Más salud laboral contra la crisis

La reforma laboral, la reforma sanitaria y los duros recortes llevados a cabo contra el sector público, suponen un severo varapalo para las condiciones de trabajo de millones de trabajadores. Esta situación tiene especial incidencia en los recursos invertidos en la prevención de riesgos laborales por parte de las empresas públicas y privadas, con el deterioro de la seguridad y la salud en el empleo.

En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril), organismos internacionales, sindicatos y expertos han advertido de que desde el inicio de la crisis, tanto en el sector público como en el privado, la prevención ha dejado de ser una prioridad.

La reivindicación de la Seguridad y la Salud en el Trabajo tiene un doble objetivo: mantener unas condiciones laborales dignas, seguras y saludables, y construir políticas alternativas capaces de hacer frente a los problemas presentes y futuros de millones de personas, derivados de las reformas extremas que está llevando a cabo el Gobierno español. Muchos trabajadores se encuentran no solo bajo la presión de una pérdida de derechos sociales inédita en España, que van desde el puesto de trabajo a la pérdida de la salud, sino también a la presión que supone saberse ante un difícil futuro, cuando no inexistente, que no entiende de edades. Si el problema de desempleo de los jóvenes es agobiante, el de los mayores de 50 años no se queda atrás.

El sistema de enseñanza está sufriendo este recorte de recursos en prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo. Afecta a todos: usuarios que empiezan a experimentar una situación de deterioro en el servicio público educativo; centros educativos que empiezan a notar los duros recortes en infraestructuras, recursos materiales y mantenimiento, lo que comúnmente se conoce como gasto corriente; y los docentes como colectivo, cuya salud laboral se verá afectada por el exceso de carga lectiva, el aumento de ratios y la imposibilidad de hacer bien su trabajo.

La ciudadanía no debe admitir esta situación. La mayoría absoluta no es un cheque en blanco. El Gobierno de España tiene que tener la sensibilidad suficiente como para oír a esa gran mayoría que le dio su voto, pero a la que hoy le niegan la palabra y los derechos sociales. Los recortes no generan sino malestar social y angustia personal. Empobrecimiento y exclusión. La OIT advierte, en su último informe, que vamos en la dirección contraria. Algunos gobiernos y muchos expertos empiezan a alertar sobre las graves consecuencias de los recortes para las economías nacionales y para la internacional.

Hay otras alternativas, pero todas pasan por un gran consenso político, por el empleo, los derechos sociales y los servicios públicos. Un consenso que dinamice la economía y nos aleje de la conflictividad social a la que nos vemos arrojados. Y en esta política consensuada la Seguridad y la Salud en el Trabajo son una prioridad y un referente muy importantes. Un buen síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. Aún más en tiempos de crisis.

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