solución que expulsará del sistema a miles a jóvenes antes de los 16 años sin titulación ni posibilidad de inserción laboral; convertir los consejos escolares en órganos consultivos e introducir los conciertos para los centros que segregan por sexo, sin olvidar una reforma de la FP con importantes contradicciones. Muchas de estas medidas están consideradas como contraproducentes y antisociales por distintas investigaciones y experiencias prácticas que, desde hace años, se han realizado en las Ciencias Sociales. Además el sistema educativo español ya las experimentó en otros tiempos con notable fracaso.

Es una prioridad nacional disponer de un sistema educativo sólido, con docentes competentes que desarrollen su trabajo con profesionalidad y que esté al servicio de los ciudadanos, de los intereses generales. Lo que no parece una exigencia en los tiempos que corren es convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos, donde se despilfarrará buena y mucha inteligencia, al servicio de la política y la moral de determinados grupos de presión social y religiosa.

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Un pensamiento en “Más presión para los ciudadanos. Más presión para las aulas

  1. Víctimas de la globalización y arrinconados por el crecimiento de los que antes eran países en desarrollo, los viejos Estados industriales quieren mantener su hegemonía. Y quieren hacerlo volviendo a sus orígenes, recuperando lo esencial de su pasado, reafirmándose en sus rasgos y comportamientos distintivos, como todo modelo que se desmorona.

    Solo así se explican retrocesos tan evidentes como, por ejemplo, la recuperación de las antiguas reválidas, aunque al actual ministro de educación no le guste la palabra e intente suavizarla con todo tipo de matices y sinónimos. Es igual como se llamen, no dejan de ser un instrumento del Estado para controlar y forzar que se lleve a cabo una determinada política educativa.

    Se impone de alguna manera una determinada forma de enseñanza, orientada a la superación de un examen, que dificulta o impide otro tipo de docencia; ya que los resultados conseguidos, el porcentaje de aprobados, se utilizan como indicador de la calidad de cada colegio. Es una forma eficaz de normalizar las escuelas, penalizando las posibles desviaciones.

    http://www.otraspoliticas.com/educacion/revalidas

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